UPL se opone al macrovertedero de San Justo y dice que la Junta quiere convertir León en “un basurero industrial”
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este sábado que la Junta de Castilla y León pretende convertir la provincia “en el basurero industrial de media España”, y se opone frontalmente al proyecto de macrovertedero en la localidad de San Justo de la Vega, una iniciativa salpicada por otra polémica, la derivada de que el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmara la autorización a un conglomerado empresarial en el que su hijo figura como directivo.
Este macrovertedero, promovido por la empresa Valorización Verde S.L. vinculada al directivo Macario Fernández, fue elevado a Proyecto Regional por el Gobierno autonómico el pasado mes de agosto, una consideración que implica su utilidad pública e interés social y habilita la expropiación urgente de los terrenos necesarios. Ecologistas en Acción ya ha presentado un recurso contra esta declaración.
UPL ha explicado que actualmente esta zona cuenta con una instalación de tratamiento de residuos operativa como es el Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega.
A ella habría que sumar en el futuro este proyecto de San Justo y el de la Planta de Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos que se pretende ubicar en la localidad de Santiago Millas.
La formación ha advertido que los informes técnicos internos de la Junta ya señalaron que el proyecto estaba sobredimensionado, ya que la capacidad total prevista de hasta 4 o 5 millones de toneladas de residuos industriales es “desproporcionada para las necesidades de generación de residuos industriales” de la Comunidad.
Tras el primer informe desfavorable del propio Servicio de Residuos de la Junta, a finales de 2023, el promotor modificó el proyecto y eliminó del mismo el vertedero de residuos de construcción, manteniendo los dos macrovertederos de residuos industriales y peligrosos con su capacidad original inalterada.
UPL ha señalado que la ubicación se encuentra entre dos arroyos (Valle de la Calzada y Las Rozas) y, “lo más grave, sobre el acuífero detrítico terciario del Tuerto-Esla”.
La alta permeabilidad del terreno, denunciada en el periodo de alegaciones por entidades ecologistas, supone un riesgo “evidente” de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, han añadido los leonesistas.
El proyecto incluye un vaso con capacidad de vertido para hasta 1 millón de toneladas de residuos peligrosos durante 15 años. Estos residuos, que incluyen cenizas, lodos industriales o posibles restos de amianto, “suponen una amenaza para la salud pública” de San Justo y las localidades vecinas, ha advertido la formación.
En estos momentos el proyecto se encuentra bajo un recurso Contencioso-Administrativo debido a la falta de justificación del Proyecto Regional y el alto riesgo de contaminación ambiental.
Por todo ello, UPL ha exigido a la Junta y a su consejero de Medio Ambiente que explique dónde está la utilidad pública de convertir la zona en un “polo de concentración de residuos peligrosos”.
UPL espera que el proyecto se paralice y que el Ejecutivo autonómico plantee una alternativa real, respetuosa con el medio ambiente y el turismo de la zona, que aporte puestos de trabajo en los municipios afectados.
Del mismo modo, ha instado al Ayuntamiento de Astorga a que “no haga oídos sordos” a la situación y se posicione acerca de estos dos proyectos tan cercanos a la ciudad que, de salir adelante, convertirán la zona en uno de los polos de concentración de residuos con mayor densidad del país.
