“La Constitución que los leoneses no nos merecemos”

Unión del Pueblo Leonés

Cuando estamos inmersos en la celebración de los 35 años de la Constitución Española, y en pleno debate sobre la supuesta idoneidad o incluso necesidad de su reforma para adecuarla a la situación y realidad de la España actual, desde las provincias de la histórica Región leonesa o País Leonés es necesario plantearse varias cuestiones al respecto.

En primer lugar creemos que es un buen momento para ponderar si estas tres décadas y media de vida de nuestra máxima norma legislativa han servido adecuadamente como marco de convivencia para todos los españoles, tanto a nivel individual, como desde cada una de las realidades regionales y nacionales que integran el Estado.

Para UPL, desde una dimensión de análisis individual, la actual Constitución que nos dimos en 1978 los españoles ha supuesto un avance esencial respecto a la España anterior pre-democrática, especialmente si pensamos en la anulación de derechos y libertades, tanto colectivos como individuales, que significó la dictadura franquista.

Los derechos y libertades que en ella nos concedimos los españoles, y que consagra para cada uno de los ciudadanos del Estado, han sido claves para entender la evolución y progreso de nuestra sociedad, de tal manera que siguen constituyendo al día de hoy un punto neurálgico que modela nuestra convivencia como individuos. Sin duda, muchos de estos derechos y libertades en ella reflejados son manifiestamente mejorables en su plasmación efectiva, y no dejan de ser un cúmulo de intenciones, que más tres décadas después, siguen demandando una mayor voluntad por parte de la clase política para su efectivo cumplimiento (derecho al trabajo, a una vivienda digna, etc.).

Analizada la Constitución desde el prisma regional/nacional que ella misma incorpora como una realidad consustancial del Estado, la evolución real del texto constitucional en estos 35 años ha de considerarse cuando menos muy dispar, y en algunos casos un auténtico fraude a la filosofía e incluso al propio texto que la Carta Magna exhibe desde las postrimerías de los años 70 del siglo pasado.

Sin necesidad de avanzar mucho en su desarrollo normativo, el artículo segundo de la misma señala literalmente que “La Constitución (...) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran...”. Es cierto que este precepto se ha cumplido de manera puntillosa e incluso podríamos decir que“ generosa” en el caso de algunas nacionalidades/regiones del Estado, cuyos nombres no creemos necesario considerar por ser de dominio público. De la misma manera que debería ser de conocimiento general que el mismo principio se ha incumplido de manera flagrante en un caso, que desgraciadamente es el que nos afecta más directamente a los leoneses.

Sin entrar a discutir si el Reino de León o País Leonés entra dentro del concepto de Nacionalidad o en el de Región, es más que evidente que las provincias de León, Zamora y Salamanca ostentan una identidad histórica y cultural que ya quisieran para sí algunos de los territorios de los que no se discute su personalidad, y que el Reino de León es una entidad regional/nacional indiscutible para alguien que conozca algo de nuestra historia. En este contexto de análisis constitucional que estamos abordando, es evidente que a los leoneses se nos ha negado durante 35 años el derecho de constituirnos como Comunidad Autónoma en igualdad con el resto de regiones/nacionalidades del Estado Español. El atropello constitucional que sufrimos los leoneses de las provincias de Zamora, Salamanca y León en el momento de la vertebración autonómica de España allá por los primeros años 80 del pasado siglo, y que seguimos arrastrando más de tres décadas después solo es equiparable a la falta de democracia que como Pueblo hemos sufrido y seguimos padeciendo en este sentido. A nuestra tierra se le negó la aplicación del artículo 2º de la Constitución Española, a todos nosotros se nos cercenó la posibilidad de opinar democráticamente sobre nuestros deseos como Pueblo en la España que se estaba construyendo después de la dictadura. Y llevamos todos estos años denunciando que, a diferencia de otros, nosotros sí queremos esta Constitución, pero queremos que se nos aplique como al resto de Pueblos, que se cumpla en algo tan palmario como en su artículo segundo, que se nos deje de marginar. Más aún, exigimos que se nos deje de tomar el pelo políticamente, demandamos que se nos deje política, histórica, cultural y económicamente de anular como Pueblo y como entidad identitaria milenaria.

Desde aquellos años 80 del siglo XX en que se construyó la actual configuración autonómica del Estado en contra de nuestra voluntad hasta hoy mismo, no ha habido nadie desde la política que haya podido dar una explicación convincente de por qué al País Leonés se nos negó, y se nos sigue negando, la posibilidad de conformarnos como una Comunidad autónoma más de esta España plural y diversa. Y no lo ha habido porque es imposible negar que tenemos derecho a ello. Tanto PP como PSOE pasan de puntillas sobre el tema cuando no lo ignoran o menosprecian con argumentos tan obscenos como que “es imposible” o que “eso no interesa a los ciudadanos”, arrogándose ellos la potestad de decidir por todos los habitantes del Reino de León cuáles con los temas que nos interesan de verdad.

Desde UPL queremos denunciar que la celebración de este aniversario de la Constitución Española queda oscurecido en gran medida para todos los leoneses desde el momento en que se nos niega como Pueblo lo que en ella se refleja. Y hasta que no se nos reconozcan nuestros derechos constitucionales debemos de seguir señalando a los representantes públicos que es su responsabilidad hacer cumplir las leyes, y la Carta Magna es precisamente nuestra ley de Leyes. Con los derechos Constitucionales del Pueblo Leonés no se puede jugar por componendas o intereses de Partido. La Constitución debe ser igual para todos, como ella misma afirma. Y hasta que esto no sea una realidad, los leoneses debemos desenmascarar y señalar a todos aquellos que nos niegan este derecho tan básico. UPL la primera.

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