Ecologistas censura que las macroplantas de residuos peligrosos de San Román no contemplan riesgo sísmico
La organización conservacionista Ecologistas en Acción ha pedido que se añada el riesgo sísmico a los estudios del “macrovertedero” o cementerio de residuos industriales y también peligrosos proyectado en San Román de la Vega, que promueve una conocida industria del sector del aluminio y tramita la Junta de Castilla y León. Lo hace tras ocurrir este fin de semana un terremoto de magnitud 4,3, con epicentro en Villamejil, es decir, muy cerca del emplazamiento elegido.
En un comunicado, sostuvo que habrá que añadir el riesgo sísmico, a los riesgos naturales por inundación asociados a la ubicación que consideró “inadecuada” por situarse sobre un acuífero y entre dos arroyos, un proyecto que insistió que es “muy peligroso” y “un verdadero despropósito” por su potencial impacto sobre las aguas, superficiales y subterráneas. Y es que siguen observando que esas aguas y mucho terreno por debajo de esta cota “podrán verse contaminadas a gran escala con lixiviados por fugas, filtraciones y desbordamientos”.
Ecologistas en Acción de León, que ya presentó alegaciones formales al proyecto el pasado 26 de septiembre que impulsa una empresa filial de la compañía Latem Aluminium, la cual arropa la Junta para instalarse a su vez en el polígono industrial de Villadangos del Páramo. En este trámite de alegaciones, la organización se ha dirigido al órgano ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y al Instituto Geológico Minero de España (IGME) pidiendo que se incluya el riesgo por actividad sísmica en el Estudio de Impacto Ambiental y en los respectivos informes (que se desconocen) y que han de emitir tanto la CHD como el IGME en cumplimiento de las condiciones de autorización que impone el Real Decreto de Vertederos.
Asimismo recordó que para evitar riesgos graves a la salud humana y al medio ambiente, el informe del IGME debe a su juicio evaluar conjuntamente las distancias entre el límite del vertedero y las zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas; la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona; las condiciones geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas de la zona; el riesgo sísmico, de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero, y la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.
