Los valiosos restos arqueológicos romanos de Ad Legionem al sur de la capital leonesa, junto al barrio de Puente Castro, han sido protagonistas por partida doble en la Comisión Territorial de Patrimonio celebrada este jueves en León.

Por un lado, para certificarse definitivamente que no afecta a estos restos el gran proyecto de varias macroplantas energéticas que forman parte de la llamada Red de Calor que ejecuta la propia Junta con una inversión por el momento de 62 millones de euros y gran rechazo vecinal en la zona. Y por otro para determinar que, en cambio, sí impactaría directamente sobre ellos el proyecto de un amplio aparcamiento de camiones que había diseñado en ese el entorno una empresa de transportes. Por este motivo, Patrimonio deniega el permiso necesario a la compañía, bloquea así su ejecución y evita que se causen posibles daños en el yacimiento subterráneo.

Ad Legionem es una amplia zona que alberga lo que queda de la traza de la antigua vicus militar, el asentamiento civil vinculado al campamento de la Legio VII, en el que vivían comerciantes, artesanos, familiares de militares y otros habitantes que daban servicio a la amplia presencia romana en la zona. Sus dimensiones todavía no delimitadas del todo entre los barrios de La Lastra y Puente Castro, según confirmaron hoy tanto el delegado territorial, Eduardo Diego, como la jefa del Servicio Territorial de Cultura y Patrimonio en León, Noelia Vallejo, en la rueda de prensa tras la Comisión de Patrimonio.

Sin embargo, el informe final de la fase en ejecución que ha sido conocido por la Comisión de manos por parte de la empresa pública Somacyl, que ejecuta estas polémicas obras, determina que las catas arqueológicas realizadas en el proyecto de la Red de Calor, junto al cementerio municipal de León y delimitado por los ríos Torío y Bernesga, no tocan Ad Legionem.

Con esa información, tal y como detalló después una nota de prensa, la Comisión “ha autorizado la fase inicial del proyecto de ejecución” de las conducciones de la Red de Calor, es decir, también casi 30 kilómetros de tuberías que discurrirán por numerosas calles del sur de la capital para distribuir en la zona la energía que generarán las macroplantas de incineración de biomasa, nitrógeno verde y placas solares.

Curiosamente, esta autorización llega cuando en realidad las obras en la zona ya llevan meses en marcha y ejecución, generando por ejemplo polémicas como un gran talado de árboles para construir una pasarela que cruce el río Torío. Lo que sí recuerda la Junta en este caso al Ayuntamiento de León de que es necesaria e imprescindible una autorización por parte del Ayuntamiento de León para toda esta infraestructura, ya que impacta directamente en la zona protegida por el paso del Camino de Santiago, Bien de Interés Cultural (BIC) protegido y Patrimonio de la Humanidad.

Tímido avance en la Ronda Noroeste

También la Comisión de Patrimonio informó favorablemente el estudio informativo para la construcción en el futuro de la ansiada Ronda Noroeste de León, es decir, la continuidad décadas después de la Ronda Este entre el Hospital de León y La Virgen del Camino a través de San Andrés del Rabanedo. Ese estudio está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el marco del trámite inicial de la futura Evaluación de Impacto Ambiental, aunque quien ejecutaría esta compleja obra sería el Ministerio de Transportes, que sin marcar plazos estimó un presupuesto de 94 millones de euros la última vez que se habló del proyecto, en 2023, en víspera preelectoral.

Según la Junta, el proyecto “incorpora las medidas de protección patrimonial propuestas”, todavía en una fase inicial, aseguró Eduardo Diego, quien remarcó la previsión de ejecutar sondeos arqueológicos ya en puntos más concretos cuando la tramitación y el proyecto mismo de ejecución avancen.

Otros asuntos

En otros puntos, la Comisión de Patrimonio autorizó la rehabilitación de las cubiertas del claustro y de la torre-mirador del Convento Premostratense de Villoria de Órbigo, declarado BIC, y que necesita esta intervención para solucionar los problemas de filtraciones mediante la sustitución de los elementos más dañados, la renovación de la estructura de madera, la mejora del aislamiento y la reposición de canalones.

La Comisión también ha dado el visto bueno al proyecto de señalización de la Ruta de los Eremitorios Medievales del Valle Medio del Esla, promovido por el Ayuntamiento de Villasabariego, para facilitar la visita y comprensión de enclaves como las Cuevas Menudas, las Cuevas de Santa Marina y la Cueva de los Moros. La actuación contempla nuevos elementos de señalización, mejora de accesos y paneles informativos.

También se da el 'sí' al proyecto de reparación de la cornisa y la sustitución de las tejas del alero del Palacio de los Ceas, actual sede de la Audiencia Provincial de León, obligando a emplear materiales de las mismas características y reutilizar el mayor número posible de piezas originales. Esta intervención se suma al proyecto de restauración de la fachada autorizado el pasado mes de junio.

Dentro de las actuaciones de conservación, la Comisión ha dado luz verde también la restauración de la imagen de San Antonio de Padua, perteneciente a la iglesia de San Martín del Agostedo, en Santa Colomba de Somoza. En el ámbito arqueológico, se ha autorizado la intervención en la Torre de la Reina del castillo de Laguna de Negrillos, promovida por el Ayuntamiento, con el objetivo de avanzar en el conocimiento histórico del monumento. Los trabajos incluirán el estudio de los paramentos interiores y una excavación arqueológica para documentar las distintas fases constructivas del edificio.

Por último, se ha informado favorablemente la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la conservación, consolidación y rehabilitación de la ermita de Santiago Apóstol de Fasgar, en Murias de Paredes. La actuación permitirá recuperar la imagen del templo, construido en el siglo XIII, mediante trabajos sobre la cubierta, los muros y otros elementos arquitectónicos con materiales tradicionales.

Finalmente, la Comisión ha informado favorablemente la primera fase del proyecto de eliminación de aguas limpias del sistema de saneamiento del Bierzo Bajo, promovido por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La actuación, que incluye 52 intervenciones en varios municipios de la comarca, contempla medidas de control para garantizar la protección de bienes culturales próximos como el yacimiento arqueológico de La Edrada, en Cacabelos, y el Monasterio de Santa María de Carracedo.

Una curiosa partida de construcción de naves industriales, e intercambios de uso para ellas, se juega como si de Monopoli se tratara en el que ya es el mayor polígono industrial de Castilla y León, el de Villadangos del Páramo, en la provincia leonesa.

La Junta de Castilla y León, a través de su empresa pública Somacyl, acaba de licitar un contrato millonario para ejecutar dos nuevas naves de amplio tamaño con todos sus servicios con el objeto de 'regalárselas' al pueblo de Villadangos. Pero este llamativo trueque ha tenido ya varios cambios sobre los planes previstos cuando hace cinco años, en 2021, la Junta Vecinal aprobó vender 186 hectáreas de su suelo público al Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León para acometer una ambiciosa ampliación del polígono. Una cantidad ingente de suelo que ha permitido ya a la administración autonómica ejecutar totalmente su ampliación, duplicando el tamaño inicial de una primera fase, la cual pronto se vio colmatada por la llegada de proyectos como los centros logísticos de Mercadona y Decathlon o las factorías de Miguélez y León Coated, entre otros.

La previsión de la Junta de Castilla y León era en 2021 que pronto habría lista de espera para la implantación de nuevos proyectos. Y así ha ocurrido. Por eso urgía ampliar hasta casi el doble el tamaño del espacio industrial. El pacto alcanzado con la Junta Vecinal era pagarle el suelo necesario. Y a mayores, a modo de compensación poco usual, construirle y regalarle al pueblo tres grandes naves que después la pedanía podría gestionar, alquilándola a quien estuviera interesado, y gestionar sus beneficios como arrendador. Aquel proyecto, sellado en 2023 con una icónica foto de apretón de manos institucional, suponía para la Junta una inversión de casi 2,5 millones de euros.

Sin embargo, un nuevo éxito del polígono trocó los planes. Las naves se construyeron pero no llegaron a cederse a la pedanía de Villadangos sino que sirvieron para afianzar un nuevo desembarco: la mayor fábrica de drones militares de España, de la mano de la empresa Indra y un grupo de Emiratos Árabes como socio. Este nuevo gran anuncio, pactado por la empresa española con Junta y con Gobierno, se lanzó a principios de este año con cifras muy golosas, como son 12 millones de inversión y la creación de 200 empleos nuevos. Pero Indra necesitaba acelerar su implantación, por lo que, según ha confirmado ILEÓN de fuentes oficiales, la Junta le ofreció dos de aquellas naves construidas para el pueblo. Así se aceleraban plazos de implantación y se podría comenzar a fabricar allí este mismo año, en septiembre, vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora.

De este modo, por razones de urgencia, la promesa de la compensación de las naves para alquilas tenía que volver a ser retomada. Y es lo que hace ahora la Junta a través de Somacyl. Un nuevo contrato público acaba de ser licitado a mediados de junio, para la construcción de dos nuevos edificios industriales ya en la zona de ampliación del polígono. Con el paso del tiempo el coste se ha incrementado y ahora parte de una inversión de 2,4 millones de euros -eran 2,5 para tres naves hace tres años- y un plazo de ejecución de un año desde que se adjudique a la empresa seleccionada.

Las naves se levantarán en las parcelas 2 y 3 del polígono, según la redacción de los proyectos encargados por Somacyl a Estudio de Ingeniería Civil SL, ambas de casi idéntico diseño y espacio, sobre dos superficies de 2.708 metros cuadrados cada una.

Y llega el gran centro logístico de Dia

La noticia salta pocos días antes de que este viernes 3 de julio se inaugure de manera oficial el primer gran proyecto de la nueva zona de ampliación del polígono de Villadangos, como es la gran nave logística de la multinacional de alimentación Dia, que contará con el desembarco del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del CEO de Dia España, RicardoÁlvarez, entre otras muchas autoridades.

El grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés (UPL) continúa encabezonado con la construcción en la capital leonesa de una nueva y moderna pasarela sobre el río Bernesga, una gran estructura metálica y acristalada de 2 millones de euros a poco más de cien metros de otras dos ya existentes. El nuevo puente de diseño es, de hecho, de uno de los dos proyectos “irrenunciables” para negociar y aprobar, casi a año pasado, los presupuesto del Ayuntamiento de León, donde el PSOE en minoría necesita de sus votos.

A justo un año de que finalice el mandato el proyecto de la pasarela parecía abocado al fracaso total. Era más que una percepción. Ya por dos ocasiones su diseño y ejecución había quedado desierto: ninguna empresa se había presentado a los concursos públicos impulsados primero por el propio Consistorio y después por la empresa pública Somacyl, de la Junta de Castilla y León, a la que el Ayuntamiento encomendó una tarea aparentemente imposible ya. Más teniendo en cuenta polémicas añadidas como la denunciada por la oposición del PP en León, que desveló que para su construcción se talarían 26 árboles en ambas veras del río.

Todo parecía abocado a quedarse en papel mojado hasta que Somacyl ha dado a conocer la adjudicación a dedo de la pasarela. Ha recaído en una habitual contratista del Ayuntamiento, la leonesa Geoxa General de Construcciones, unida a una compañía madrileña, API Movilidads, y otra de Murcia, Ecocivil Electromur. Geoxa es propiedad de Juan María Vallejo Fernández, el presidente de la Patronal provincial, la Federación Leonesa de Empresarios (Fele). En la documentación se explica que el contrato literal por el “procedimiento negociado sin publicidad”, es decir, designación directa, se pone en marcha “habiendo quedado desierta la licitación” inicial.

Sin embargo, la cuantía apenas baja un ápice de los dos millones anunciados en su momento al encomendar a Somacyl la construcción de la megapasarela, ya que el importe final se eleva a los mismos 1.998.861,44 euros en los que se había licitado, ni un céntimo menos. Aunque sea la conocida como 'Junta B' la que se encargue de todos los trámites, como esta adjudicación directa, en realidad el coste saldrá íntegramente de las maltrechas arcas municipales, inmersa en serios problemas de liquidez por las sentencias del cobro de las tasas de reciclaje de basuras.

La nueva pasarela, muy cercana al Puente de Los Leones, presentada a finales del pasado año, será para uso de peatones y también de ciclistas. Fue diseñada por otra contratación directa, por 100.000 euros, después de otros intentos infructuosos que provenían incluso de 2024 y que en no pocos casos adolecían de algunos importantes defectos. La forma final que se dio a conocer cuenta con una original en forma de S, de un total de 92 metros de longitud y cinco metros de ancho, con acristalado lateral y en buena parte cubierto con una pérgola. En aquella rueda de prensa el alcalde Diez y el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino, sellaron un acuerdo para que el proyecto, esencial para UPL, saliera por fin adelante.

Las asociaciones de vecinos que se oponen a la macroplanta de biomasa proyectada en Puente Castro, llamada Red de Calor, han convocado para este miércoles 10 de junio una nueva movilización en León para mostrar su rechazo al proyecto. Los convocantes hacen un llamamiento a la ciudadanía para salir a la calle “por nuestra salud, por el cuidado de nuestro entorno natural y nuestro patrimonio cultural”.

Las asociaciones convocantes cargan especialmente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, por permitir este proyecto promovido por Somacyl (dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo consejero en funciones es el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones). Desde su presentación, el proyecto acumula alegaciones y protestas ciudadanas de vecinos de Puente Castro y La Lastra, donde más se verán afectados por los posibles impactos ambientales, algunos de los cuales ya son visibles, como la tala de numerosos árboles en Puente Castro.

La denominada Red de Calor Sostenible contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años divididos en dos grandes actuaciones. La primera de ellas es la construcción del propio complejo energético, que ocupará 22 hectáreas en Puente Castro (junto al cementerio municipal, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y los ríos Torío y Bernesga). La segunda es la red de canales subterráneos de 65 kilómetros en el proyecto inicial (a los que se pueden sumar más, entre 30 y 40 kilómetros, según las asociaciones vecinales) que distribuyen calefacción y agua caliente a edificios públicos, viviendas y empresas. Afectará a 127 calles del municipio de León.

La protesta se desarrollará mediante dos marchas. La primera partirá a las 18.30 horas desde la plaza del Lavadero, en Puente Castro, mientras que la segunda arrancará a las 19.00 horas desde la plaza de la Cámara de Comercio, en La Lastra. Ambas confluirán posteriormente para dirigirse juntas hacia la plaza de San Marcelo.

Una nueva polémica, de un calado muy diferente a los habituales, como por ejemplo los de carácter medioambiental, se cierne sobre las obras preparatorias del proyecto de la llamada Red de Calor que ejecuta desde hace meses la Junta de Castilla y León junto al cementerio de León. Se trata de la zona elegida por la empresa pública Somacyl para comenzar a desarrollar la macroplanta de incineración de combustible vegetal, que se completará con otra de nitrógeno y una planta de placas solares en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.

Desde finales del año pasado, y por un valor de 7,6 millones de euros, en una gran superficie de 23,8 hectáreas llevan trabajando las máquinas de la unión temporal de empresas (UTE) que se alzó con ese contrato inicial y preparatorio, una UTE denominada 'Red de Calor León' que conforman las empresas Obras Hergon, Compsa e Inmeva Infraestructuras.

En espera de los dos millonarios proyectos que acaban de licitar a mayores la empresa pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente para construir la obra civil completa que levante todo el complejo energético previsto, que suman otros 62 millones de euros a mayores, estas compañías llevan meses realizando movimientos de tierras, desmontes, varios kilómetros de caminos, zonas de acopio de material, e incluso dotando ya a la zona de servicios de canalización subterránea iniciales.

El Soto de Santa Olaja, que es como se denomina el emplazamiento para el complejo energético de la Red de Calor, forma un gran triángulo delimitado por uno de sus lados por el cementerio municipal de la capital leonesa, con el que lindará en concreto la central de biomasa, así como por los ríos Bernesga y Torío y la Ronda Sur de León LE-30.

ILEÓN ha podido comprobar a través de varias imágenes que en una de las zonas de movimientos de tierras han aparecido varios restos de material funerario. En un montículo con abundante material se aprecia por ejemplo una pesada cruz de piedra que se encuentra completa. Pero no es el único resto que parece proceder del camposanto municipal de la ciudad: En la zona se aprecian restos de lápidas, algunas muy fracturadas pero otras más completas y reconocibles. También asoman piedras labradas de sepulturas e incluso de panteones. Todo ello forma un conjunto elevado en una zona de desnivel pronunciado.

Por el emplazamiento donde se encuentra esta zona, el lugar coincide sin lugar a dudas con una zona de trabajo de las empresas contratadas por la Junta a través Somacyl, está dentro de la zona de obra acotada. Pero lo que no se puede apreciar sobre el terreno es si la acumulación de todo este material tanatorio era algo presente en ese punto de manera previa a la contratación e inicio de los trabajos a la UTE Red de Calor León o si ha sido fruto de las labores de las compañías contratadas por Somacyl.

Los ecos del talado masivo de árboles

Este nuevo escándalo se suma al que ha adquirido gran repercusión la semana pasada al desvelarse el talado masivo de árboles en el entorno del cauce del río Torío. Se trata de la zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir una pasarela sobre el río por la que discurrirán los grandes tubos de transporte de calor desde la macroplanta de incineración de biomasa forestal de la Red de Calor hacia el subsuelo de los barios de la ciudad a los que llegará toda la canalización subterránea prevista, de casi 30 kilómetros sólo en la primera fase.

Ese gran desbroce y tala de ejemplares valiosos se extiende prácticamente en 1.000 metros cuadrados, según recoge la documentación oficial del proyecto y en concreto la evaluación de impacto ambiental, un informe finalmente favorable que la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta se otorgó a sí misma hace un año, ya que quien lo ejecuta, Somacyl, también pertenece a la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Vallado y corte de la senda peatonal

Apenas dos días después de saltar el escándalo, que ha producido ya numerosas voces críticas que se han sumado a las habituales de los vecinos de las asociaciones de los barrios más próximos a la Red de Calor, Puente Castro y La Lastra, la empresa ya ha comenzado a preparar el inminente vallado de la zona. Un amplio vallado (montaje en la foto superior) que impedirá pronto el paso de cualquier persona ajena a la obra por las inmediaciones de este futuro punto de paso de río Torío, donde se construirá la pasarela de 82 metros de largo y 5,90 de ancho, y que obligará a dar un amplio rodeo a los miles de paseantes y ciclistas que utilizan la senda peatonal de La Lastra, entre La Candamia y la plaza de toros de la ciudad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dejado a León fuera del reparto provisional de ayudas destinadas a redes urbanas de calor y frío renovables. Se trata de un amplio listado en el que se asignan a nivel nacional 50 millones de euros para fomentar un total de 37 proyectos de redes de calor y frío, con inyección económica proveniente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y del que el único proyecto planteado en la provincia leonesa ha sido denegado.

La propuesta de resolución provisional suma diez proyectos aprobados en la Comunidad, para una potencia energética conjunta de 98,4 megavatios, con el 'riego de 10,6 millones de euros. Pero la provincia de León no obtiene ninguno. Es importante aclarar que no se trata de la llamada Red de Calor que impulsa la Junta de Castilla y León a través de Somacyl, con total apoyo del Ayuntamiento de la ciudad: se trata en realidad de una iniciativa privada, desconocida públicamente hasta ahora, cuyo nombre es exactamente “Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Leoniomasa de la Red de Calor de León'. Esta iniciativa ha resultado inadmitida por el Ministerio aduciendo un aparente tecnicismo, un defecto documental.

En cambio, el gran y controvertido proyecto público de la Junta, que la sociedad Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente acaba de impulsar con una licitación por un valor de 62 millones de euros para la primera fase de todo el complejo, sigue su propio curso en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal. En su caso la Junta sí detalla que dispondrá de fondos públicos estatales y europeos, a través de los fondos para la Transición Justa de las antiguas cuencas mineras, algo que también ha sido duramente criticado por no ser la ciudad ni por asomo una zona afectada por la traumática clausura de minas y centrales térmicas. En concreto, ILEÓN ya publicó que la inyección se cifra en 22 millones de euros, casi un tercio del coste inicial para arrancar, según la cuantía de las licitaciones.

Sin embargo, la nueva iniciativa privada ha recibido el 'no' de subvención del Ministerio con el argumento oficial de que la compañía solicitante “no aportó el certificado de resguardo de garantía exigido en la convocatoria”. De ahí que el expediente figure como inadmitido por un tecnicismo administrativo, lo que impide que pueda optar a los fondos europeos del programa Renored impulsado por el IDAE. En ningún momento se da a conocer la cuantía de ayuda económica que se había pedido para este caso privado.

El reparto de los que sí

El listado provisional difundido por el Ministerio recoge un total de doce proyectos presentados en Castilla y León. De ellos, diez han sido aprobados y dos inadmitidos. Además del caso leonés, también ha sido rechazado el proyecto Red de Calor con biomasa en Aspanias Burgos, en Alfoz de Quintanadueñas (Burgos), en su caso por no presentar la documentación de subsanación requerida.

Sin embargo, la provincia burgalesa concentra el mayor volumen de ayudas aprobadas en la Comunidad. La capital recibirá 1.445.360 euros para el proyecto ‘Burgos ampliación central’ y otros 2.366.703,73 euros para ‘Burgos ampliación red’. Además, Aranda de Duero contará con dos actuaciones subvencionadas: 1.128.274,60 euros para la ampliación de su red de calor y 601.037,11 euros para una ampliación de central de generación renovable con biomasa.

Palencia suma dos expedientes aprobados. El primero, para la ampliación de la red de distribución de calor de la capital palentina, que recibirá 299.797,99 euros; y el segundo, denominado ‘Red de calor y frío renovable-Palencia’, con una ayuda de 607.152,52 euros.

También ha sido aprobada una ampliación de red de distribución de calor en Ávila, con una subvención propuesta de 954.616,33 euros. En Salamanca, el proyecto ‘Hefesto Villares’, ubicado en Villares de la Reina, recibirá 431.188,85 euros.

La provincia de Soria incorpora dos actuaciones subvencionadas. Por un lado, la ampliación de la red de calor de Soria capital obtendrá 1.268.675,42 euros. Por otro, el proyecto ‘Central de generación, distribución y conexión a centros de consumo Ólvega’ contará con 1.558.508,05 euros.

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NOTA DE RECTIFICACIÓN. En la versión inicial de esta noticia, de fecha 27 de mayo, se dio por hecho, a causa de un error de interpretación, que el proyecto cuya subvención europea rechazaba el Ministerio era el de la Red de Calor de la Junta de Castilla y León. El consejero portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado el jueves 28 del mismo mes que se trata en realidad de dos proyectos distintos.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

El centro monumental de León se prepara para la inminente construcción, por parte del Ayuntamiento de León, de un nuevo elemento moderno pero, en principio, discreto muy cerca de donde el bautizado como 'mamotreto', un velador cerrado de un conocido bar y restaurante, tuvo que ser desmantelado y multado por la Junta tras años de polémica.

El nuevo proyecto municipal consiste en la construcción de una rampa de acceso peatonal que habrá de comunicar el interior subterráneo del parking de San Marcelo con el exterior de la plaza del mismo nombre. El diseño será en acero inoxidable y una amplia superficie transparente, de cristal, tratando de que cause el menor impacto visual posible, según asegura el Consistorio.

Se trata de una solución hasta cierto punto similar a la planteada hace casi cuatro años, pero sobre el papel mucho menos invasiva,. Y es que aquella primera intervención diseñada causó en 2022 tal número de críticas previas que obligaron al alcalde, el socialista José Antonio Diez, a dar marcha atrás públicamente.

El lugar elegido para ese nuevo acceso de movilidad es el mismo pero entonces se planteaba una intervención que prácticamente desmantelaba todo el exterior: desaparecían parterres y jardines, la gran maqueta metálica de la ciudad de León, todos los muros de desnivel y hasta los dos únicos árboles de la zona, dos históricos tilos. En aquella intervención, tan sólo sobrevivía la antigua fuente de piedra situada justo en el centro de la zona. Los actuales muros en desnivel iban a ser entonces sustituidos por unas rampas que unificarían y darían continuidad a las dos alturas de la plaza, como se hizo hace unos años sólo en la parte trasera de la iglesia de San Marcelo. La intervención era de gran calado pero suscitó fuertes críticas y la anunciada postura política en contra de una oposición que suma mayoría, de modo que se acabó enterrando la iniciativa.

Ahora, en cambio, se recoge en apariencia sólo una pequeña parte de aquel proyecto: el “desmontaje del lucernario que cubre la antigua entrada al parking”. Allí, en una zona ahora muy visible por estar cubierta por un cristal translúcido, se ejecutará la nueva rampa. El equipo de Gobierno no muestra imágenes de cómo quedará pero defiende que la obra resulta imprescindible por razones de básica seguridad en el interior del aparcamiento subterráneo, también conocido como de Santo Domingo por tener allí su acceso en coche.

Y es que cuando acabó tras 75 años la histórica concesión desde que el parking se ejecutó en 1972 se han realizado informes sobre el estado en el que se permitió que lo dejara la empresa concesionaria y son demoledores: suspende hasta en lo más básico en cuestiones de seguridad, especialmente ante posibles incendios en el subterráneo. El incumplimiento ha sido flagrante durante décadas.

Nueva concesión, plan de choque y mucho dinero perdido

Por ese motivo, el equipo de Gobierno, una vez que descartó municipalizar el aparcamiento más céntrico y usado de León, como le reclamaban desde la oposición tanto UPL como PP, decidió tirar por la calle del medio y ganar tiempo para resolver cómo se gestionará dentro de dos años, lo más posible a través de una sociedad mixta público-privada. Pero mientras, tras acumular ingentes pérdidas económicas para las arcas municipales por el retraso en tomar una decisión -se cifró en un agujero de 1.300 euros al día y más de un millón de euros en total-, se decidieron dos cosas: sacar a licitación temporal por dos años la gestión del aparcamiento de San Marcelo y acometer un plan de choque para limar los muchos desperfectos y la nefasta y peligrosa imagen.

Es en este plan de choque, cifrado en conjunto en 460.000 euros de los 653.000 anunciados inicialmente, es en el que se enmarca la nueva y moderna rampa, cuyo coste concreto el Ayuntamiento tampoco detalla, así como los plazos. Lo único que se sabe es que el PP en la oposición ataca con dureza por el retraso que acumula ya varios meses, porque las principales obras deberían haber comenzado el pasado 1 de diciembre, una vez que desde agosto ya se encarga de la gestión la nueva empresa concesionaria temporal.

Características y el nuevo gusto por las 'pérgolas'

La memoria realizada sobre la pasarela detalla las características de una estructura que se ejecutará en el lucernario lateral situado detrás del actual punto de acceso por escaleras y ascensor, una zona que fue en su día el antiguo acceso. Tendrá 5,79 metros de largo por 1,78 de ancho y 1 metro de alto, sumado a la altura del actual murete, de modo que en total adquirirá una altura de 2,30 metros. El murete hoy a la vista no llega a los 12 metros de longitud, por lo que la nueva pérgola ocupará menos de la mitad.

El proyecto ya ha pasado uno de los mayores problemas en la zona donde se prevé: el visto buen de la Comisión Territorial de Patrimonio, que lo otorgó en su última reunión, la del mes pasado, por entender que la estructura en general mantendrá “la morfología en la Plaza de San Marcelo” gracias a su “diseño neutro y ligero de acero inoxidable y vidrio para asegurar la continuidad estética y la mínima afección visual”.

Por concretar cómo se verá cuando se ejecute, el nuevo acceso peatonal irá cubierto con una marquesina de vidrio montado en estructura de acero mate, “muy liviano” y “prácticamente sin ningún elemento opaco, más allá de los mínimos elementos estructurales”. Se están prodigando últimamente en la ciudad los diseños con marquesina o pérgolas, muchos de ellos bastante criticados por su alto coste y escasa operatividad.

Casos como el nuevo intercambiador de autobuses de Eras de Renueva frente al Auditorio, que no resguarda de la lluvia; la llamada “solución intermodal” que unir por acera cubierta las estaciones de tren y autobús de la ciudad ejecutada por la Junta; o la solución estética propuesta para una nueva y cara pasarela de 2 millones de euros sobre el río Bernesga pactada con UPL hace años y que se encargará a la empresa 'B' de la Junta, Somacyl, que tendría que cortar numerosos árboles de la zona pero que ha quedado desierta ya dos veces.

Una 'ratonera'

Eso sí, en el caso de San Marcelo, cuando entre en funcionamiento la rampa cubierta los usuarios del parking podrán respirar más tranquilos. Porque se habrá eliminado un riesgo importante y que ha estado siempre presente al disponer sólo el subterráneo de una única zona de evacuación ante incendios, que era la propia rampa de salida de los coches situada frente al edificio Botines de Antonio Gaudí.

Aunque hasta ahora no se ha cumplido, hace muchos años que las normas de seguridad más básicas obligaban a contar con al menos dos salidas de planta y recorridos alternativos ante una llamada “hipótesis de bloqueo” por fuego o humo. Dicho de otro modo, llegado el peor de los escenarios, que por suerte nunca se ha producido, el aparcamiento lleva mucho tiempo siendo una 'ratonera'. Y pronto mejorará al menos en lo básico, aunque, vistos los antecedentes, no pocos permanecerán expectantes al resultado estético final en una de las zonas más sensibles y monumentales de la ciudad.

El PSOE de León se ha comprometido este miércoles a paralizar el proyecto de la futura planta de biomasa de La Lastra si gobierna en la Junta de Castilla y León. Así se lo han transmitido su cabeza de lista por León, Nuria Rubio, y el secretario general del partido en la provincia, Javier Alfonso Cendón, a los miembros de la Asociación de Vecinos de La Lastra en un encuentro que han mantenido este miércoles y que el partido ha resumido en un comunicado. Los socialistas confrontan así con el PP, que capitanea el Gobierno autonómico, pero también con su propio alcalde, José Antonio Diez, que respalda la iniciativa.

“El futuro gobierno liderado por Carlos Martínez pondrá fin a la proliferación descontrolada de instalaciones de biomasa que actualmente amenazan la convivencia en León, que además no cuentan con la regulación pertinente por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado Rubio, quien ya en fechas recientes mostró su “sorpresa” por la cercanía entre el regidor socialista de la capital leonesa y dos populares como el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Se trata de un proyecto contra el que los vecinos se han manifestado en numerosas ocasiones y que Rubio ha asegurado que “responde únicamente a los intereses económicos de unos pocos”.

“El despliegue de este tipo de plantas debe ser ordenado y contar con una legislación clara que proteja los ecosistemas y la salud ciudadana, asegurando que las plantas cumplan con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea y este proyecto se está planeando de espaldas a la ciudadanía, invadiendo núcleos residenciales y deteriorando la calidad de vida de las familias leonesas”, ha añadido.

Por su parte, Javier Alfonso Cendón ha puesto el foco en la empresa pública de la Junta Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), calificándola como una “herramienta opaca” utilizada por el Partido Popular “para eludir el control vecinal”.

Ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aclaren “qué intereses oscuros defienden” al permitir proyectos que asfixian a los vecinos.