Los sindicatos calientan la ‘vuelta al cole’ en la Universidad de León con protestas contra el plan de recortes
El nuevo curso comenzará con conflicto laboral en la Universidad de León (ULE). UGT, CCOO y CSIF han anunciado un paquete de movilizaciones y medidas de protesta a partir del lunes 14 de septiembre contra el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional 2026-2030 aprobado en julio para intentar corregir el déficit de la institución académica. Los sindicatos rechazan que parte del ajuste recaiga sobre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y advierten: “El PTGAS no pagará los platos rotos del despilfarro”.
Las tres organizaciones llaman a estos trabajadores a cumplir desde esa fecha únicamente la jornada mínima los lunes, de 9.00 a 14.00 horas para el turno de mañana y de 14.00 a 19.00 horas para el de tarde. Según los sindicatos, estos horarios son compatibles con el reglamento de flexibilidad de jornadas de la propia Universidad. Advierten además de que la protesta podría extenderse a más días de la semana si el Rectorado no retira las medidas que consideran perjudiciales para el colectivo.
La protesta incluirá también el rechazo a realizar servicios extraordinarios y horas extra, a utilizar las bolsas de horas previstas en el reglamento de la ULE y a aceptar cambios de turno que no hayan sido programados y comunicados con al menos cinco días laborables de antelación. UGT, CCOO y CSIF llaman igualmente a los trabajadores a limitarse estrictamente a las funciones asignadas a sus puestos y a ejercer diariamente su derecho al descanso, incluso cuando ello implique cerrar temporalmente un servicio porque haya una sola persona trabajando.
A estas medidas se sumarán próximamente asambleas informativas y concentraciones de protesta, cuyos detalles todavía no han sido concretados. “Ni una hora de más gratis”, proclaman las organizaciones sindicales, que consideran que las necesidades extraordinarias de trabajo deben cubrirse mediante contratación y empleo público y no recurriendo a la plantilla existente.
El PTGAS, en el centro del conflicto
El principal motivo de la protesta es la decisión incluida en el plan de ajuste de suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del PTGAS. Los sindicatos consideran que este colectivo está soportando de manera “injusta y discriminatoria” una parte especialmente importante de las medidas de ahorro.
UGT, CCOO y CSIF sostienen que los trabajadores no son responsables del incremento del gasto que ha llevado a la Universidad a su actual situación económica. “El exceso de gasto corriente y las cuestionables decisiones presupuestarias de los últimos años no han sido generados por los trabajadores y las trabajadoras del PTGAS”, argumentan antes de denunciar que ahora se pretenda que sean ellos quienes “paguen las consecuencias de una gestión en la que no hemos participado”.
Las organizaciones sindicales critican especialmente el aplazamiento de la carrera profesional y aseguran que convierte al PTGAS en “el único colectivo de toda la Universidad de León que no cobra su nómina íntegra”, mientras, según denuncian, “se siguen manteniendo y abonando con total normalidad otros complementos” y aumentando el número de cargos y puestos de libre designación.
El comunicado conjunto supone un paso más en la contestación sindical que ya despertó este verano el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional. CCOO había rechazado el documento poco después de su aprobación y reprochó entonces tanto las consecuencias laborales de las medidas como la gestión realizada en los últimos años y la falta de financiación suficiente por parte de la Junta de Castilla y León.
Un agujero millonario en las cuentas
El origen del conflicto está en la complicada situación económica de la Universidad de León. El Consejo de Gobierno aprobó el 17 de julio, con 21 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones, un plan de ajuste hasta 2030 que persigue recuperar el equilibrio presupuestario y evitar que la institución continúe consumiendo sus reservas.
La ULE cerró 2025 con un déficit de 18,82 millones de euros y calcula que sus gastos corrientes superan en unos 12 millones anuales a sus ingresos ordinarios. El remanente de tesorería, que llegó a alcanzar los 58,48 millones de euros en 2021, se había reducido a 18,77 millones al término de 2025, de los que 6,67 millones correspondían al remanente genérico.
Para revertir esta situación, el plan contempla contener el gasto de personal, retrasar ofertas de empleo público y nuevas convocatorias salvo las consideradas imprescindibles, suspender temporalmente determinados tramos de la carrera profesional del personal técnico y administrativo y limitar años sabáticos, permisos de investigación y contrataciones de sustitución. También plantea medidas como cierres selectivos de instalaciones, ahorro energético y reducción de gastos en viajes, impresión y movilidad.
El ajuste va más allá del personal. La Universidad pretende revisar la viabilidad de grados con menos de 20 alumnos de nuevo ingreso y másteres con menos de cinco estudiantes, con la posibilidad de reorganizarlos, fusionarlos o eliminarlos, además de reorganizar servicios y buscar nuevas fuentes de ingresos.
La Universidad pide más financiación a la Junta
El Rectorado, por su parte, ha defendido que el documento no pretende “tanto hacer recortes sino una eficiencia en el gasto”. La rectora, Nuria González, aseguró tras las primeras críticas sindicales que muchas de las medidas están sujetas a negociación y situó como “eje central” del plan la reclamación de una mayor financiación a la Junta de Castilla y León.
La Universidad sostiene que necesita un nuevo modelo de financiación plurianual que permita asumir tanto su funcionamiento ordinario como nuevas obligaciones, entre ellas la implantación del Grado en Medicina, las estabilizaciones de plantilla o el coste derivado de diferentes medidas y sentencias judiciales.
El propio plan aprobado en julio ya contemplaba entre sus riesgos la posibilidad de que se produjera un conflicto sindical. Con el regreso de la actividad tras el verano, ese escenario comienza a materializarse: UGT, CCOO y CSIF han puesto fecha al inicio de las protestas y el 14 de septiembre el plan de ajuste saltará de las cuentas de la Universidad a la organización diaria de sus servicios.
