La incineración de biomasa que el norte de León evitó en cascada y que ahora coge fuerza en el sur de la ciudad
La historia de intentar impulsar en la ciudad de León una central de incineración de biomasa como 'corazón' de una Red de Calor hasta ahora había sido una historia de fracaso. Pero el guión va camino de dar un giro y cambiar.
Desde que se dejaron transcurrir algunos años de barbecho de la vieja aspiración de la la Junta de Castilla y León, tras concatenarse tres fracasos consecutivos en barrios del norte de la capital leonesa y el vecino municipio de Villaquilambre, ahora la Consejería de Medio Ambiente ha imprimido velocidad de crucero en una megaplanta de incineración de más del doble de potencia de sus predecesoras fallidas.
Además, ahora el Ayuntamiento de León da marcha a ese motor. Lo ha dejado claro al inicio de este curso político el el alcalde, el socialista José Antonio Diez, que aplaude y agradece a la Junta la iniciativa, la personaliza en una apuesta especial por la ciudad por parte del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y asegura que cuenta con votos suficientes para garantizar desde el Consistorio que la macroplanta sale adelante, al sumar los votos del PSOE previsiblemente con los del Partido Popular (PP).
Lo cierto es que, contando además con la controvertida figura de Proyecto Regional, que le permite a la Junta bordear posible vetos -una estrategia que ha multiplicado en la provincia de León-, todo parece ahora bastante atado para que esta macroplanta de quema de biomasa y la Red de Calor que se alimentará de ella pueda llegar a ser una realidad el sur en la capital, en el barrio de Puente Castro, en un amplio terreno situado junto al cementerio municipal de la ciudad, la Ronda Sur LE-20 y al lado de los ríos Bernesga y Torío.
Protestas crecientes
Todo ello a pesar de que desde hace meses ha ido creciendo de manera muy sonora la protesta vecinal y de varios colectivos contra el proyecto. Tras el último respaldo del regidor al controvertido proyecto, la Asociación de Vecinos del barrio de La Lastra, una de las más activas en la protesta, censuró la “soberbia y falsedad” del alcalde, recordando que en su día, y estando en la oposición, él se posicionó junto a los barrios de Eras y Cantamilanos al anunciarse proyectos muy similares, de hecho con mucho menor tamaño y potencia. Hacen referencia a la historia que casi tiene una década de intentos.
Corría el año 2016, casi ya una década, y ya con Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente de la Junta, cuando se produjo el primer intento de una planta de biomasa. Lo amparaba el entonces alcalde, el popular Antonio Silván, que había dado el relevo a Quiñones como único consejero leonés en el Gobierno autonómico para dar el salto a la Alcaldía leonesa.
La propuesta inicial fue el barrio de Eras de Renueva, casi lo más al norte de la capital. Se llegaron a poner plazos muy inminentes ya para el comienzo de su ejecución en 2016. Las cifras de entonces eran muy inferiores a las actuales: la totalidad de la Red de Calor sumaría una inversión de seis millones de euros para que la calefacción y el agua caliente sanitaria llegara a los edificios municipales y de la Junta de la zona, por ejemplo el Musac, la delegación territorial autonómica e incluso al propio Hospital de León.
Aquella planta incipiente nacía con una previsión de generar 12,5 megavatios. Para comparar, el complejo que ahora avanza en Puente Castro, que alimentaría con 128.000 toneladas anuales de astillas de chopo, pino, roble y encina, cifra su potencia en un total de 88 Mw. Es decir, que se multiplica casi por siete.
Argumentos en contra calcados
De inmediato surgieron las protestas. Las de los vecinos y las de organizaciones como Ecologistas en Acción, que con argumentos muy similares a los actuales: “falta de transparencia”, el riesgo de que se quemen otros residuos ante la ingente cantidad que se requiere de biomasa para incinerar o la potencial “emisión a la atmósfera de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), y otros tóxicos peligrosos como el cancerígeno benzopireno”. Eso por no destacar las dudas sobre la empresa pública de la Junta, Somacyl, que se tildaba ya de “chiringuito” de la Juntay que ya entonces estaba inmersa en casos de presunta malversación de fondos públicos por adjudicar proyectos a empresas de familiares de altos cargos de la Junta, como por ejemplo el edificio de 'La Perla Negra' en Arroyo de la Encomienda.
Vista la oposición, Junta y Ayuntamiento proyectaron desplazar la planta un poco más al norte aún, en el barrio de Cantamilanos, el entorno de la carretera Asturias. La aprobación de una parcela para albergar la futura planta generó en el Consistorio nuevas protestas vecinales y una curiosa división del voto, con apoyo del equipo de Gobierno del PP y de Unión del Pueblo Leonés (UPL), y las críticas del arco de la izquierda.
En concreto, el PSOE que ya encabezaba en la oposición el actual alcalde, José Antonio Diez, argumentó su “enérgico rechazo” a la puesta en marcha de esta incineradora que únicamente sirve para “beneficiar a la Junta de Castilla y León y perjudicar a los leoneses”. Las manifestaciones vecinales ante el Ayuntamiento en ese mismo año, a pesar de no ser muy numerosas, acabaron por unirse a las dificultades de suficiente apoyo político.
La Junta asumió esa debilidad política para ejecutar la planta y la red de calor dentro del municipio de León. Y fue por eso que desplazó aún más al norte el proyecto: la localidad de Navatejera, en el municipio de Villaquilambre, donde la división política parecía en un momento dado hacer más viable su definitiva construcción.
Allí estaban inicialmente de acuerdo, con un convenio a tres bandas, la Junta Vecinal de Nava, la sociedad de la Junta Somacyl y el Ayuntamiento de Villaquilambre. Y enfrente se organizó una plataforma, llamada Asociación de Afectados por la Ubicación de la Incineradora de Biomasa de Navatejera (Afubiona), que comenzó protestas y recabó apoco económico y de todo tipo para luchar administrativa y judicialmente contra el proyecto.
Pero no fue tampoco esto lo que acabó tumbando este tercer intento sino nuevamente una ecuación política. Y esta vez de lo más insospechado. Porque tras las elecciones municipales de 2019 el PP no obtenía mayoría para seguir gobernando en Villaquilambre, al ser mucho más votado el candidato socialista, y para conservar la Alcaldía necesitaba un pacto casi imposible, a cuatro bandas.
Ese pacto, firmado muy lejos, en Salamanca, con la presencia y firma personal del presidente de la Junta y presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, constaba de un primer punto tajante: olvidarse para siempre de la planta de biomasa. Un segundo punto irrenunciable era que la Junta construyera cuanto antes, tras años de protestas, un instituto público en el municipio. Junto al PP de Mañueco firmaron el veterano Lázaro García Bayón, de UPL, después expulsado de la formación por esto; Ricardo de Dios por 'Vive Villaquilambre', partido cuyo casi única motivación era el fin de la polémica planta; y Ciudadanos, que cogobernaba entonces con el PP en la Junta.
Así, desde mediados de 2019, el sueño autonómico de una Red de Calor y una planta de quema de biomasa para León capital quedó soterrado. Hasta que en septiembre de 2022 el consejero Quiñones y el alcalde de León, José Antonio Diez, sorprendieron anunciando el nuevo proyecto, mucho más extenso, potente y caro, pero esta vez en el lado opuesto de la ciudad, en el sur, visto que el norte había encadenado una especie de maldición.
Lo que hoy ha cambiado
Las dos instituciones han aprendido muchas lecciones para frontar nuevamente el proyecto en Puente Castro. Así, ahora está garantizado en este mandato un claro apoyo político en el Consistorio, porque como ha recordado Diez la suma de los votos de PSOE y la oposición del PP, que difícilmente va a contradecir los intereses de la Junta, supera todo escollo. UPL ha tardado mucho tiempo en manifestar su postura y este verano ha dejado claro que votará 'no', secundando ahora la protesta vecinal. Y Vox, con un único concejal, es del todo irrelevante.
Por su parte, la Junta ha aprendido de su estrategia de usar la figura de Proyecto Regional para blindar este tipo de infraestructuras con mucha contestación. En la provincia de León, actualmente, una decena. Una figura ha demostrado su eficacia para sortear posibles vetos a numerosas infraestructuras que la Junta considera cruciales.
Contra ambas cosas tratan de luchar ahora sobre todo desde el sur de la ciudad varios colectivos, con muchas más cosas en contra que en las anteriores ocasiones. Por eso, está por ver si finalmente consiguen frenar el cuarto y más firme intento de ejecutar la macroplanta de incineración de biomasa, un tipo de negocio que supone el nuevo 'boom' energético de la Junta de Castilla y León, después de las apuestas por los complejos de energía eólica y de energía solar, en ambos casos con conocidos casos de intentos de corrupción que muchas veces ha acabado en los juzgados.
