La Junta busca ahorrar 45 millones más con la supresión de entes y otros recortes

Miriam Chacón / ICAL El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, recibe los aplausos de su grupo tras intervenir en el Pleno de las Cortes de Castilla y León

Ical

La Junta de Castilla y León completará en el primer semestre de 2014 la reforma de la administración autonómica con un conjunto de 66 medidas y el ahorro de 45 millones para los ciudadanos de la Comunidad en el área institucional, simplificación, reducción de duplicidades y tramitación electrónica. Esta cantidad se suma a los 265 millones acumulados por la simplificación electrónica, el ajuste del sector público o la reforma de las instituciones propias de autogobierno.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, desgranó este martes lo ya hecho en el ámbito institucional y organizativo, coordinación y reducción de duplicidades. Modernización administrativa y reestructuración del sector público y las medidas que desplegará la Junta en el primer semestre del próximo año.

El conjunto de medidas supondrá la reforma de 12 leyes, entre ellas la de Gobierno de la Comunidad, y la presentación de un proyecto de ley para la reforma de la Administración de Castilla y León, que tendrá la naturaleza de “ley paraguas”. De Santiago-Juárez se comprometió a convocar a los grupos para que la ley llegue en marzo a las Cortes con el mayor acuerdo posible, aunque se dará forma a estas medidas por un acuerdo del Consejo de Gobierno en enero.

En el marco de medidas institucionales y organizativas, el consejero detalló los 2,5 millones que se ahorran con la reforma del Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y CES. Además, detalló que cuando culmine la implantación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio habrá un ahorro municipal de 231 millones, como ya estimó la Junta al presentar el texto. Un total de 1,5 millones menos se pagan por el funcionamiento electrónico del Bocyl, al dejar el papel y otros dos millones por notificaciones electrónicas, siempre que el ciudadano opte a ellas.

Por otro lado, el plan de reestructuración del sector público ha llevado a un ahorro de 18,1 millones de euros, ya que al final de este año se habrán suprimido 18 entes, la mitad de los que había en 2011. En 15 de esos entes la Junta no ostentará poder de decisión. Desde el inicio de la administración electrónica, en el año 2006, el ahorro alcanza los 241 millones, a los que se sumarán 25 de las nuevas medidas presentadas hoy.

Gerencias de Salud y Servicios Sociales

Entre las nuevas medidas de coordinación y reducción de duplicidades, figura la racionalización y organización en la Gerencia de Salud con una reducción del 20 por ciento en la estructura administrativa y nuevas fórmulas de gestión pública con un ahorro potencial de 12,6 millones. La integración de servicios en la Gerencia de Servicios Sociales derivará 1,5 millones menos.

La consolidación de las infraestructuras TIC de la administración con la puesta en marcha de un Centro de Proceso de Datos único supondrá un ahorro de 2,5 millones de euros. Además, en el apartado del sector público, la Junta reducirá en 1,5 millones la aportación a la Fundación Siglo para las Artes y el Turismo.

Otras de las medidas anunciadas por el consejero, en el plano institucional, pasan por la reducción de los órganos colegiados a fin de reducir la tramitación de los procedimientos y racionalización de los casos en que se considere preceptivo los informes del Consejo Consultivo. Habrá una reordenación en un 60 por ciento de los órganos sectoriales de participación, ya que, según el consejero, la atomización no refuerza la participación, sino que la diluye.

Los 16 observatorios se reducirán a uno, dejará de haber diez órganos colegiados y se pasará a uno y habrá una nueva regulación de la identidad institucional que unificará la imagen de la Junta con una mayor coherencia a las 162 marcas, logos, entidades, òrganos, unidades y portales web ahora existentes.

Personal

Sobre la modernización de la administración, planteó la flexibilización de los instrumentos de ordenación y gestión de personal para avanzar hacia el concepto de plantilla, como existe ya en los hospitales públicos de la Comunidad. Así, el personal se vinculará a estructuras más amplias y no a negociados, secciones o servicios. “Se abre paso a una gestión más racional y eficaz, adaptada a cada momento a las necesidades y demandas de los ciudadanos”, afirmó.

Además, se flexibilizarán las estructuras orgánicas de las consejerías, eliminando la atomización de unidades, las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán por un acuerdo de la Junta. Se homogeneizarán los puestos, con puestos-tipo y se adscribirán puestos de manera directa a los correspondientes centros directivos. Todo ello se impulsará en el primer trimestre de 2014.

El 56 por ciento de los procedimientos ante la administración podrán tramitar de manera electrónica al incorporar 273 nuevos en el primer trimestre de 2014, que se unirán a los 388 actuales. La vía electrónica será el único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Junta. Habrá una Plataforma Integral de Contratación Electrónica y se implantará la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos.

En el primer semestre de 2014, se simplificará el procedimiento sancionador, con un 25 por ciento de ahorro en las cargas de trabajo y una reducción del 50 por ciento en los casos de pago voluntario dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de incoación. También, se implantará en cada Delegación Territorial una coordinación general de la gestión de todos los vehículos propios de uso administrativo.

Las medidas adicionales en el sector público pasan por la posible integración del Centro de Supercomputación de Castilla y León en otro ente dependiente de la Comunidad y de la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos. También se reducirá en un 60 por ciento la aportación de la Junta a la Fundación Santa Bárbara y en 1,5 millones la de la Fundación Siglo y se limitará la creación de entes públicos.

De las 66 medidas, 13 pertenecen al área institucional y organizativa, 24 a la de coordinación y reducción de duplicidades, 22 a la modernización administrativa y 7 a la reestructuración del sector público. “Son medidas que se enmarcan en el autonomismo útil, justificado no en quimeras identitarias sino en mejorar el día a día y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos”, resumió el consejero.

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