Un estudio publicado en la revista 'The Journal of Environmental Management' alerta de que más de medio centenar de aerogeneradores proyectados en el noroeste español (concretamente, en varias zonas de la provincia de León) han sido autorizados o están en proceso de aprobación para ubicarse en zonas con capacidad de carga negativa, es decir, ambientalmente inadecuadas para albergar grandes instalaciones de energía eólica.
La investigación a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, liderada por Rodrigo Arévalo González, Victoria Ferrero y Estrella Alfaro Saiz —pertenecientes al Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León (ULE)— propone una innovadora herramienta de apoyo a la decisión basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y análisis multicriterio espacial.
El objetivo es evaluar de forma rigurosa la idoneidad del territorio para la instalación de parques eólicos, integrando criterios ambientales, sociales y técnicos.
Cuatro comarcas leonesas
El estudio se centra en cuatro comarcas de la provincia de León —Los Ancares, El Bierzo, La Cabrera y La Cepeda— y analiza 34 variables de aptitud y 21 de impacto, como la velocidad del viento, la biodiversidad, la presencia de hábitats protegidos, el patrimonio cultural o la proximidad a infraestructuras.
A partir de esta información, se han generado mapas de capacidad de carga absoluta y relativa que permiten identificar las zonas más adecuadas —y las más sensibles— para la implantación de aerogeneradores.
Los resultados son contundentes: el 87,5 % del territorio analizado presenta una capacidad de carga excluyente, lo que significa que no debería albergar instalaciones eólicas por su alto valor ambiental o por los riesgos que implicaría.
Solo el 0,09% del área total combina un potencial energético óptimo con una capacidad de carga máxima, lo que evidencia la necesidad de una planificación más cuidadosa y sostenible.
Además, el estudio compara sus resultados con las zonificaciones propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Junta de Castilla y León, concluyendo que ambas son insuficientemente restrictivas. De hecho, el modelo desarrollado por los investigadores excluye dos tercios del área que las administraciones consideran apta para proyectos eólicos.
La herramienta propuesta no solo permite identificar las zonas más adecuadas para la producción de energía renovable, sino que también ofrece un marco replicable para otras regiones que enfrentan conflictos similares entre desarrollo energético y conservación ambiental.
Un enfoque que conlleva un cambio de paradigma
“Este enfoque cambia el paradigma: ya no se trata solo de producir energía, sino de hacerlo respetando los valores naturales y la calidad de vida en las zonas rurales”, subrayan los investigadores.
El estudio también pone de relieve la necesidad de mejorar los procedimientos de evaluación ambiental. En tres plantas eólicas ya autorizadas —Trabadelo, Santa Cruz y Veldedo— se han proyectado aerogeneradores en zonas excluyentes, lo que cuestiona la fiabilidad de los estudios de impacto realizados.
Los autores abogan por la creación de un manual nacional de buenas prácticas que incluya criterios mínimos como censos robustos de especies amenazadas.
La investigación ha contado con la colaboración del Fondo Legal para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, que ha facilitado información sobre la ubicación de los parques eólicos proyectados. Los autores agradecen también el trabajo de quienes, desde el anonimato, defienden una transición energética justa y respetuosa con el medio ambiente.