El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido este martes el “interés general” de la Red de Calor de León pese a la oposición de los vecinos al proyecto, por suponer “un gran ahorro” y tratarse de una energía sostenible como es la biomasa, la quema industrial de pellets.

El consejero ha respondido así pocas horas después de conocerse la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de León de admitir a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de la Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro en contra de ese proyecto, entre duras críticas. Una decisión judicial en concreto planteada contra la falta de información del Ayuntamiento leonés por la concesión de la licencia de obra a la empresa pública autonómica Somacyl. Los vecinos ponen en duda la legalidad de los permisos municipales concedidos para construir la macroplanta de incineración de biomasa, la primera de las fábricas energéticas, así como la primera fase del sistema de tuberías subterráneas de la Red de Calor bajo unas 30 calles de la capital leonesa.

Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Efe, ha apuntado que cuando se acometen grandes proyectos innovadores “siempre hay contradicciones desde el desconocimiento”, según atribuye. Sin embargo, añadió que por el contrario hay que destacar del proyecto “la modernidad y el ahorro a los vecinos” de la capital, añadiendo que se trata de un sistema que “tiene solo ventajas y ningún inconveniente”.

Ha insistido en que el combustible que se obtiene es mucho más barato que el tradicional y ha detallado que su puesta en marcha supondrá la eliminación de entre 400 a 500 chimeneas en la ciudad, con una tecnología que se utiliza en el norte de Europa desde hace más de cien años.

Suárez-Quiñones ha trasladado la determinación del Gobierno autonómico de seguir trabajando para sacar adelante el proyecto, tal y como se hizo en Ponferrada, donde el consejero ha asegurado que también se han presentado varios contenciosos-administrativos, que se han ganado. Sin embargo, la realidad es que han sido varias las veces que los juzgados ordenan la paralización del funcionamiento de la Red de Calor ponferradina, cuestionando incluso su legalidad misma., y en caso muy parecido a León hasta cuestionando las licencias municipales otorgadas.

Por su parte, desde las asociaciones vecinales que han presentado el contencioso-administrativo contra el proyecto se ha destacado que este plan sigue el mismo camino que “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, que ha estado paralizada durante años por recursos judiciales.

Desde las asociaciones también se ha considerado que el proyecto es “obsoleto” e infringe la normativa ambiental y urbanística y llaman a toda la ciudadanía leonesa a seguir rechazando el mismo.

Apenas han pasado cuatro días desde que el Ayuntamiento de León aprobó la licencia para el proyecto de la denominada Red de Calor de León promovida por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl y la decisión ya está judicializada.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León ha admitido a trámite la demanda presentada por la Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro contra esta polémica decisión que permitiría comenzar los trabajos iniciales de esa Red de Calor, es decir, la macroplanta de incineración de biomasa y el entramado de 30 kilómetros de tuberías subterráneas bajo calles de León para trasladar el calor generado en las instalaciones.

Según han informado ambos colectivos a través de un comunicado, que denuncian la opacidad municipal con este polémico asunto, el Juzgado ya ha dictado un decreto requiriendo al Consistorio leonés el expediente administrativo completo, otorgándole un plazo “improrrogable” de veinte días hábiles para remitir toda la documentación relacionada con la autorización de las obras.

La demanda se dirige contra el permiso urbanístico aprobado recientemente por la Junta de Gobierno Local para permitir el inicio de las obras de las instalaciones energéticas previstas en el sur de la ciudad, junto al cementerio de León y en el entorno del barrio de Puente Castro. El proyecto impulsado por la sociedad pública Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, contemplaba inicialmente una inversión superior a los 85 millones de euros.

La iniciativa completa, ya anunciada desde 2022, incluye la construcción de una planta de biomasa, otra vinculada al hidrógeno verde, una instalación fotovoltaica y una extensa red de canalizaciones subterráneas para distribuir calor a distintos puntos de la capital leonesa. Los colectivos recuerdan que esta fase de arranque sumaría unos 30 kilómetros las tuberías que se prevé instalar bajo las calles de León.

Críticas vecinales al proyecto

Las asociaciones vecinales aseguran que el alcalde de León “continúa ocultando la tramitación de este proyecto a todos los afectados” y mantienen su rechazo frontal a la infraestructura energética. Los colectivos consideran que el proyecto es “obsoleto” y sostienen que vulnera normativa ambiental y urbanística. Además, llaman a la ciudadanía leonesa a “seguir rechazando” la iniciativa y a “no rendirse a la política de hechos consumados de la Junta y el Ayuntamiento y su dilapidación de dinero público”.

Como ejemplo de los riesgos del modelo planteado, los vecinos citan “el desastre de la Red de Calor de Ponferrada”, una infraestructura que —recuerdan— ha acumulado varias sentencias judiciales en contra y permaneció paralizada durante años.

Las asociaciones también han solicitado información sobre los impuestos y tasas municipales que deberá abonar Somacyl, conocida como 'la Junta B' y no pocas veces tildada de “chiringuito”, por la ejecución de las obras. “Nos tememos que la opacidad en el acceso a la información es porque se pretende que esta empresa no pague ni tasas ni impuestos por esta obra ni este proyecto”, señalan los colectivos en su comunicado. Hay que recordar que, por ejemplo, como compensación a las instalaciones de la Red de Calor, Somacyl y no el Ayuntamiento está acometiendo con su presupuesto de 2,7 millones de euros la reforma de todo el pavimento del centro peatonal de León, la calle Ancha, la plaza de Botines y gran parte de la de Regla, la del Ayuntamiento.

La admisión a trámite de la demanda abre ahora una vía judicial -y son varias las impulsadas- sobre una de las iniciativas energéticas más controvertidas impulsadas en León en los últimos años y que ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en los barrios del sur de la capital, después de que hasta tres veces similares protestas en el norte de León consiguieran tumbar una planta de biomasa mucho más pequeña que la actual.

'La Junta B', la sociedad pública Somacyl de la Consejería de Medio Ambiente, ya cuenta con licencia urbanística de construcción por parte del Ayuntamiento de León para poder comenzar las polémicas obras de las plantas energéticas, de incineración y de placas solares, en el sur de la ciudad.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado en su reunión de Junta de Gobierno de hoy esa licencia, incluso a pesar de que en base a su posición favorable los colectivos vecinales que se oponen tajantemente a este proyecto que la Junta llama Red de Calor de León en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de la ciudad, ya anunciaron la presentación de una denuncia por ese permiso.

Con esta autorización definitiva, el Consistorio da forma a su visto bueno definitivo que por otra parte ya ha ido manifestando desde el origen mismo del proyecto, en septiembre de 2022, cuando una inversión de cerca de 85 millones de euros ya fue anunciada mano a mano por el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Diez, y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

En concreto, la licencia afectará a una primera fase inicial del mucho más amplio proyecto. De momento consta para la “construcción de planta de generación de energía térmica con biomasa”, mucho mayor de las que años atrás consiguieron tumbar los vecinos de barrios como Eras de Renueva, Cantamilanos o Navatejera, así como para los primeros casi 30 kilómetros de canalización subterránea del calor generado en la planta, 30 kilómetros de tuberías bajo decenas de calles de la ciudad de León, para trasladar esa energía a diversos edificios, públicos y privados.

El trámite que queda ahora por parte de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) de la Junta es licitar este primer y millonario contrato para la planta de incineración de pellets y el arranque de la red subterránea, que incluye un poco conocida pasarela sobre el río Bernesga a la altura La Candamia y el barrio de La Lastra, barrio que también tiene su propia plataforma vecinal en contra de la instalación.

Esta misma semana, el consejero Quiñones avanzó que esta licitación en busca de la empresa que ejecute los trabajos será una realidad “en las próximas semanas”, insistiendo en defender la bondad del proyecto para reducir las emisiones contaminantes de todos los edificios que se conectarán en el futuro al calor de esta megaplanta. El completo en las siguientes fases acometerá otra de hidrógeno verde y numerosas hectáreas de placas solares.

Además de cuajado de protestas vecinales, sobre este proyecto pesan también todavía diversas causas judiciales abiertas, varias de ellas por Ecologistas en Acción, primero por presuntas irregularidades en la concesión demanial y otros trámites de los terrenos elegidos, junto a la Ronda Sur y el río Bernesga, o en contra de la concesión por parte de la Junta de la figura de Proyecto de Interés Regional, además de la reciente denuncia anunciada contra esta concesión final de licencia.

El sur de la ciudad de León aprovecha un nuevo avance del polémico proyecto de la macroplanta energética de incineración y solar, en concreto la inminente concesión de la licencia de obras para que pueda comenzar pronto a construirse, para plantar una nueva batalla judicial con toda la fuerza que les es posible.

Las asociaciones vecinales de La Lastra y Carrusel de Puente Castro han anunciado hoy la presentación de una demanda contencioso-administrativa contra el Consistorio por la tramitación de esa necesaria autorización de obras de la llamada Red de Calor que promueve la Junta de Castilla a través de su empresa pública Somacyl. Un proyecto energético valorado inicialmente en más unos 85 millones de euros en total que contempla la construcción de instalaciones como una planta de quema de biomasa, otra de hidrógeno verde y una planta fotovoltaica, todo ello lindando con el cementerio de León, así como una extensa red de tuberías para canalizar bajo las calles el calor hacia buena parte de la capital leonesa.

El recurso judicial se ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de León, después de que el Consistorio anunciara la aprobación de la licencia de obras para iniciar los trabajos de una infraestructura que acumula desde hace años contestación vecinal y ecologista.

Las asociaciones denuncian en un comunicado que el proyecto supondrá “llenar León de obras y de tuberías innecesarias” y sostienen que la iniciativa “solo pretende usar fondos públicos”, en parte europeos, y resulta “totalmente ilegal” por supuestos motivos urbanísticos y ambientales. De hecho, son varios los frentes judiciales abiertos, desde la cesión del suelo a la falta de trámites obligatorios en diferentes puntos de su tramitación municipal, además de litigar contra la protección concedida por la Junta al nombrar esta infraestructura como de Interés Regional.

Llamamiento político... con pocos visos de éxito

En el escrito a los medios, las entidades vecinales aseguran además que la licencia todavía no estaría definitivamente aprobada y hacen un llamamiento a los concejales de todos los grupos políticos para que voten “en conciencia” y no den “vía libre a un proyecto que es negativo para la ciudadanía”. Un llamamiento con pocos visos de prosperar, ya que el equipo de Gobierno en solitario del PSOE cuenta con el previsible apoyo del PP como mayoritaria oposición, aunque UPL (s´lo cuatro concejales) o Vox (dos, y escindidos hace tiempo) se puedan oponer, como los primeros ya anunciaron.

Los colectivos cargan directamente contra el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, al que acusan de haber ocultado la tramitación administrativa a los afectados: “Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y 26 de marzo de 2026, sin obtener respuesta alguna, ocultando el contenido del expediente. Nos preguntamos qué tienen que esconder a nivel municipal”.

Las asociaciones consideran además que el proyecto perjudica a los barrios afectados dicen no entender “que el alcalde siga impulsando proyectos que perjudican a sus propios vecinos y que suponen el desvío de millones de euros que debían ir destinados a la reindustrialización en las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa”. Hay que recordar que, frente al socialista Diez, el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, ha estado llamativamente al frente de la protesta, en calidad de vecino afectado.

Una macroinfraestructura en el sur y bajo decenas de calles

La denominada Red de Calor Sostenible fue presentada oficialmente en septiembre de 2022 por Diez y el consejero de Medio Ambiente leonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como uno de los mayores proyectos energéticos previstos en la ciudad de León. La iniciativa contempla una inversión de 85 millones de euros durante tres años y se divide en dos grandes actuaciones.

La primera consiste en la construcción de un gran complejo energético de unas 22 hectáreas en terrenos del barrio de Puente Castro, junto al cementerio municipal y próximos a la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la estación depuradora y la localidad de Alija de la Ribera, amén de los ríos Torío y Bernesga.

La segunda gran actuación es la creación de una red de canalizaciones subterráneas para distribuir calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas y viviendas. El proyecto inicial hablaba de hasta 65 kilómetros de conducciones, aunque las asociaciones vecinales sitúan ahora la actuación prevista entre 30 y 40 kilómetros de ramales principales y secundarios, mientras denuncian la necesaria apertura de zanjas y obras en decenas de calles de la ciudad. La concesión inicial a Somacyl incluía además la cesión del subsuelo de 127 calles de León para la instalación de las tuberías.

El objetivo defendido por las administraciones es sustituir sistemas individuales de combustibles fósiles y eliminar hasta 1.100 chimeneas y calderas particulares, garantizando además un suministro energético estable y prometiendo ahorros económicos de entre un 30% y un 50% en las facturas energéticas para quienes se conecten a la red, dijeron en su día.

Protestas vecinales y críticas ecologistas

Desde su presentación, el proyecto ha ido sumando alegaciones y movilizaciones ciudadanas, especialmente en los barrios de Puente Castro y La Lastra, las zonas más próximas a la futura planta energética. Colectivos vecinales y organizaciones ecologistas han advertido durante los últimos años de los posibles impactos ambientales y de salud derivados de la actividad industrial prevista tan cerca de zonas habitadas.

Entre las principales críticas figura el funcionamiento permanente de las instalaciones, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, así como el incremento del tráfico pesado asociado al transporte de biomasa y residuos orgánicos.

Según las alegaciones presentadas en su día por Ecologistas en Acción, la planta de biogás prevé tratar más de 50.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, mientras que la central de biomasa consumiría unas 128.000 toneladas de astillas forestales cada año. Los colectivos alertan de posibles molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes, además del elevado consumo de agua previsto para las instalaciones.

Las protestas también han ido creciendo en la calle, con varias concentraciones y manifestaciones con cientos de personas en el centro de la ciudad. Las asociaciones vecinales insisten ahora en que seguirán recurriendo el proyecto por la vía judicial y llaman a la ciudadanía leonesa a rechazar una actuación que, a su juicio, provocará “graves molestias” y “obras innecesarias” en el subsuelo urbano de la ciudad.

Una foto fija del número de terrazas de bares, cafeterías y restaurantes legalmente permitidas en base a la nueva ordenanza de la ciudad de León, que entró en vigor hace año y medio, marca una cifra hasta ahora poco conocida: son exactamente 423. Se trata de una considerable merma de su número, ya que desde que la normativa municipal se aprobara a final del verano de 2024 y se comenzara a aplicar poco a poco, se han producido casi 200 bajas de veladores (189 menos a fecha de hoy). En la mayoría de casos esas bajas son por no interesarles renovar la obligatoria autorización del Ayuntamiento de León o porque este ha certificado que incumplen algunas de las muchas nuevas condiciones impuestas. La cifra en origen hasta ahora ha sido de 612 tramitadas.

De la estadística facilitada por fuentes oficiales municipales llama la atención que de las 423 terrazas con las bendiciones iniciales para instalarse, casi una de cada tres están en la zona centro -todo el Casco Histórico y zonas aledañas- y el resto se distribuyen por los demás barrios de la capital. En el caso de las zonas más concurridas y turísticas hay 113 veladores con todos los parabienes (un 31%) y en el segundo las 292 restantes. La excepción son las pedanías leonesas -Armunia, Oteruelo de la Valdoncina y Trobajo del Cerecedo- y en el barrio de Puente Castro, que no tienen ninguna autorizada ahora mismo.

Una situación que llama la atención es el número de hosteleros de León con terraza que cumple la norma general de obligación de recoger cada noche por completo sillas, mesas, sombrillas y otros elementos, dejando totalmente libre la vía pública. Con carácter general, y como gran novedad de la ordenanza que ha sustituido a la obsoleta anterior, es que es obligatorio almacenarlo todo bien en el interior del propio bar o en un bajo alquilado o comprado a tal efecto. Sin embargo, un simple paseo nocturno por la mayoría de las calles del centro de la capital permite ver que esto casi no se cumple.

Muchas quejas vecinales y expedientes por no recoger

No es un tema menor: el Consistorio admite que entre las pocas sanciones impuestas desde hace poco más de un año que acabó el período de gracia concedido para amoldarse a las nuevas normas se han sumado hasta 25 expedientes de multa por no retirar todo el mobiliario o al denunciar los vecinos que se han saltado el horario fijado en cada época del año. Cuatro de ellas han acabado en multa económica este año, aunque aún no se suman nuevos casos en este ejercicio, matizan las mismas fuentes. Y también consta que este problema se ha elevado por un particular enfadado al Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León).

Sin embargo, las propias ordenanzas dejaron abierta la posibilidad de una 'triquiñuela' a la que no pocos hosteleros se han sumado para seguir ocupando calles y plazas con las terrazas apiladas durante toda la noche. El artículo 13 sobre “prohibiciones” reza que “podrá autorizarse de manera excepcional y mediante el pago de la tasa correspondiente el almacenamiento en la vía pública, fuera del horario de ejercicio de la actividad, de los elementos de la terraza que no puedan almacenarse en el interior del local”.

Pagar un 20% más de la tasa y eximidos

Tan sólo tienen que “acreditar” que no les cabe en el establecimiento ni pueden disponer de un local cercano para ello. Y además deben pagar por ello algo más que el resto: en concreto “un 20% más de la tasa que tengan que abonar por la terraza”. Como ejemplo, si un bar paga 1.000 euros en concepto de tasa por su número de mesas y sillas, afrontaría el pago de 1.200 euros.

Aferrándose a ello, son muy numerosos los establecimientos que pagar por no desmantelar la terraza cada noche, dejándola apilada y encadenada, lo cual, por cierto, es obligatorio. En concreto, la Concejalía de Consumo dice que hoy hay en vigor 110 autorizaciones que conceden este permiso extraordinario. Respecto al número total de terrazas de 423, se trata de una de cada cuatro. Matizan, eso sí, que la mayoría no son terrazas de acera sino las llamadas 'terrazas Covid', las autorizadas para estar sobre las calzadas, las carreteras de León: un total de 69. Lo cierto es que estas no afectan a la movilidad de los viandantes, al dejar totalmente libres las aceras. En los restantes 41 casos de calles y plazas, el Consistorio ha dado el parabién tras cerciorarse con “las actas de Policía e Inspección de los expedientes” que no hay alternativa al almacenamiento, aseguran.

Un caso curioso

Otro detalle que regula la ordenanza es qué la gravedad de cerrar muchos días, como por ejemplo vacaciones. Se dicta que es obligatorio que “todos los elementos deberán ser retirados si el establecimiento supera los 15 días consecutivos sin actividad al público”. De no hacerlo, igual que si se recoge cada noche con una demora inferior a una hora, la infracción se tipifica como “grave”. Supone una multa de entre 751 y 1.500 euros, con el agravante de que dos infracciones graves en menos de dos años puede suponer el cierre total de la terraza hasta tres meses.

El Ayuntamiento leonés asegura que en este casi año y medio sólo “se detectó el caso de un establecimiento en concreto” pero que no hubo sanción alguna porque “se solucionó con contacto con la propiedad y mediación, retirándose varios días después la terraza y cerramientos”.

A tenor de esta respuesta, ha habido un bar-restaurante muy conocido, situado en la Plaza de San Marcelo -frente a la sede de la Policía Local-, que resulta evidente que se libró de una multa municipal segura, ya que permaneció cerrado a la vista de todo el mundo por espacio de 21 días, con todo el material apilado en pleno centro histórico y turístico. Se trata, de hecho, del establecimiento que ya estuvo durante años en medio de otra polémica por el uso de un velador, que fue bautizado popularmente como 'mamotreto', con un permiso total del Consistorio tras un cambio de criterio radical, y sin embargo multado por Patrimonio de la Junta, que exigió su retirada.

Una tramitación lenta hasta ahora

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento aclara que la cifra de 423 terrazas actuales en León, una de las ciudades con más bares de España per cápita, es una cifra que irá cambiando lógicamente a lo largo del tiempo. Por un lado porque a fecha actual los recursos municipales se encuentran “próximos a alcanzar el 40% de las autorizaciones tramitadas” conforme a los informes de Inspección Viaria y la Policía Local, para certificar que cada velador cumple todos los criterios de la ordenanza, está al corriente de pago de la tasa (que también subió de precio con la nueva norma, algo que defendía el alcalde, José Antonio Diez) y puede continuar su actividad.

El ritmo aún es lento, en parte por el mal tiempo, aducen, pero comprometen que “la tramitación avanzará con mayor rapidez” a partir de ahora al ser más sencillo en las terrazas menos inspeccionadas, las de acera. Y es que estiman que sí se han visitado casi todas las 'terrazas Covid' en calzada, el 90% de ellas, a las que dan de plazo hasta junio para cumplir la obligación de instalar la plataforma elevada que las iguale a las aceras y permita la total accesibilidad de los clientes.

En todo este proceso podrá haber nuevas altas y nuevas bajas que siempre harán bailar la cifra exacta en cada momento. Pero la 'foto fija' actual da cuenta de cómo ha crecido en la ciudad de León el recurso de las terrazas al aire libre, no muchos años antes de la pandemia pero sobre todo a raíz de aquella época de restricciones.

El Ayuntamiento de León impulsa una estrategia basada en la sostenibilidad y el autoconsumo para reducir la factura energética municipal hasta en 620.000 euros al año y disminuir las emisiones, además de avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

Será a través de la instalación de un total de un total de 13 instalaciones solares fotovoltaicas en edificios municipales, diez de la cuales cuentan con sistemas de almacenamiento energético por baterías para conservar la energía generada, que según sus cálculos permitirán llegar a más de 100 puntos de consumo municipales. Es decir, estiman que el reparto podría alcanzar un radio de hasta 5 kilómetros desde cada punto de generación.

El proyecto supone la generación de 1.538,68 kilovatios de potencia total instalada y una capacidad de almacenamiento instalada de 1.970 kilovatios, lo que evitará la emisión de más de 860 toneladas de CO₂, cifró hoy el alcalde de León, José Antonio Alonso, en la presentación de las iniciativas.

Además, el ahorro económico estimado es de más de 620.000 euros anuales, y el alcalde ha indicado que, con estos datos, esperan que se pueda amortizar en un plazo de tres años la inversión de esta primera fase, que contemplaba la instalación de 2.481 placas, repartidas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde van las placas

Las placas se ubicarán en la llamada pérgola bioclimática del paseo de los Pendones Leoneses, que en realidad 'esconde' el intercambiador de autobuses urbanos y metropolitanos; los pabellones deportivos de San Esteban, el Margarita Ramos situado en el Polígono 10, el de la Torre y el situado junto al colegio de Luis Vives; las instalaciones del Servicio de Limpieza; los polideportivos de los colegios públicos de La Granja y de Quevedo; el centro cívico Ventas Oeste; el Centro de Acción Social (Ceas) Ventas Este y los polideportivos de Gumersindo Azcárate, Salvio Barrioluengo en el barrio de El Ejido y el de Puente Castro.

Cabe recordar que este último se inauguró tras años de promesas del equipo de Gobierno con el barrio, se invirtieron en él 2,3 millones de euros y tras la inauguración jamás se pudo utilizar por insalvables deficiencias de climatización, las cuales se contrataron después con la necesidad de volver a invertir otros  328.500 euros más. A día de hoy no consta que se pueda utilizar todavía.

El regidor, en rueda de prensa junto a varios técnicos, defendió hoy este sistema “pionero” de autoconsumo energético, que busca cumplir el objetivo de contar “con una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro”, que invierta en energía solar como inversión en seguridad y bienestar, ha asegurado.

La inversión total se sitúa “alrededor” de 2,5 millones de euros, cofinanciados con un millón de euros de la Unión Europea. Además, han remarcado que el Ayuntamiento de León ha ejecutado diferentes proyectos para el autoconsumo con los que generar una producción de energía limpia de 3,9 millones de kilovatios al año. Y es que al mismo tiempo resaltaron que estas nuevas placas se suman a las casi 5.000 existentes o en construcción (con una potencia total de 1.637 kilovatios) en ubicaciones como el Palacio de Exposiciones -tras siete años inactivas y una nueva necesidad de inversión-; el edificio municipal de Ordoño II; las piscinas de La Palomera, con cuantiosas reformas en marcha; el Parque de Bomberos, fruto de otra millonaria inversión de 3,3 millones; o el Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF), que también suma ya 7 millones en total.

El Foro por la Memoria de León denuncia una nueva vandalización del monumento que homenaje a los fusilados y fusiladas por el fascismo franquista en el Campo de Tiro de León. El monolito, inaugurado en 2023, ya ha sido víctima de varios actos vandálicos.

En este nuevo ataque, el monumento ha aparecido con pintadas que ocultan la bandera republicana y el texto que recuerda que en este lugar, ubicado en Puente Castro, miles de personas fueron asesinadas por la dictadura franquista. También se puede leer en esta pintada el nombre del partido Vox.

Hace casi un año, en mayo de 2025, el Foro por la Memoria reclamaba al Ayuntamiento de León una mayor protección de este monolito, después de sufrir una nueva vandalización. Sin embargo, tales medidas no se han llevado a cabo y los ataques continúan.

“El problema no es solo la reiteración del acto vandálico, que ya se produjo en años pasado por estas mismas fechas, cuando se va a celebrar el 14 de abril día de la República, sino la manifiesta obstinación de quienes pretenden que olvidemos o se esfuerzan por ocultar la barbarie de la dictadura franquista”, lamenta el Foro por la Memoria.

Todo ello, días antes de la celebración (frente a este monumento y el Cementerio de León) de un acto que homenajea a las víctimas de la dictadura que murieron defenriendo la democracia. El evento se celebra el sábado 11 de abril a partir de las 11 horas y cuenta con la participación de la Directora General de Memoria Democrática del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa; la escritora leonesa Sol Gómez Arteaga; el periodista y escritor Fulgencio Fernández; el representante del PCE de León Javier Lacalle; la historiadora Irene García Lino; y el representante del PCTE, Diego Puerta.

El homenaje incluirá también el acompañamiento musical de Pedro Gómez, a la dulzaina y la conducción del acto por Eloina Terrón Bañuelos, Directora de documentales de memoria histórica democrática. 

El Foro por la Memoria recuerda que “en las cunetas del silencio aún late la historia que quisieron borrar, pero hay manos que escarban la tierra no solo para hallar huesos, sino para devolver nombres, dignidad y memoria”. En memoria de estas víctimas y quieres recuerdan su legado se celebran estos actos.

Apenas finalizada la Semana Santa, y con los pies en el suelo, sin raseo procesional, sin capillo por mi parte, y con el velo de la duda a medias por las elecciones pasadas, con el eco de los rataplanes procesionales veamos algo de León, con la mejor de las intenciones.

Es humano dudar. Tanto da que las inquietudes vengan en son de fe, para creer en lo que no vemos, o de la peripecia humana, que cada día nos acosa más en nuestro vivir civilizado en un mundo donde vamos agotando las existencias.

Ahora “lo que toca es meter el dedo en la llaga a los de poca fe” para comprobar si los políticos, los hombres y mujeres dedicados a esta disciplina, que nos impone un vivir, del que discrepan otros del mismo ramo pero de distinta mano, a ver si traen veracidad. O si las promesas... ¡Eran un calentón!

Disciplina dije, y no es que sean disciplinantes ellos y ellas, al estilo de los picaos por ejemplo. ¡No! Lejos están del sacrificio, lo suyo es asegurarse estabilidad en su oficio, que es su modus vivendi, puede que como mejor opción personal, incardinada en una ideología, intentando que lo asumamos, y hasta lo consiguen bien encajados ellas y ellos en lo que llaman partidismo.

Éste, para nosotros los gobernados, se asemeja a fe en lo que el más alto dignatario pretende, y ellos, los palmeros, no los del hosanna palma en mano, sino los que batiendo palmas corean al jefe, en el intento, nos llevan, cual flautistas, a asumir y votar. Votar a su partido claro. Que es adhesión y exigencia para los suyos y conlleva lealtad. Y eco de oferta, anuncio generalizado de '“buenas obras”: una música que no se ha de volver a tocar.

¿Cuál es el futuro de León según Antonio Turiel?

Todo lo anterior de verdadera condición sociopolítica, pero elucubración al fin y al cabo, eso sí, con sabor aún a lo penitencial, viene dado tras la lectura del artículo de Antonio Turiel, el físico leonés: 'Distintas formas de ver León', donde se pregunta: ¿Cuál es el futuro que le espera a nuestra provincia? Y casi responde a sus cuestionamientos, y a fe que va con certezas caminando por el rumbo que se nos marca a los leoneses, como colistas irredentos de un ente que nos esquilma cada vez con más descaro.

No va a ir aquí una lista de agravios que se nos han inferido en plan autonómico, que la hay, y bien engordada, sino apoyados en los 'condicionantes Turiel', digamos medioambientales, componiendo un cuadro para la ciudadanía leonesa, esa que vota por partidismo ideológico, cuando no por seguidismo insulso, y en verdadera mayoría, y esto es lo alarmante, no teniendo en cuenta el deseo mayoritario de viajar solos en autogobierno, como proclaman unos dentro del meollo, o bendecimos otros, desde la orilla.

Los cuestionamientos de Turiel, el físico, sobre esta tierra leonesa, son demoledores. Una tierra de extracción, y cita el carbón que NO dejó valor añadido, al igual que el agua embalsada y las centrales hidroeléctricas productoras de electricidad que se llevaron con grandes tendidos, a veces abriendo caminos destructores, hacia polos de desarrollo para que en otros sitios floreciera la industria… “la energía pasa de largo”… ¡IUnaudito!

Mañueco, lo debió de leer, dado que en sus promesas electorales iba: “La energía no puede pasar de largo en León, tiene que traer industria”. Le quedó bonito de palabra. Ahora a esperar… ¡Tomada nota!

Y todo ello nos ha venido siendo impuesto desde los gobiernos que en Madrid han sido. Asumiendo de paso, que en el ente autonómico donde nos empujaron a estar los nuestros, y todos nos tienen bloqueada la puerta de salida con total injusticia constitucional. Lejos de ayudarnos en las movilizaciones defensivas, han entrado también en fase de aprovechamiento, los de aquí nos han vendido, se manejan cual corifeos, y el pueblo abducido, acompaña con el voto.

“Las macroplantas de biogas, nunca han sido rentables” y añade más Turiel: “Ni jamás lo serán”. Y luego está la biomasa, para que nos quememos en salud: “Acabando con nuestros bosques. León un erial contaminado y tóxico”. Parece apocalíptico. Personalmente le creo, no tengo necesidad de meter el dedo en la llaga, tengo fe en su palabra, y nadie, con prestigio profesional ha salido demostrando lo contrario.

“León puede y debe dar de todo, desde alimentos a materiales, de energía a agua. Todo lo tenemos aquí. Solo nos falta tener fe en nosotros mismos. Y saber decir que no cuando conviene”.

Pero, a tenor de los resultados electorales, seguimos alentando a los maltratadores… “apasionadamente”.

La oposición social y vecinal a la macroplanta de incineración de biomasa y a la Red de Calor que la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta de Castilla y León, pretende ejecutar en Puente Castro con total respaldo del Ayuntamiento de León protagonizará una charla informativa el lunes 23 en el Centro de Mayores del barrio.

El encuentro, bajo el lema ‘¿Qué aire queremos respirar?’, abordará los posibles impactos ambientales y sanitarios de estas instalaciones energéticas y de incineración proyectadas para el sureste de la ciudad.

La convocatoria está organizada por la Plataforma León Sur y contará con la participación de representantes de colectivos ambientales y jurídicos, en un contexto de creciente movilización vecinal contra lo que consideran una concentración de infraestructuras perjudiciales en la zona. Participarán expertos en la materia desde distintos ámbitos, como José Antonio Gómez Liébana, de Arba; Elena de la Puente Fra, de Bierzo Aire Limpio; o el abogado Víctor Álvarez Bayón, junto a Carlos Martínez de la asociación vecinal de Nava, Afubiona.

En paralelo, el partido político Alantre ha expresado públicamente su apoyo a las reivindicaciones del vecindario de Puente Castro, enmarcando su posicionamiento dentro del debate territorial y social que precede a las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León. La formación advierte de la “creciente preocupación vecinal” por la acumulación histórica de equipamientos e instalaciones de impacto en el barrio, que lo está convirtiendo en una “zona de sacrificio” dentro del municipio de León, sostienen.

Desde Alantre se recuerda que Puente Castro ha soportado durante décadas decisiones urbanísticas que concentran usos considerados molestos o problemáticos, como el traslado del cementerio municipal a comienzos del siglo XX o la ubicación del Hospital Psiquiátrico Santa Isabel, inaugurado en 1965. A estos antecedentes se suman ahora la proyectada macroplanta de biomasa promovida por Somacyl y la intención municipal de desarrollar un nuevo polígono industrial en su entorno.

La formación política sostiene que estos proyectos podrían incrementar el tráfico pesado, el ruido y la degradación ambiental, sin beneficios claros para la población residente, y denuncia que ningún partido de la oposición municipal haya exigido compensaciones para el barrio.

Por ello, Alantre reclama al Ayuntamiento de León medidas compensatorias urbanísticas, sociales y económicas para Puente Castro, así como una revisión del modelo de planificación que, a su juicio, está concentrando de manera sistemática impactos negativos en determinados barrios. La cohesión urbana y la justicia territorial, señalan, requieren un reparto más equilibrado de cargas y beneficios en el conjunto de la ciudad.

Más de un centenar de personas han protagoniza este jueves tarde una pitada ante la sede del Ayuntamiento de León en la avenida Ordoño II de la ciudad en protesta por el macroproyecto de renovables que la Junta de Castilla y León y el consistorio leonés tienen previsto ejecutar en el barrio de Puente Castro del municipio.

Este proyecto, que ha generado un importante rechazo vecinal en los barrios del sur de la ciudad tras peregrinar por otras ubicaciones, se compone de una macroplanta de combustión de biomasa, hidrógeno, gas y solar por 85 millones para suministrar energía a la red de calor de la ciudad que propone realizar la Junta de Castilla y León. Cuenta el respaldo explícito del alcalde socialista de León, José Antonio Diez, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones.

El movimiento vecinal de rechazo ya ha realizado varias protestas multitudinarias y recaudado fondos para interponer un pleito judicial buscando su anulación. Consideran que el macroproyecto no cuenta con todas las garantías ambientales por su ubicación tan cercana a núcleos de viviendas y que su tramitación no cumple con la normativa ambiental vigente.

En la sonora pitada de esta tarde han anunciado que el 12 de febrero se realizará una jornada informativa en el salón de actos del CHF para saber cómo están los procesos jurídicos.

La plataforma considera que el alcalde de León “padece de sordera selectiva” por atender las reivindaciones vecinales de rechazo al autobús por las vías de Feve pero no escuchar las protestas de los vecinos del sur de la ciudad de rechazo al proyecto energético.

Entre los asistentes a la manifestación se encontraban la número dos del PSOE de Castilla y León y candidata en las elecciones autonómicas, Nuria Rubio, así como Benjamín Fernández, también candidato en ls listas autonómicas, que ya comenzaron la campaña “sorprendidos” por la cercanía del alcalde socialista al cuestionado consejero de Medio Ambiente del PP.

La Plataforma León Sur ha convocado una nueva protesta en la ciudad de León para mostrar su rechazo al proyecto de la macroplanta de biomasa y al conjunto del complejo energético previsto al sur de la capital, junto al cementerio municipa, en Puente Castro. La movilización tendrá lugar el jueves 29 de enero, a las 19.00 horas, frente a la sede administrativa del Ayuntamiento de León, en la avenida de Ordoño II.

Desde la plataforma vecinal, integrada por municipios y barrios del sur de León, reiteran su exigencia de paralización inmediata de un proyecto de la Junta a través de Somacyl que, a su juicio, “dista mucho de ser una iniciativa de energía renovable”. Según denuncian, las dimensiones del complejo y su planteamiento evidencian que “el objetivo real es justo el contrario al que se pretende vender a la ciudadanía”.

El colectivo carga especialmente contra el Ayuntamiento de León y su alcalde, José Antonio Diez, al que señalan como “máximo responsable” de haber avalado la operación apoyando totalmente la iniciativa y a su principal valedor político, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, incluso frente a las críticas al proyecto del líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón. Les señalan por anteponer -según afirman- intereses económicos a la salud pública y la protección del entorno. La plataforma considera que la escucha a los vecinos por parte del equipo de gobierno municipal es “selectiva” y denuncia una gestión desigual entre barrios, tras descartarse hasta por tres veces en otros emplazamientos del norte de la capital.

En el comunicado difundido con motivo de la protesta, León Sur también critica la implicación de la Junta de Castilla y León y de la empresa pública Somacyl, a la que recuerdan que el propio alcalde calificó en el pasado como la “empresa B” de la Junta o “chiringuito”. A su juicio, el proyecto responde a una estrategia impuesta desde la administración autonómica, sin un debate real ni transparente con la ciudadanía afectada.

La protesta se enmarca en el rechazo al denominado ‘Proyecto Regional’ de energías renovables impulsado por Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. El complejo, con una inversión anunciada superior a los 70 millones de euros, se plantea como una red de calor sostenible que incluirá plantas de combustión de biomasa, producción de hidrógeno verde, generación de biogás a partir de residuos y un parque solar.

Según el planteamiento oficial, la red de calor daría servicio de calefacción y agua caliente sanitaria a unas 28.000 viviendas y 150 edificios, además de producir hidrógeno verde para movilidad y usos industriales. El emplazamiento elegido es una parcela de unas 22 hectáreas en Puente Castro, junto al cementerio municipal, entre los ríos Bernesga y Torío y lindando con la Ronda Sur LE-30, una ubicación que ha generado numerosas críticas vecinales por la proximidad a zonas habitadas y el temor a posibles impactos ambientales.

La Plataforma León Sur advierte de que la contaminación, los olores y los gases tóxicos afectarían a toda la ciudad y no solo a los barrios del sur, y alerta también del impacto de las obras y de los “destrozos” en el entorno natural. Asimismo, muestra su apoyo a otras plataformas vecinales que están surgiendo en la provincia contra proyectos de biomasa, biogás y similares, y rechaza que León se convierta, en sus palabras, en “el estercolero de una Comunidad profundamente desigual en inversiones”.

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de León, y subsidiariamente contra la empresa concesionaria del mantenimiento de zonas verdes, por la tala del bosque de ribera en el río Torío a su paso por Puente Castro.

La actuación, ejecutada el pasado octubre, afectó a un tramo de no menos de cien metros, según la organización ecologista.

La denuncia, reiterada dos meses después de la primera sin respuesta, sostiene que se ha arrasado “a matarrasa” la vegetación de ribera, cortando por su base decenas de árboles autóctonos de gran porte —sauces, alisos, fresnos y álamos negros— y eliminando toda la vegetación arbustiva.

“Una actuación de estas características en modo alguno puede encontrar amparo en la legislación que protege el dominio público hidráulico”, ha advertido el colectivo tras calificar lo ocurrido como “grave agresión ambiental” sobre un ecosistema especialmente rico, hábitat de numerosas especies y corredor ecológico que contribuye a mitigar los efectos de las avenidas.

Ecologistas en Acción ha recordado que el incumplimiento de las condiciones recogidas en la declaración responsable presentada ante la CHD puede constituir una infracción “desde leve hasta muy grave”, en función de los daños ocasionados al dominio público hidráulico.

Por ello, ha reclamado que la CHD actúe “en ejercicio de sus competencias” y sancione la tala indebida y la eliminación total del bosque de ribera.

La organización ha criticado además la “marca de la casa” de la Concejalía responsable, que atribuye a una política reiterada de “arboricidios” en la ciudad. “Éste, por su magnitud y afección al dominio público hidráulico, no debería quedar impune”, ha subrayado.

El Ayuntamiento de León, por su parte, ha defendido la intervención en un informe técnico fechado el 7 de octubre.

El documento, firmado por el responsable del Servicio Municipal de Espacios Verdes, justifica la actuación por “criterios hidráulicos, estructurales y ambientales”, tras constatar una acumulación de vegetación espontánea en el cauce y las escolleras del Torío, sin labores de limpieza en al menos cinco años.

Según el informe, la proliferación de árboles y arbustos había comenzado a comprometer la estabilidad de las escolleras y la cimentación del puente de Puente Castro, además de reducir la capacidad hidráulica del cauce, “con el consiguiente riesgo potencial de desbordamientos e inundaciones en episodios de crecida”.

El técnico municipal asegura que se respetó la vegetación autóctona y que la eliminación se centró en especies invasoras como ailanto, falsa acacia y buddleja, cuya expansión “dificulta la regeneración natural de la flora ribereña”.

La actuación, añade el informe, se comunicó previamente a la CHD mediante declaración responsable y se considera “plenamente respetuosa con la normativa vigente en materia de aguas, medio ambiente y protección de cauces”, ajustándose a los criterios de “mínima afección y reversibilidad” exigidos por el organismo de cuenca.

Mientras el Ayuntamiento insiste en que los trabajos fueron “selectivos” y necesarios para garantizar la seguridad hidráulica y estructural, Ecologistas en Acción sostiene que el resultado evidencia lo contrario: “Se actuó prescindiendo del informe técnico y probablemente en contra de las previsiones contenidas en la declaración responsable”, ha denunciado la organización.

El colectivo ecologista ha concluido que no hay justificación para una “intervención sobredimensionada” que ha destruido un bosque de galería, clave para la biodiversidad y la protección frente a avenidas. La última palabra la tendrá la CHD, a la que se ha pedido que determine si hubo infracción y, en su caso, imponga sanción.

Ecologistas en Acción de León ha perdido una batalla pero ni mucho menos da por perdida la guerra contra la instalación de una serie de macroplantas de incineración de biomasa, hidrógeno y placas solares para alimentar la llamada Red de Calor que la Junta de Castilla y León impulsa para el sur de la ciudad de León en el barrio de Puente Castro.

En concreto, la organización conservacionista, tras conocer que un juzgado de León ha desestimado a través de una sentencia su denuncia contra la fórmula de cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de León, que consideran ilegal por varios motivos, ha decidido seguir pleiteando en instancias superiores. En concreto, a través de un comunicado anuncian la presentación de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.

Y es que, al contrario que el juez en León, ellos creen que está demostrado que hay suficientes motivos de nulidad en  la concesión privativa del dominio público, del terreno que el equipo de Gobierno municipal que preside el alcalde José Antonio Diez aprobó el 26 de mayo de 2023 a favor de la empresa pública de la Junta Somacyl en el llamado Soto de Santa Olaja, suelo rústico protegido del barrio leonés de Puente Castro.

Entre sus argumentos, en los que insistirán ante el TSJ tras no tener éxito en primera instancia, están que esa concesión se otorgó sin conocimiento de toda la Corporación municipal, ya que no pasó por el Pleno, así como tampoco se sometió a información pública la documentación necesaria, es decir, la memoria justificativa, planos, pliegos de condiciones y presupuesto. Creen que habrían sido pasos imprescindibles “para acreditar y justificar debidamente el alcance de todas y cada una de las actividades que se proyectan sobre los terrenos del dominio público concesionado”. En su día lo resumieron muy gráficamente llamando a estas maniobras “una estafa con recochineo”.

Los argumentos, uno a uno

Ahora, impugnarán esta sentencia de León por considerar que “no se se han valorado de manera adecuada” los efectos de la concesión demanial con las máximas garantías, “en atención a la naturaleza del bien concesionado y al uso que de él se pretende”. Estiman que se produce en este caso una “falta de ajuste de la concesión al procedimiento establecido en el Reglamento de Bienes de las Entidades, plenamente vigente y de aplicación a todas las concesiones demaniales, no solo a las que se otorgan en régimen de concurrencia, sino también a las que se adjudican directamente entre administraciones, como en este caso, entre el Ayuntamiento de León y Somacyl”.

La concesión a la sociedad conocida como 'Junta B', no pocas veces tildada de “chiringuito”, e incluso criticada en su día por el propio alcalde leonés, se hace no sólo de las 24 hectáreas del Soto de Santa Olaja sino que también se le cede el subsuelo de 127 calles de la ciudad para la apertura de las zanjas que albergarán las tuberías de la Red de Calor. Recuerdan que el terreno designado y cedido, situado entre el cementerio municipal y el río Bernesga, “está doblemente protegido por el PGOU de León, que lo ha clasificado como suelo rústico con protección natural, por los valores naturales que alberga, y con protección especial”. Suficiente, cree 'Ecologistas', para desaconsejar su urbanización.

Además, recuerdan que todas las plantas proyectadas, varias de ellas con combustión, están sujetas a evaluación y autorización ambiental, “por su potencial impacto negativo sobre el aire, el agua y el suelo”, defendiendo este colectivo, como la plataforma vecinal creada en contra, que la ubicación es “especialmente inadecuada” en el casco urbano de León por la cercanía de viviendas de barrios enteros, como La Lastra y Puente Castro.

Estiman que “al otorgarla no se han respetado los principios de precaución y de no regresión ambiental, que deben presidir la toma de decisiones de la Administración en asuntos con repercusión sobre el medio ambiente”. Son varios los artículos de numerosa legislación la que esgrimirán ante el TSJ para intentar que este litigio se mantenga vivo, aunque no es el único judicializado, ya que por ejemplo también se pleitea contra la decisión de la propia Junta, es decir, otorgándoselo a sí misma, de blindar el proyecto como de 'Interés Regional'.

La alimentación y la gestión ganadera de los habitantes del vicus romano de 'Ad Legionem', la gran población civil aledaña al campamento romano legionense que se encontraba en la calzada romana antes de cruzar el río Torío bajo el subsuelo de Puente Castro en León, ha sido reconstruida gracias a una Tesis Doctoral, aprovechando las excavaciones arqueológicas de 2010 antes de que se taparan los restos.

Así, las constumbres alimentarias de los romanos que vivían al lado del campamento romano Castra Legio, fundado por la Legio VI Victrix (en el 29 antes de Cristo y presente en el campamento hasta el 70 después de Cristo) y ocupada después por la Legió VII Gemina (acantonada desde el 74 d.C. hasta el siglo IV-V de nuestra era) han sido objeto de un exhaustivo estudio zooarqueológico que arroja nuevas luces sobre la vida cotidiana en este enclave civil vinculado al campamento militar..

La investigación a la que ha tenido acceso la Agencia EFE ha sido desarrollada por el historiador Pedro Mateo Pellitero y defendida como tesis doctoral en la Universidad de León (ULE), analiza más de once mil restos óseos animales recuperados en excavaciones realizadas en 2010, y permite reconstruir con precisión los hábitos alimenticios, económicos y sociales de esta población entre los siglos I y III d.C, es decir, durante la estancia de la Legio VII Gemina Pia Felix.

El trabajo, titulado 'Estudio y análisis zooarqueológico del yacimiento de 'Ad Legionem' (León)', se enmarca en el programa de doctorado 'Mundo Hispánico: Raíces, Desarrollo y Proyección', y ha sido dirigido por el profesor Carlos Fernández Rodríguez.

Utilizando técnicas avanzadas de Zooarqueología y Tafonomía, el estudio identifica las especies consumidas, estima la edad y el sexo de los animales, calcula su talla y biomasa, y analiza las huellas de carnicería y tracción, así como los procesos de enterramiento y alteración postdeposicional.

Terna doméstica: vacuno, ovino y porcino

Entre las principales conclusiones destaca el predominio de la llamada 'terna doméstica' —vacuno, caprinos (oveja y cabra) y porcino— que representa el 96% de los restos identificados. El vacuno, con 113 individuos estimados y una biomasa de más de 45 toneladas, era la especie más consumida, seguida por los caprinos y los suidos (mamíferos ungulados que incluyen a los cerdos y los jabalíes).

La mayoría de los animales eran adultos, lo que indica un aprovechamiento intensivo de recursos secundarios como leche, lana, pieles y fuerza de trabajo antes del sacrificio para consumo cárnico.

El estudio también revela la presencia de especies silvestres como ciervo, corzo, jabalí, conejo y liebre, así como aves (gallina, paloma, perdiz), équidos (caballo, asno, híbridos) y carnívoros (perro, gato, zorro), lo que completa un panorama faunístico diverso y complejo.

Las marcas de carnicería halladas en más del 60% de los restos analizados evidencian prácticas sistemáticas de despiece, descarnado y despellejado, mientras que las huellas de tracción en metápodos de vacuno sugieren su uso en labores agrícolas.

Uno de los hallazgos más significativos es el aumento de la talla de las especies domésticas respecto a cronologías prerromanas, lo que se interpreta como un efecto directo del proceso de romanización.

Los datos biométricos del ganado de 'Ad Legionem' coinciden con los de otros enclaves plenamente romanizados de la península ibérica y Europa, lo que refuerza la idea de que este vicus fue un núcleo activo de aculturación y sinergia entre lo indígena y lo romano.

Cuestionado 'Ad Legionem' como centro logístico

Además, el estudio cuestiona la visión tradicional de 'Ad Legionem' como mero centro logístico de abastecimiento militar. Según Pellitero, “la evidencia faunística sugiere que el vicus funcionaba más como un centro consumidor que como productor, ofreciendo bienes y servicios diversos a la legión y al entorno”.

Esta reinterpretación se apoya en la localización del yacimiento, a una legua (2,2 kilómetros) del campamento, fuera de su jurisdicción directa, y en su evolución posterior como civitas y sede episcopal.

La tesis también compara los patrones alimenticios de 'Ad Legionem' con los de otros yacimientos peninsulares y europeos, clasificándolo dentro de la tradición atlántica, caracterizada por una relativa continuidad con las prácticas prerromanas. En este sentido, el enclave leonés se presenta como un punto de fusión entre lo civil y lo militar, y entre lo indígena y lo romano, con peculiaridades que lo hacen único en el contexto hispano.

Este trabajo, que combina rigor científico con una mirada humanista, contribuye de forma decisiva al conocimiento de la romanización en el noroeste peninsular y al papel de los asentamientos civiles en la articulación del territorio. La Universidad de León suma así una nueva aportación al estudio de la historia antigua y la arqueología de Hispania. 

Crece la ofensiva judicial contra la macroplanta de incineración de biomasa y la red de calor prevista por la Junta, con apoyo del Ayuntamiento de León, en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital y junto al cementerio municipal y los dos ríos de la ciudad.

La Plataforma Vecinal León Sur Hoy ha dado hoy a conocer que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León asume, admitiendo a trámite, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ello en contra de la decisión de nombrar como 'Proyecto Regional' este complejo de Energías Renovables, con más de 70 millones de inversión anunciados por parte de la empresa pública Somacyl, de la Consejería de Medio Ambiente que preside el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Aunque en realidad es un mero trámite inicial, la plataforma celebra este paso judicial como “una victoria ciudadana en defensa de la salud, la seguridad y el bienestar frente a un proyecto que responde a intereses políticos y económicos alejados de la ciudadanía y que constituye un auténtico pelotazo con fondos europeos”, aseguran en un comunicado.

Los vecinos afean especialmente que la Junta vaya a financiar esta infraestructura con millonarios fondos de transición ecológica y reindustrialización que debían destinarse a las cuencas mineras del Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa, tal y como investigó e informó en exclusiva ILEÓN. Tras la decisión del Alto Tribunal, ahora la Junta dispone de veinte días para remitir el expediente administrativo y justificar la total legalidad del proyecto.

Desde la Plataforma León Sur insisten en que “cada paso que den notarán nuestro aliento” y aseguran que impugnarán todos los actos administrativos relacionados con la central de biomasa, mientras acusan directamente al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y al alcalde José Antonio Diez de “vender a su ciudadanía por 84 millones de euros”, cifra que dieron en un primer momento al presentar el complejo, en otoño de 2022.

Otra vía de recurso que puede ser avalancha

En paralelo, Ecologistas en Acción de León ha anunciado hoy la presentación de un nuevo recurso de reposición contra la autorización ambiental de la misma central térmica de biomasa, cuya publicación se repitió en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 9 de octubre tras detectarse defectos de forma.

En una nota de prensa, la organización considera que la autorización es nula de pleno derecho, tanto por deficiencias procedimentales -al no haberse sometido la planta a la evaluación ambiental correspondiente- como por incumplimientos de la normativa de calidad del aire, ya que la instalación, de 88 megavatios de potencia previstos en las dos fases en que se ha diseñado, se ubicaría en el casco urbano y permitiría emisiones en los rangos más permisivos de contaminantes peligrosos, como por ejemplo el benzopireno.

Ecologistas en Acción también critica el argumento oficial del Ayuntamiento y de la Junta de que la planta reducirá la contaminación, calificándolo de “falaz”, ya que las calderas que sustituiría funcionan mayoritariamente con gas natural, un combustible mucho menos contaminante. Además, advierten de la falta de planificación en el suministro anual de 128.000 toneladas de biomasa forestal y de la ausencia de estudios sobre demanda energética, ciclo del agua o movilidad en la zona.

En esta fase cabe la presentación de recursos ciudadanos individuales y por ello, para facilitar la máxima participación, la asociación ha puesto a disposición del público un modelo de recurso en formato Word (disponible para su descarga pinchando aquí) que puede presentarse con argumentos propios o adaptados. la fecha límite es el 10 de noviembre y debe dirigirse al propio consejero Suárez-Quiñones.

El Ayuntamiento de León avanza con los trámites para la ejecución de las obras de reurbanización del entorno del Pabellón Polideportivo de Puente Castro. Junto a él, el Consistorio de la capital leonesa pondrá en marcha una nueva zona ajardinada que, además, estará dotada de instalaciones deportivas al aire libre. La Junta de Gobierno Local celebrada este viernes ha dado el visto bueno a la adjudicación de las obras que supondrán una inversión de 294.016,59 euros.

La empresa adjudicataria ha sido Globalia Urbanismo Integral, que tendrá seis meses para la adecuación y urbanización del entorno del citado Pabellón una vez formalizan el contrato y firmen el acta de inicio de las obras.

El nuevo parque se ubicará entre las calles Villareal y Rosalía de Castro y la avenida de la Lastra. Contará con accesos mediante rampas por sus cuatro esquinas hacia una zona pavimentada interior, que albergará, además de la pista polideportiva existente, tres semi canchas de baloncesto, una mesa de pin pon, dos mesas de ajedrez, bancos y demás mobiliario urbano.

El proyecto de los técnicos describe que esta actuación pretende aprovechar la acumulación de tierras resultado de la urbanización inicial de la zona para crear una barrera visual entre el interior del parque y las calles circundantes mediante zonas verdes perimetrales y una zona estancial y de actividad interior. Las áreas de circulación se pavimentarán con hormigón lavado, lo que proporcionará al espacio un aspecto más natural con las ventajas de un escaso mantenimiento.

En los laterales del área sobre la que se actuará se habilitarán zonas ajardinadas con especies arbóreas de arce pretendiendo que, en verano, dada la permeabilidad del terreno resultante, se reduzca el almacenamiento de calor. En ella se instarán mesas de picnic, generando un espacio de refugio urbano de vegetación y dotaciones deportivas.

El área servirá también para otros usos sociales, como puede ser la celebración de eventos, por lo que dispondrá también de un punto cercano de toma de corriente para poder albergar eventos culturales, lúdicos o recreativos.

Licencias de obras para 129 nuevas viviendas

Asimismo, la Junta de Gobierno de Local de este viernes ha aprobado diversos expedientes relacionados con licencias de obras, aprobando dos nuevas que sumarán 129 viviendas en la ciudad.

La primera de ellas da luz verde a un proyecto de 70 viviendas con trasteros, garajes y local comercial en la zona de la Universidad, concretamente en la Parcela R8-1 A en la avenida Emilio Hurtado. La segunda se trata de unas obras para la ejecución de 59 viviendas con garajes y trasteros en dos parcelas, la 16.2 y 16.3 de La Lastra, en la calle José Tejera, número 1.

Ambas licencias se aprueban tras su paso por la Comisión de Desarrollo Urbano que las dictaminó favorablemente por unanimidad. Estos datos muestran el dinamismo económico y crecimiento demográfico que está experimentando la ciudad, como se refleja en el padrón de habitantes que ya supera los 130.000 residentes en la capital leonesa.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha justificado hoy la tala de numerosos árboles en la orilla del Torío por razones de “seguridad”, ante las críticas de Izquierda Unida y del colectivo conservacionista Ecologistas en Acción. Según explicó hoy tras una visita institucional en las proximidades, se trató de una medida que ha afectado a las especies más invasoras y aquellas que poco a poco han colonizado el cauce del río, motivo por el que según el Consistorio estaban dificultando la propia circulación hídrica de la vía fluvial.

El regidor ha subrayado que la actuación llevada a cabo en el barrio de Puente Castro estaba autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), ya que la vegetación también estaba poniendo en riesgo parte de la cimentación del histórico puente ubicado en esta zona del río Torío.

“Había que tomar las medidas correctoras para evitar estos daños y son básicamente apeos y desbroces, que han respetado las especies fluviales, y que facilitan el transito por la zona de los ciudadanos”, ha añadido Diez.

Tanto IU como Ecologistas han lanzado duras críticas a la tala de árboles y la eliminación de buena parte del bosque de ribera en el cauce del río Torío, a su paso por Puente Castro, que han condenado y calificado como “una nueva agresión ambiental” en la ciudad.

IU ha apuntado que la actuación responde a una visión “anticuada y estética” que confunde orden con hormigón y limpieza con eliminación de vida, a la vez que destaca que las riberas y sus zonas de sombra son esenciales para la biodiversidad y el bienestar vecinal. Asimismo, ambas organizaciones han recordado antecedentes recientes como las talas en el parque de la Granja, el entorno del Bernesga y el paseo de Papalaguinda.

La Unión del Pueblo Leonés exigió hoy en el pleno de las Cortes en Valladolid a la Junta de Castilla y “León que cualquier proyecto energético se haga con transparencia, control ambiental real y con la participación de la ciudadanía”.

Así se lo demandó el procurador berciano de UPL, José Ramón García, al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones en la cuestión realizada este martes en la sesión plenaria de las Cortes de Castilla y León.

García ahondó en la problemática generada por los proyectos de las redes de calor de Ponferrada y León en la que pidió a la Junta que “escuchen a la sociedad y, especialmente, a los vecinos y vecinas que tendrán que convivir con estos proyectos”. Y más, cuando estos dos proyectos que deberían “simbolizar el futuro verde” de esta tierra han tornado en el mejor ejemplo de “improvisación, mala planificación y desprecio hacia los vecinos”.

Ponferrada: dos sentencias en contra

En el caso de Ponferrada, evidenció como un modelo de sostenibilidad anunciado en 2015 con más de 12 millones de euros de inversión ha terminado dos veces en los tribunales. En este sentido, remarcó como el juzgado anuló todos los permisos de la central de biomasa por irregularidades, al tiempo que los vecinos sufrieron los problemas de las “calles levantadas, los escapes de gas y las molestias constantes”.

“No aprenden o no quieren aprender, por soberbia”, reconoció el leonesista, que recordó que “si fue grave lo de Ponferrada, lo de León roza la desvergüenza”. De este modo, puso de manifiesto como la Junta ha decidido gastar 22,6 millones de euros del Fondo de Transición Justa en levantar una macroplanta de biomasa y una red de calor y que “ni siquiera los vecinos quieren”.

La red de calor de Puente Castro en León

El procurador berciano de UPL señaló que los barrios de Puente Castro o La Lastra, que ya firmaron en contra, “se enteraron del proyecto cuando ya estaba adjudicado, viva la transparencia de la Junta y de su centralismo”. “Lo más triste es que las cuencas mineras siguen esperando proyectos que generen empleo real para evitar esa despoblación nada deseada, la Junta reparte esos fondos en la ciudad de León”, sentenció.

Por todo ello, según una nota de prensa de la propia UPL, cuestionó a la Junta “para quién gobiernan” si no se escucha a los vecinos que no quieren este proyecto, no se cumple la ley y no se respeta el sentido de los fondos europeos. Para colmo, enfatizó, cuando los tribunales corrigen sus abusos como en Ponferrada corren “a recurrir las sentencias para ganar tiempo y seguir gastando, mientras la sociedad vive en la incertidumbre”.

En esta tesitura, García exigió que “se acaten las sentencias judiciales” y se restituyan los daños a los vecinos y que los fondos de transición justa “vuelvan a las cuencas mineras”, donde realmente se necesitan. “Lo que están haciendo ni es transición justa, ni modelo de sostenibilidad, ni ecología, ni es justo con la sociedad leonesa, ponferradina, ni para los pueblos de las cuencas mineras. Todo lo que está ocurriendo es una injusticia con sello institucional”, concluyó.

“Devuelvan el dinero de la Transición Justa a las cuencas mineras”

En la sesión de control al Ejecutivo, el procurador de UPL José Ramón García exigió a la Junta que escuche a los vecinos de la capital leonesa que se oponen al proyecto, que denunció no se ha tramitado con transparencia. Además, censuró que se desvíen más de 22 millones de euros de los fondos de transición justa de las cuencas mineras hacia la ciudad de León para el proyecto de la Red de Calor de Puente Castro. “La sociedad no olvida, ni olvidará”, advirtió al consejero.

Por su parte Suárez-Quiñones defendió los beneficios para los particulares y las administraciones porque ofrece estabilidad en los precios y seguridad del suministro, además de una “purificación” del ambiente de las ciudades. A su juicio suponen una oportunidad de “modernidad” para León y Ponferrada, que se sumarán a la nómina de ciudades que ya disponen de una red de calor, como Valladolid, Ávila, Palencia o Soria.

Finalmente, el procurador de UPL aseguró que se trata de un “centralismo disfrazado de ecologismo” y pidió a la Junta que acate las sentencias que han anulado los permisos para las obras previstas en Ponferrada, que acumulan en su opinión “diez años de penurias e incertidumbre”.

La Red de Calor de Puente Castro se hará, afirma el consejero

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró sin pestañear que “se iniciará próximamente” la construcción de la red de calor y su central en León, mientras se trabaja en la ampliación de la actuación en Ponferrada. A estas actuaciones, indicó, le seguirán otras en Salamanca, Segovia, Medina del Campo (Valladolid) o Villablino. 

El titular de Medio Ambiente defendió que no iban a renunciar al proyecto de la red de calor que señaló supondrá una inversión de más de 80 millones, a los que se unen otros 20 para Ponferrada, lo que generará unos 250 empleos durante la construcción, 35 para su funcionamiento y 100 para la recogida de biomasa en el monte.

Izquierda Unida y Ecologistas en Acción han denunciado las talas que se han producido a la orilla del río Torío, a su paso por el barrio de Puente Castro de la ciudad de León. Ambos señalan al Ayuntamiento de León como impulsor de este nuevo 'arboricidio', aunque Izquierda Unida acusa también a UPL y a Confederación Hidrográfica del Duerdo (CHD) por autorizar estas actuaciones.

Ecologistas califica las talas como un “destrozo” ocurrido en las inmediaciones del puente de piedra del barrio de Puente Castro, del que responsabiliza al Ayuntamiento de León, que “al parecer con medios propios, está eliminando por completo la vegetación de ribera de ambas márgenes del río Torio”.

La organización alerta de que por ahora el tramo afectado se extiende a 70 metros, pero podría afectar a una superfiecie de 200 metros: “Si la intervención se debe al debido mantenimiento (constructivo y/o funcional) del Puente, está absolutamente sobredimensionada e injustificada”.

“Arrasar la vegetación de ribera con una intervención de estas dimensiones carece de sentido y supone una grave agresión ambiental sobre un ecosistema fluvial especialmente rico como es el bosque de galería, corredor ecológico, hábitat de multitud de especies, acuáticas y ribereñas, de flora y fauna”, critican Ecologistas en Acción.

Del mismo modo, Izquierda Unida muestra su “total rechazo y condena” ante esta intervención: “Esta actuación, impulsada desde el Ayuntamiento de León a instancia de la UPL y autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), constituye una nueva agresión ambiental en nuestra ciudad y un ejemplo de barbarie ecológica institucionalizada”.

Izquierda Unida critica que este episodio se suma a otros que ya han denunciado en la ciudad de León: “Lo ocurrido no es una excepción, sino un episodio más de una cadena de talas injustificadas y mal llamadas 'actuaciones de mantenimiento'” que el Ayuntamiento de León lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad desde hace años.

“Resulta inaceptable que se sigan repitiendo intervenciones que destruyen ecosistemas consolidados, zonas de sombra y corredores verdes fundamentales para la biodiversidad y para el bienestar vecinal. Los ríos no necesitan excavadoras, sino respeto y gestión sostenible”, critica el grupo de Izquierda Unida en León, que identifica este tipo de actuaciones como una visión “anticuada, cortoplacista y puramente estética, que confunde el orden con el hormigón y la limpieza con la eliminación de vida”.

Izquierda Unida reclama la paralización de esta intervención en el cauce del Torío, así como la realización de una auditoría ambiental independiente sobre los daños causados en la ribera, así como un plan de restauración y una explicación del Ayuntamiento sobre los criterior técnicos e informes medioambientales que justifican esta intervención. Además, Ecologistas reclama que el Gobierno o la Junta impongan sanciones para el Ayuntamiento de León.

El contestado proyecto de red de calor en León, con varias macroplantas energética de incineración en el barrio de Puente Castro, que cuenta con una creciente oposición vecinal en la calle, será financiado con 22,6 millones de euros del llamado Fondo de Transición Justa. Es decir, que gran parte de su financiación será con un dinero ideado y pagado por la Unión Europea a las regiones mineras para facilitar la transición ecológica que supuso el fin de la extracción del carbón, una conversión muy dura en la montaña leonesa.

El proyecto energético de la Junta de Castilla y León, promovido por la consejería de Medio Ambiente de Juan Carlos Suárez-Quiñones con el aval del Ayuntamiento de León del socialista José Antonio Diez, recibe estos singulares fondos europeos para un proyecto que pasó de ser pequeño cuando se diseñó al norte de la ciudad a un macroproyecto renovable con 85 millones de inversión y que se asienta en su cuarta ubicación tras ser descartado en tres anteriores por diversos motivos.

La Junta de Castilla y León, que gestiona el Fondo de Transición Justa para las provincias de León y Palencia dotado con 197 millones de euros, ha dado financiación de 22,6 millones para el proyecto de la red de calor en la ciudad. Una red que distribuirá el calor generado por la planta de combustión de biomasa y otras aledañas a través de una red de 65 kilómetros de conducciones que calentará edificios públicos, empresas y viviendas. Esto supone que el 11,5% de los fondos de Transición Justa europeos para toda la Comunidad se gastarán en la ciudad de León de forma directa.

El objetivo del fondo es “hacer posible que las regiones y las personas afronten las repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales de la transición hacia los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y una economía de la Unión climáticamente neutra de aquí a 2050, con arreglo al Acuerdo de París”, explica su documento de trabajo.

Está permitido pero no es lo prioritario

El uso de estos fondos en la ciudad leonesa es compatible con el destino del dinero europeo, ya que el memorándum señala que “el territorio específico destinatario de esta prioridad será el conjunto de la provincia de León”. Sin embargo, también indica que tendrá “especial atención a los municipios delimitados en los Protocolos de Actuación de los Convenios de Transición Justa de Bierzo-Laciana y Montaña Central Leonesa-La Robla”.

En específico se señala que se promoverán “actuaciones conjuntas para el impulso de las actividades de la cadena de valor de la biomasa y aprovechamiento sostenible de recursos forestales, incluyendo centros logísticos, redes de calor y programas de sustitución de calderas de combustibles fósiles por biomasa en edificios públicos”.

Con estos mismos fondos mineros la Junta de Castilla y León ha pagado ya la construcción del Colegio Mayor de Ponferrada, una nueva facultad de la Universidad de Valladolid en la ciudad de Palencia o el arreglo de caminos en El Bierzo y la comarca de Cepeda por un millón de euros. También se han previsto el gasto de cinco millones de euros en arreglo de varias escombreras en las comarcas mineras.

El Programa de Transición Justa de España tiene vigencia hasta el año 2027 aunque en el caso de la implementación de la red de calor de la ciudad de León se señala fecha de finalización de la obra en el año 2029, como máximo.

Controvertido y largo proyecto

El proyecto de red de calor y macroplanta renovable ha recibido en los últimos meses una fuerte contestación social por parte de los barrios más afectados a su ubicación, Puente Castro y La Lastra. Ellos y varios colectivos han protagonizado varias manifestaciones ante el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León tras su aprobación y rápido desarrollo. La última este mismo mes de septiembre con una movilización en la que los vecinos anunciaron además que tienen fondos para presentar un recurso judicial contra su aprobación.

El origen del proyecto de una red de calor en la ciudad de León se remonta al año 2016, siendo alcalde Antonio Silván y proyectada en el barrio de Eras de Renueva. El rechazo vecinal la llevó a proponer su instalación en Cantamilanos, primero, y luego en la localidad de Navatejera, municipio de Villaquilambre, donde decayó en medio de una nueva trifulca vecinal y un interés directo de gobernavilidad por parte del Partido Popular, ya que fue el mismo presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien firmó su final para retener el PP la Alcaldía de Villaquilambre con un cuatripartito.

El lugar

En el año 2022 Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de León anunciaron un nuevo proyecto, que más que duplica la capacidad original a ubicar en 22 hectáreas ubicada en el barrio de Puente Castro, espalda con espalda del cementerio municipal y cerca de la Ronda Sur LE-30, el Mercado de Ganados, la depuradora, los ríos Bernesga y Torío o la localidad de Alija de la Ribera.

Allí se levantarán tres infraestructuras diferentes para la generación de energía por combustión de biomasa forestal; hidrógeno verde; y 85.000 metros cuadrados de placas solares. Una cuarta diseñada en un principio, de biogás, se ha decidido hace escasos meses aparcarla de momento al considerarse ya muy alta la generación energética procedente de la biomasa. La planta de biogás decayó al tiempo que se producía un recurso de Ecologistas en Acción, pero la Junta no renuncia a ello.

Blindado como 'Proyecto Regional'

Desde este punto al otro lado del río, y a través de una pasarela de nueva construcción a la altura de La Candamia hacia el barrio de La Lastra, la red de canalizaciones sumarán 65 kilómetros de conducciones bajo las calles de la ciudad para proveer de calefacción y agua caliente a edificios públicos, empresas, edificios particulares y viviendas interesadas en engancharse a esta nueva red. Según los promotores el beneficio principal es reducir calderas privadas y la correspondiente contaminación asociada (hasta 1.100 chimeneas individuales menos), y ahorros que se cifran “entre un 30% y un 50%” en las facturas actuales de energía.

El Gobierno autonómico ha usado también aquí la figura de 'Proyecto Regional', de la que abusa numéricamente en la provincia, para apuntalar las obras entre quejas de vecinos y organizaciones ecologistas de falta de transparencia y dudas sobre el alcance medioambiental del proyecto, con especiales críticas a la planta térmica de biomasa y la de biogás.

El proyecto asegura que generará 250 puestos para la construcción de todo el complejo y el entramado de redes, 30 posteriores y estables para funcionamiento y mantenimiento, y otros 90 que se generarán la parte con diferencia más enorme, la quema de biomasa, 30 de ellos indirectos.