La Junta ha ocultado 50 días el impacto ambiental favorable a la polémica planta de biomasa de León que rechaza toda alegación
Al margen de toda la polémica y oposición creciente en barrios del sur de la capital leonesa, la Junta de Castilla y León ha aprobado la autorización ambiental para la macroplanta de incineración de biomasa para generación eléctrica que sea al principal 'motor' calórico de la red de calor de la ciudad, que ejecuta la propia Junta a través de la empresa pública Somacyl y tiene el apoyo del Ayuntamiento de León.
El visto bueno sin pega alguna, que ha rechazado todas las muchas alegaciones presentadas, casi 300, se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) pero en realidad se trata de una resolución aprobada ya 50 días atrás, en concreto el 22 de agosto, en plena oleada de incendios forestales asolando la provincia. Y otra curiosidad llamativa es que no la rubrica el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, como suele ser habitual, sino el número dos de la Consejería, su secretario general. Fuentes de la Consejería explican que la normativa así lo permite.
La decisión ahora conocida, que se puede recurrir ya sólo en instancias judiciales durante dos meses, culmina un proceso administrativo iniciado hace justo un año por Somacyl y marca el plazo en el que se tendrá que haber construido la controvertida instalación en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de León y los ríos Bernesga y Torío: cinco años, que es el período de vigencia de la evaluación ambiental positiva. Es decir, como muy tarde, octubre de 2030. Hay que recordar que en la presentación oficial de todo este macroparque de combustión y energías renovables Junta y Ayuntamiento mostraron como plazo para estar funcionando los años 2024 y 2025.
Respecto a la oposición, con protestas vecinales y de colectivos, y las acciones judiciales en marcha, el consejero portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, admitió hoy que la tramitación del proyecto de la red de calor de León “sería algo más rápido” si no hubiera habido tanta alegación y recurso, pero defendió su puesta en marcha con cerca de 70 millones de euros, un 70% a través de los fondos del Plan de Recuperación europeos, y 23 de ellos destinados a Transición Justa de las cuencas mineras -algo también muy polémico-, y un 30% con presupuesto autonómico propio.
Siete veces mayor que la planta rechazada en el norte de la ciudad
La planta de biomasa, sólo una de las varias instalaciones del complejo de la red de calor de León, ocupará una finca de más de 10.000 metros cuadrados, y llegará a quemar 128.000 toneladas al año de residuos forestales, en concreto astilla forestal de roble, chopo, pino y encina.
El proyecto se desarrollará en dos fases. En la primera se instalarán dos calderas con una potencia conjunta de 44 megavatios térmicos, y en la segunda se duplicará la capacidad hasta alcanzar los 88. Hay que recordar que eso supone multiplicar por 7 la generación de energía, y por lo tanto el tamaño, de la primera planta de biomasa que se propuso en León hace casi una década en el norte de la ciudad. Primero fue en el barrio de Eras de Renueva, luego en Cantamilanos -carretera de Asturias- y finalmente en Navatejera (Villaquilambre), y las protestas por sus posibles riesgos acabaron tumbando los tres emplazamientos.
Otros detalles que desvela el informe positivo es que la planta funcionará con cuatro calderas en invierno y una en verano, con una producción estimada de 352.000 MWh/año en forma de agua caliente, que se distribuirá por la red de district heating, canalizado bajo tierra, a una estimación de 28.000 viviendas particulares y 150 edificios, sin detallar cuáles.
Controles anunciados, ante el temor que genera
La autorización ambiental establece condiciones para controlar las emisiones atmosféricas, el ruido, la gestión de residuos y la protección del suelo y las aguas subterráneas. Entre las medidas previstas figuran la instalación de filtros de mangas, ciclones y sistemas de reducción selectiva no catalítica para minimizar la emisión de partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes, aspectos que centraban la preocupación de gran parte de los alegantes.
A mayores, se indica que se exigirá un sistema de gestión ambiental auditado cada tres años, campañas de medición de benzopirenos en el entorno y controles periódicos de calidad del aire desde la estación 'León 4', situada a menos de un kilómetro de la planta. La instalación deberá presentar informes anuales sobre sus emisiones, residuos y mantenimiento, y mantener registros accesibles para inspecciones.
Durante la fase de información pública, el proyecto recibió 296 alegaciones, muchas de ellas de vecinos del barrio de Puente Castro y de colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de León o la Asociación Luna Verde. Todas ellas han sido respondidas negativamente, rechazándose, al considerar que todo lo preocupante queda solventado, incluido el tráfico de camiones, unos 16 diarios, que se tilda de “reducido”.
Críticas a Junta y Ayuntamiento
La reacción negativa a esta aprobación de hoy apenas tardó unas pocas horas, por parte de la Plataforma Vecinal de León Sur, que sabía de su aprobación pero criticaba el retraso de su publicación. Criticaron en una nota la gestión en este asunto por parte de la Junta y el Ayuntamiento leonés, que en todo momento lo ha autorizado.
“Consideramos que se trata de un proyecto impuesto, opaco, sin participación ciudadana y sin respeto por las normas ambientales, que afectará directamente a la calidad de vida de los vecinos de León”, aseguran, señalando al consejero Suárez-Quiñones (PP) y al alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE) como los culpables de haber “ignorado las preocupaciones de los ciudadanos, priorizando intereses políticos y económicos por encima de la seguridad, la salud y el bienestar de la población”. “Resulta especialmente grave que el alcalde, quien desde la oposición criticaba a la Junta por su intención de instalar una planta de biomasa en Eras, actúe ahora de la misma forma desde la alcaldía. Esto demuestra que, en política, los intereses cambian con facilidad”, criticó la plataforma. Igualmente, ven con “gravedad” el “desvío” de fondos públicos del Fondo de Transición Justa, que deberían destinarse a las cuencas mineras.
Por todo ello, la Plataforma Vecinal de León Sur exige la paralización “inmediata” del proyecto de biomasa “hasta que se garantice una participación real de los vecinos”, así como “transparencia total” mediante la publicación de los informes ambientales, estudios técnicos y detalles de la inversión. Y anuncian que mantendrá en alto las protestas.
