El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

El centro monumental de León se prepara para la inminente construcción, por parte del Ayuntamiento de León, de un nuevo elemento moderno pero, en principio, discreto muy cerca de donde el bautizado como 'mamotreto', un velador cerrado de un conocido bar y restaurante, tuvo que ser desmantelado y multado por la Junta tras años de polémica.

El nuevo proyecto municipal consiste en la construcción de una rampa de acceso peatonal que habrá de comunicar el interior subterráneo del parking de San Marcelo con el exterior de la plaza del mismo nombre. El diseño será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible, según asegura el Consistorio.

Se trata de una solución hasta cierto punto similar a la planteada hace casi cuatro años, pero sobre el papel mucho menos invasiva,. Y es que aquella primera intervención diseñada causó en 2022 tal número de críticas previas que obligaron al alcalde, el socialista José Antonio Diez, a dar marcha atrás públicamente.

El lugar elegido para ese nuevo acceso de movilidad es el mismo pero entonces se planteaba una intervención que prácticamente desmantelaba todo el exterior: desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León, todos los muros de desnivel y hasta los dos únicos árboles de la zona, dos históricos tilos. En aquella intervención, tan sólo sobrevivía la antigua fuente de piedra situada justo en el centro de la zona. Los actuales muros en desnivel iban a ser entonces sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza, como se hizo hace unos años sólo en la parte trasera de la iglesia de San Marcelo. La intervención era de gran calado pero suscitó fuertes críticas y la anunciada postura política en contra de una oposición que suma mayoría, de modo que se acabó enterrando la iniciativa.

Ahora, en cambio, se recoge en apariencia sólo una pequeña parte de aquel proyecto: el “desmontaje del lucernario que cubre la antigua entrada al parking”. Allí, en una zona ahora muy visible por estar cubierta por un cristal translúcido, se ejecutará la nueva rampa. El equipo de Gobierno no muestra imágenes de cómo quedará pero defiende que la obra resulta imprescindible por razones de básica seguridad en el interior del aparcamiento subterráneo, también conocido como de Santo Domingo por tener allí su acceso en coche.

Y es que cuando acabó tras 75 años la histórica concesión desde que el parking se ejecutó en 1972 se han realizado informes sobre el estado en el que se permitió que lo dejara la empresa concesionaria y son demoledores: suspende hasta en lo más básico en cuestiones de seguridad, especialmente ante posibles incendios en el subterráneo. El incumplimiento ha sido flagrante durante décadas.

Nueva concesión, plan de choque y mucho dinero perdido

Por ese motivo, el equipo de Gobierno, una vez que descartó municipalizar el aparcamiento más céntrico y usado de León, como le reclamaban desde la oposición tanto UPL como PP, decidió tirar por la calle del medio y ganar tiempo para resolver cómo se gestionará dentro de dos años, lo más posible a través de una sociedad mixta público-privada. Pero mientras, tras acumular ingentes pérdidas económicas para las arcas municipales por el retraso en tomar una decisión -se cifró en un agujero de 1.300 euros al día y más de un millón de euros en total-, se decidieron dos cosas: sacar a licitación temporal por dos años la gestión del aparcamiento de San Marcelo y acometer un plan de choque para limar los muchos desperfectos y la nefasta y peligrosa imagen.

Es en este plan de choque, cifrado en conjunto en 460.000 euros de los 653.000 anunciados inicialmente, es en el que se enmarca la nueva y moderna rampa, cuyo coste concreto el Ayuntamiento tampoco detalla, así como los plazos. Lo único que se sabe es que el PP en la oposición ataca con dureza por el retraso que acumula ya varios meses, porque las principales obras deberían haber comenzado el pasado 1 de diciembre, una vez que desde agosto ya se encarga de la gestión la nueva empresa concesionaria temporal.

Características y el nuevo gusto por las 'pérgolas'

La memoria realizada sobre la pasarela detalla las características de una estructura que se ejecutará en el lucernario lateral situado detrás del actual punto de acceso por escaleras y ascensor, una zona que fue en su día el antiguo acceso. Tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete, de modo que en total adquirirá una altura de 2,30 metros. El murete hoy a la vista no llega a los 12 metros de longitud, por lo que la nueva pérgola ocupará menos de la mitad.

El proyecto ya ha pasado uno de los mayores problemas en la zona donde se prevé: el visto buen de la Comisión Territorial de Patrimonio, que lo otorgó en su última reunión, la del mes pasado, por entender que la estructura en general mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias a su “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio para asegurar la continuidad estética y la mínima afección visual”.

Por concretar cómo se verá cuando se ejecute, el nuevo acceso peatonal irá cubierto con una marquesina de vidrio montado en estructura de acero mate, “muy liviano” y “prácticamente sin ningún elemento opaco, más allá de los mínimos elementos estructurales”. Se están prodigando últimamente en la ciudad los diseños con marquesina o pérgolas, muchos de ellos bastante criticados por su alto coste y escasa operatividad.

Casos como el nuevo intercambiador de autobuses de Eras de Renueva frente al Auditorio, que no resguarda de la lluvia; la llamada “solución intermodal” que unir por acera cubierta las estaciones de tren y autobús de la ciudad ejecutada por la Junta; o la solución estética propuesta para una nueva y cara pasarela de 2 millones de euros sobre el río Bernesga pactada con UPL hace años y que se encargará a la empresa 'B' de la Junta, Somacyl, que tendría que cortar numerosos árboles de la zona pero que ha quedado desierta ya dos veces.

Una 'ratonera'

Eso sí, en el caso de San Marcelo, cuando entre en funcionamiento la rampa cubierta los usuarios del parking podrán respirar más tranquilos. Porque se habrá eliminado un riesgo importante y que ha estado siempre presente al disponer sólo el subterráneo de una única zona de evacuación ante incendios, que era la propia rampa de salida de los coches situada frente al edificio Botines de Antonio Gaudí.

Aunque hasta ahora no se ha cumplido, hace muchos años que las normas de seguridad más básicas obligaban a contar con al menos dos salidas de planta y recorridos alternativos ante una llamada “hipótesis de bloqueo” por fuego o humo. Dicho de otro modo, llegado el peor de los escenarios, que por suerte nunca se ha producido, el aparcamiento lleva mucho tiempo siendo una 'ratonera'. Y pronto mejorará al menos en lo básico, aunque, vistos los antecedentes, no pocos permanecerán expectantes al resultado estético final en una de las zonas más sensibles y monumentales de la ciudad.

El PSOE de León se ha comprometido este miércoles a paralizar el proyecto de la futura planta de biomasa de La Lastra si gobierna en la Junta de Castilla y León. Así se lo han transmitido su cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario general del partido en la provincia, Javier Alfonso Cendón, a los miembros de la Asociación de Vecinos de La Lastra en un encuentro que han mantenido este miércoles y que el partido ha resumido en un comunicado. Los socialistas confrontan así con el PP, que capitanea el Gobierno autonómico, pero también con su propio alcalde, José Antonio Diez, que respalda la iniciativa.

“El futuro gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, que además no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Rubio, quien ya en fechas recientes mostró su “sorpresa” por la cercanía entre el regidor socialista de la capital leonesa y dos populares como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se trata de un proyecto contra el que los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones y que Rubio ha asegurado que “responde únicamente a los intereses económicos de unos pocos”.

“El despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea y este proyecto se está planeando de espaldas a la ciudadanía, invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas”, ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), calificándola como una “herramienta opaca” utilizada por el Partido Popular “para eludir el control vecinal”.

Ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aclaren “qué intereses oscuros defienden” al permitir proyectos que asfixian a los vecinos.