Una obra en zona de urogallo en el Alto Sil provoca una doble investigación, una penal de la Guardia Civil para la Fiscalía

En España quedan ya oficialmente menos de 300 ejemplares de la especie de urogallo cantábrico y el 80% de ellos se enmarcan en una área muy reducida de la Montaña leonesa. Entre las zonas endémicas se sitúa el Alto Sil, a caballo entre las comarcas del Bierzo y Laciana. Y allí se ha puesto en marcha una doble investigación, una administrativa y otra ya judicial y por vía penal, para decidir quién fue responsable de una obra forestal que podría haber causado un perjuicio importante a esta especie protegida.

El caso saltó con la publicación en exclusiva por parte de ILEÓN de la denuncia pública lanzada por la Filón Verde y conocida hace ya dos meses. Esta organización conservacionista se llevaba las manos a la cabeza al conocer la construcción o al menos gran ampliación de una pista forestal por el viejo trazado de una antigua senda agroganadera que unía montes de las localidades de Cuevas del Sil y Matalavilla, es decir, perteneciente al Ayuntamiento de Palacios del Sil, que es el que ahora está bajo el punto de mira.

La denuncia de una “aberración medioambiental”

Desde ese primer momento se consideraba este trabajo una auténtica “aberración medioambiental”, dado que en su discurrir afectaba a una zona de nivel máximo de protección del urogallo, tan en peligro de extinción que en esa misma zona aún aparecían los carteles por los que la Junta de Castilla y León prohibía este año, y de manera excepcional, incluso el tránsito de personas nocturno en época de celo de la especie.

Tan dura era la medida que la administración amenazaba con que un simple paseo nocturno en esa época supondría una infracción grave de Patrimonio Natural de Castilla y León, con multas de entre 5.001 y 200.000 euros. Una de las fotografías de la amplia pista nueva no dejaba dudas al menos de la proximidad con estos espacios endémicos.

Aún no ha trascendido si en esa época o en otra, pero lo cierto es que hubo maquinaria abriendo esa antigua pista de uso ganadero sin que, según corrobora ahora la Junta, conste autorización para ello.

ILEÓN ha constatado que hay abierta una doble vía de investigación de los hechos, para determinar qué tipo de infracción supusieron estos trabajos y, sobre todo, quién es responsable de ellos. La vía más grave, la vía penal, la siguen la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y el Juzgado de instrucción de Villablino, a quienes el Seprona de la Guardia Civil ha remitido los informes resultantes de sus investigaciones.

Dos meses de investigación previa

También se ha dado traslado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que casi dos mes después y por vía oficial tan sólo admite de momento que “se continúa recabando información que, seguramente, sirvan de base para incoar expediente”. Por lo tanto todavía ese expediente ni siquiera se ha abierto ya que, aducen, han de elaborarse primero todos los informes previos en los que se determine si como resultado de la investigación hay posible infracción a la Ley de Montes o a la Ley de Patrimonio Natural, incluso a ambas. Ese necesario también previamente, añaden, tipificar la posible infracción, es decir, saber cuánto implicaría la restauración de lo afectado, para reclamárselo al autor de estas polémicas y sensibles obras.

Pero la pregunta del millón es: ¿Quién fue responsable de los desbroces y ensanchamiento de la senda en zona de urogallo? ¿A quién investigan tanto la Guardia Civil como los jueces y fiscales como la Junta de Castilla y León? Directa o indirectamente, todas las pesquisas se dirigen al Ayuntamiento de Palacios del Sil.

Y su alcalde, Roberto Fernández, del Partido Popular (PP), no sólo niega la mayor sino que, incluso, aprovecha para criticar la gestión de la propia Junta ante las necesidades “acuciantes” de los ganaderos de extensivo del municipio, de “bloquear” sus peticiones y matizar en gran medida lo que tilda de “informaciones sesgadas”.

“La Junta no hace caso ni da solución”

Admite, por un lado, que el Ayuntamiento de Palacios “adquirió una maquinaria” que después ha dejado usar “vía convenio de colaboración”, pero remarcando que los trabajos no son municipales. Y por otro lado, se refiere a que el número de ganaderos de la zona alcanza ya la veintena tras un fuerte impulso en los últimos años y muchos pretenden usar “una enorme red de caminos, unos 65” existentes. “De todos ellos, la Junta ha autorizado apenas seis, es que no hacen caso ni dan solución”, asegura en referencia a su arreglo.

Arreglo que, también difiere el regidor, “se limita a poco más de dos metros” de ancho en los caminos desbrozados, “apenas para que quepa un tractor”, por lo que no entiende bien esta polémica, sobre todo porque asegura que la senda de Cuevas del Sil y Matalavilla, objeto de esta investigación, era una de las pocas autorizadas por la propia Junta.

Admite Fernández que en un momento de esos trabajos una de las máquinas pudo “cruzar una senda abierta por otra Mancomunidad hace años” y acercarse, pero sin invadir, un posible espacio protegido, y “mucho menos un cantadero” de urogallo sino “un acceso de camino de monte público”. Aunque la fotografía aireada, con el cartel de “área crítica dle urogallo”, parece dar una impresión diferente.