El Tribunal Superior sentencia que la tasa de basuras de la Diputación para casi todos los pueblos leoneses es ilegal
El tasa de basuras que la Diputación de León cobra en nombre de casi todos los pueblos de la provincia es ilegal. Así lo zanja una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que, aunque la institución se niega a dar a conocer literalmente, ante la petición de ILEÓN, admite que va en contra de sus intereses y les fue notificada ayer mismo.
Literalmente, el auto sentencia que queda anulada la tasa de basuras que la Diputación gestiona de manera directa una vez disuelto el polémico consorcio provincial Gersul, tras años de escándalos y un rosario de condenas millonarias. De este modo, además, deja en el aire si tienen validez los recibos emitidos e incluso cobrados en lo que va de año 2026, así como de ejercicios precedentes.
El conocimiento de este varapalo judicial tuvo lugar por sorpresa en el Pleno celebrado hoy en el Palacio de los Guzmanes, tras preguntar por este caso el portavoz del Grupo Popular, David Fernández, y admitir el presidente socialista, Gerardo Álvarez Courel, que el equipo de Gobierno de PSOE y Unión del Pueblo Leonés (UPL) acababa de tener hacía pocas horas la sentencia que supone la anulación de la ordenanza reguladora fiscal de la tasa por la gestión y tratamiento de residuos domésticos que fue aprobada a finales de 2023 y entró en vigor el 1 de enero de 2024.
Un particular presentó ante el TSJ un recurso contra esa aprobación, denunciando un rosario de irregularidades, defectos de forma e incumplimientos, en una amplia demanda de casi 1.000 páginas, denunciando la “negligencia” del equipo de Gobierno. A pesar de negar el acceso a la condena, y del poco tiempo transcurrido desde su notificación, el portavoz del equipo de Gobierno, Santiago Dorado, sí la valoró en la sesión plenaria para admitir que el Alto Tribunal no ve “suficientemente justificada” la decisión de la Diputación de optar por el actual modelo de gestión.
Según su explicación, el TSJ pone en duda los motivos, por los cuales se decidió que esa gestión siguiera quedando en manos de una empresa privada, la UTE Legio VII -formada por FCC Medio Ambiente y Urbaser- sin valorar otras alternativas como una gestión pública. Cabe recordar que el contrato privatizado con Legio VII expirada precisamente casi a finales de 2024, si bien ha agotado la última prórroga y aún continuará vigente varios meses más.
Dorado también incidió en que el resto de los argumentos, que ascendían a más de una docena, habían sido rechazados finalmente por el Tribunal Superior, tales como que la tasa se había “aprobado antes de tiempo” o que la Diputación carecía de competencias en base a la Ley de Economía Circular, recayendo sólo en los pequeños municipios. Como todos esos demás argumentos de la demanda han sido rechazados, la valoración final del diputado portavoz fue que ya se ha decidido, en tiempo récord, la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, última instancia posible.
Por último, aseguró que los abogados del Palacio creen que “tiene muchas posibilidades de que prospere” y le dé la vuelta al varapalo actual. De momento, lo cierto es que le concederá a la institución un breve plazo de tiempo de algunos meses, hasta que el TS decida si admite o no la casación, y todo ello mientras se pone en marcha un nuevo concurso público para la gestión, transporte y reciclaje de las basuras de 208 de los 211 municipios de la provincia en el centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega.
El presidente Álvarez Courel no hizo tampoco autocrítica de la condena y se sumó a la petición pública de “tranquilidad”, afirmando a pesar de la sentencia que “se hizo bien y adecuadamente, con los informes técnicos” y tratando de expandir la posible responsabilidad de aquella decisión que ahora se tumba al remarcar que “honestamente, se aprobó por unanimidad”. “En los juicios a veces se gana y a veces se pierde”, concluyó.
