Moción de censura: Un perfecto giro de 360 grados

Si la pregunta es si el gobierno bipartito PP-Ciudadanos encaramado a la Junta de Castilla y León desde las autonómicas de 2019 se ha hecho acreedor en estos 20 meses a una moción de censura, mi respuesta es que su deficiente gestión antes y durante la pandemia justifica sobradamente la iniciativa del PSOE, el partido a la sazón más votado en aquellos comicios y con mayor número de escaños en el Parlamento Autonómico.

Dicho lo cual, a renglón seguido añado que a mi juicio la primera moción de censura presentada en los 38 años de historia de esta comunidad autónoma no se atiene a la lógica política asociada a este potente mecanismo parlamentario.

En la política española hemos conocido hasta ahora dos tipos de mociones de censura. La más habitual es la que se presenta sin disponer de los apoyos suficientes - conscientemente, por tanto, de que no va a prosperar- con el doble fin de desgastar al adversario y postularse como alternativa. Es el caso de la presentada por Vox el pasado octubre, si bien habría que matizar que la formación ultraderechista no pretendía tanto reafirmarse como alternativa de gobierno como disputar al PP la hegemonía de la derecha española. Como moción puramente instrumental fue la presentada anteriormente por Podemos contra el gobierno de Mariano Rajoy.

De la modalidad de moción presentada con posibilidades ciertas de derribar al gobierno de turno se conocen muy pocos casos. De hecho, en la política nacional solo ha triunfado la de Pedro Sánchez contra el mismo Rajoy, presentada por cierto sin plenas garantías de que saliera adelante. (Luego resultó que gracias a una especie de conjunción astral -o simplemente por mor del brusco giro del PNV- resultó que en la piscina había agua).

La moción socialista a sustanciar en Castilla y León es una extraña mixtura entre ambas modalidades. Se había anunciado semanas antes al rebufo político del varapalo del Tribunal Supremo al osado adelanto del toque de queda, asegurando que se presentaría una vez garantizados los apoyos necesarios (un mínimo de 41 procuradores de las Cortes), es decir, con el decidido propósito de desalojar a Alfonso Fernández Mañueco y aupar a Luis Tudanca a la presidencia de la Junta.

Así estaban las cosas cuando el seísmo con epicentro en Murcia produce réplicas en Madrid y Castilla y León, y desde el eje Moncloa-Ferraz se decide precipitar en esta comunidad una moción que ni en ese momento ni hoy dispone del respaldo necesario para prosperar. Una semana después, el PSOE (35 procuradores) únicamente tiene asegurados los dos votos de Podemos.

Si en última instancia el éxito de la empresa dependiera del procurador de la UPL, no tengo la menor duda de que Luis Mariano Santos lo prestaría, dada la cordial entente que mantienen socialistas y leonesistas (si su voto no es decisivo, probablemente se abstenga para no tener ningún coste). Igual que pienso que la moción fracasaría si el voto decisivo fuera el del procurador de “Por Ávila”, partido escindido del PP que pagaría un oneroso coste sumando su voto al de Podemos para hacer volcar la Junta de lado socialista.

Como quiera que Inés Arrimadas y los 12 procuradores de C´s han repetido hasta la saciedad que no apoyarán la moción, ésta está condenada al fracaso. Aritméticamente solo saldría adelante si al menos tres de esos 12 votos naranjas cambian de signo y contravienen la posición oficial de su partido. Pero no existen visos de que pueda darse dicho episodio de trasfuguismo, el cual por cierto no se compadecería con la “alternativa decente” que propugna el PSOE de Luis Tudanca.

Los 12 procuradores naranjas van a rechazar la moción y ello a pesar de que la inmensa mayoría de ellos echan pestes en privado de la facción de su partido que, acaudillada por el vicepresidente Francisco Igea, teóricamente representa a Ciudadanos en la Junta. Pero la idea de Arrimadas y del sector oficial nunca ha sido romper el pacto con el PP (socio de gobierno en varias Diputaciones e importantes ayuntamientos, excepción del de Burgos), sino pedir a Mañueco que destituya a Igea y nombre en su lugar a la leonesa Gemma Villarroel, coordinadora autonómica del partido. Pero con la que le ha caído encima a partir de lo de Murcia, Arrimadas no está en condiciones de realizar ese movimiento y lo ha tenido que aparcar (quizá hasta nunca, si, como todo indica, el descalabro electoral al que parece abocado Ciudadanos en Madrid supone su tumba política y la desintegración del partido).

En este último escenario, el del naufragio de Ciudadanos, el PSOE de Castilla y León habría encontrado la ocasión pintiparada de hacerse con la Junta si no fuera por la fatal circunstancia de que reglamentariamente no puede presentar otra moción de censura hasta que haya transcurrido un año desde de la que está en curso. Así pues, Tudanca va a fracasar en su precipitado intento de presidir la Junta y tampoco es seguro que la alternativa de gobierno por él encarnada vaya a salir reforzada del trance. Al contrario: Hay quien piensa que se ha dado un tiro en el pie (o para ser más exactos: se lo han dado “sin queriendo” desde Moncloa-Ferraz).

En resumen, después de esta moción, Castilla y León habrá dado un perfecto e inútil giro de 360 grados. Eso sí, Igea salvará una bola de partido, pero el juego sigue y es harto improbable que conserve el puesto hasta el final de una legislatura que todavía no ha llegado a su ecuador.