CCOO denuncia el recorte y estrangulamiento de la ULE
El presidente de la Mesa de Gerentes de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acaba de confirmar que las Comunidades Autónomas, tras la marea azul que las inundó en las recientes elecciones municipales, están emprendiendo un proceso de privatización de las universidades públicas recortando su financiación y estrangulando su funcionamiento. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) explica que «tenemos conocimiento de que algunas comunidades rebajarán entre un 6% y un 7%, otras un 10% y otras hasta un 16% su presupuesto, pero hasta este momento no tenemos, en la mayoría de los casos, una confirmación oficial de los datos del recorte presupuestario».
CC.OO. denuncia que esta política de privatización y recorte de recursos públicos es la que ha decidido aplicar oficialmente la Junta de Castilla y León en la Universidad de León, según la información que la propia Junta ha transmitido en una reunión con las universidades de la región. Pese a las declaraciones del presidente Herrera, durante la apertura del curso académico en León, la realidad es que se pretende modificar, en el plazo de unos 20 días, el presupuesto ya aprobado y los gastos comprometidos por la Junta de Castilla y León para las Universidades. En concreto a la Universidad de León estos recortes le suponen una reducción de un millón y medio de euros respecto a la asignación inicial para el año 2011.
Este recorte va a incidir de manera muy negativa en la docencia. El vicerrectorado de profesorado de la ULE ya ha remitido a los departamentos una circular en la que se anuncia la posible disminución del número de grupos de clase, masificándose aún más las aulas de nuestra universidad, frente a las declaraciones con el Plan Bolonia de metodologías adaptadas a grupos reducidos. Según palabras del propio Vicerrector, los Máster que se imparten en la ULE están sin dotación presupuestaria y el único que se imparte con el compromiso de la Junta de Castilla y León de aportar recursos para su financiación, como establece la legislación vigente, el de Formación de Profesorado de Secundaria (que sustituye al antiguo CAP), no ha recibido el dinero. Es más, existe la convicción de que no piensan pagar . La Junta tampoco piensa pagar los asociados tipo MEC ni tipo SACyL, ni los nuevos trienios ni quinquenios del profesorado.
No podemos olvidar que las universidades públicas dependen entre un 60 y 70% de los fondos proporcionados por las comunidades autónomas, por lo que la Universidad se ve obligada a acumular deudas, a recortar programas y servicios o a buscar financiación de organizaciones privadas. Este recorte presupuestario continuado conduce a lo que se ha denominado el capitalismo académico : los donantes imponen sus logotipos y promueven cátedras de docencia e investigación que responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados tangibles y que produzcan beneficios , sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas.
Con la excusa de la crisis se está realizando una reforma de la educación , como analiza el profesor Josep Fontana, en la que los sectores conservadores y neoliberales sólo quieren mantener como gratuita una enseñanza destinada a formar peonaje, mientras la formación superior se reservará a quienes puedan costearse las elevadas tasas que habrán de exigir unas universidades que recibirán cada vez menos recursos públicos. Esto ya lo hizo Chile durante la dictadura de Pinochet y de ahí las protestas actuales de los estudiantes reclamando una educación pública gratuita y de calidad en la Universidad, y que se prohíba el lucro en la educación privada.
Con estos recortes, nos preguntamos cómo se puede seguir hablando de aplicar un Plan Bolonia con más tutorías individuales, más trabajo práctico en grupos pequeños, clases menos masificadas y mejores tecnologías docentes. El único Plan Bolonia que está conociendo el alumnado de la ULE es más incremento de tasas y otros pagos (el certificado de título académico ha subido de 230 a 280 euros, es decir un 22%), profesorado más precario y con cada vez mayor intensificación de su trabajo, la rentabilidad como único criterio de la planificación universitaria y una formación reducida al entrenamiento de habilidades funcionales para un precario mundo laboral, olvidando que la Universidad forma también personas que piensen y puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas activos y críticos.
