La 'unidad de convivencia', la culpable de que casi la mitad de solicitudes de ingreso mínimo vital en León se rechacen

Familias en la Calle Ancha de León.

E. Alba

La 'unidad de convivencia' es la principal culpable de la denegación de solicitudes de Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España, con la provincia de León a la cabeza. Esta ayuda estatal para paliar la pobreza extrema se concede por familia, no por miembro, a menos que una persona viva sola. Y a pesar de que el concepto de qué son las unidades de convivencia ha ido cambiando para ir más allá de quién está censado en un domicilio, falla en su aplicación.

Sobre el papel, intenta adaptarse a distintas realidades y abarca desde casos como familias que comparten vivienda a unidades de convivencia formadas por un solo adulto, comparta o no casa, o carezca de ella. No obstante, el 45,2% de las denegaciones de IMV en la provincia de León se producen porque, a ojos de la Seguridad Social, hay 'discrepancias con la unidad de convivencia'.

Este error formal, o con la documentación, supuso el 29,8% de las denegaciones de solicitudes de media en España en 2021, una cifra que crece casi hasta la mitad en la provincia leonesa, según los datos facilitados por la Seguridad Social a la Fundación Civio. En el ámbito nacional, la falta de papeles o firmas, o su presentación por duplicado están detrás de la denegación del 18,8%, y superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos del 27,2%.

En la provincia de León, la segunda causa de denegación de ayudas para paliar la pobreza extrema es la relativa a los ingresos, patrimonio o administrador de sociedad, en un 25,6%. Le siguen, la duración de la unidad de convivencia con un 11,5% del total y la documentación incompleta y/o duplicada con un 7,5%. Por debajo del 5% están la cotización insuficiente, el permiso de residencia o permanencia en España, la falta de vínculo hasta segundo grado, demanda de empleo o edad mínima, entre otras causas.

León, la provincia de la Comunidad que más reclama el IMV

La provincia leonesa es la que más reclama en Castilla y León, bien sea porque los solicitantes no están conformes con el cálculo de la prestación, porque no recibieron respuesta a su solicitud o porque se les ha denegado. Uno de cada cinco recursos que se registran en la Comunidad se hace en León, 1.340 de 5.113 a fecha del pasado 30 de septiembre de 2021, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social recogidos también por la Fundación Civio y publicados por ileon.com a comienzos de año. De ellos, dos de cada tres recursos se desestiman por la administración, lo que lleva a la provincia leonesa a ser el segundo territorio que más litiga, después de Valladolid, como último paso después de agotar la vía administrativa.

En los nueve primeros meses del pasado año, los juzgados de León iniciaron 14 procesos judiciales por IMV, de los cuales dos dieron la razón a la Seguridad Social pero tres a los demandantes, si bien uno desistió en el proceso. Las estadísticas seguirán creciendo puesto que, al término del tercer trimestre de 2021, el 63,81% de las reclamaciones estaban aún pendientes de contestación, también el segundo peor dato de Castilla y León.

A fecha del 1 de octubre, en León se habían presentado 12.806 expedientes de IMV, de los que eran válidos 11.533. Se resolvieron 10.787: 7.118 se denegaron, 3.669 se aprobaron y 93 estaban en “subsanación”. Los beneficiaros que sí lo recibieron eran 4.920 adultos y 2.877 menores.

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