El Gobierno regula, y limita, el crowdfunding
El Consejo de Ministros aprobó hoy un anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial cuyo objetivo es hacer “más accesible y flexible” la financiación a las pymes. Según explicó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa, la intención de estas medidas es “facilitar flujos de financiación alternativa y diferentes a la bancaria”.
Sobre el 'crowdfunding' el Gobierno apuesta por su regulación, e incluye una propuesta preliminar de regulación en la que se fijan las condiciones para el funcionamiento de este nuevo sistema, basado en plataformas electrónicas que contactan directamente inversores y proyectos. Según el Gobierno su objetivo “es impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales de desarrollo, al tiempo que se protege a los inversores”. La realidad es que se limita su uso puesto que se fijan límites por inversor para proyecto al año (3.000 €) como por plataforma (6.000 € por año). Además se fijan las obligaciones de estas plataformas garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficiente.
También la nueva norma establece un sistema de preaviso e información por parte de las entidades de crédito para aquellas pymes que ven restringida su financiación. De este modo, se obliga a las entidades de crédito a ofrecer preavisos de al menos tres meses e información específica sobre la situación crediticia de aquellas pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o “notablemente” reducida.
Por otra parte, también se pretende mejorar el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca, para lo cual se establece que el reaval de la Compañía Española de Reafinanciamiento se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la sociedad de garantía tras el primer requerimiento.
Asimismo, se crea un régimen jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito, mediante el cual se dotará a estas entidades del marco jurídico “más eficaz” para mantener y potenciar su actividad.
En relación con la regulación de las titulizaciones, Guindos apuntó que se trata de flexibilizar su régimen jurídico para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero. Asimismo, persigue aportar la máxima seguridad jurídica y dar respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones.
Además, el objetivo es también potenciar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y facilitar así el tránsito de las sociedades desde la bolsa hacia este sistema alternativo de negociación. De este modo, se sustituirá el requisito de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo “menos oneroso”, que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios.
