Los leoneses y el derecho a decidir
Hace escasos días conocimos que la Mesa de las Cortes de Castilla y León bloqueaba el debate sobre un posible referéndum para la autonomía de las provincias de Salamanca, Zamora y León. Las consultas populares están amparadas por el Estatuto de Autonomía, pero el PP y VOX ejercieron su mayoría para rechazar el debate sobre esta cuestión, según su argumento porque no hay un desarrollo jurídico de cómo plantear tal cuestión. Parece ser que desde la reforma del Estatuto en 2007 no han tenido tiempo.
En cualquier caso, en los últimos años en España mucho se ha hablado sobre el derecho a decidir, también conocido como derecho de autodeterminación, sobre todo a raíz del denominado procés catalán que culminó con el intento de referéndum y simulacro de independencia en el año 2017. Por lo tanto, aunque la cuestión autonómica leonesa no es comparable a los objetivos del soberanismo catalán, cuando hablamos sobre el derecho de los leoneses a decidir su futuro no es una cuestión ajena al debate político.
Conviene subrayar, para quienes ven fantasmas nacionalistas, que el impulso autonomista leonés, motivado por las mociones a favor de una autonomía para el País Leonés en varios ayuntamientos de su región, es una reivindicación que encaja perfectamente en el marco jurídico español, pues el derecho a una autonomía se contempla en la propia Constitución. Por lo que aquí no caben tergiversaciones y manipulaciones, los leoneses pueden tener su propio autogobierno como ya disfrutan otros pueblos españoles.
Entonces, cabe preguntarnos: ¿Tienen los leoneses derecho a decidir? La respuesta es clara y contundente: sí. La mayoría de la sociedad leonesa reclama un autogobierno dentro de España, una aspiración que no es nueva. Durante la Transición fue una petición mayoritaria y no ha variado a lo largo del tiempo. Los partidos del régimen (PP y PSOE) han estado anclados en la negación ante esta cuestión, a pesar de ser un anhelo respaldado por amplios sectores de la población. Parece mentira que partidos políticos, a priori democráticos, se nieguen a poner soluciones democráticas para resolver el problema del encaje territorial del pueblo leonés.
Dicha reivindicación adquiere mayor peso si se examina la trayectoria socioeconómica, así desde la formación de la autonomía de Castilla y León se ha caracterizado por un marcado declive leonés. Es llamativo que de toda la población que ha perdido la autonomía desde 1983, sobre el 80% corresponda solo a las provincias de Salamanca, Zamora y León. O que desde 1995 la diferencia de renta per cápita, entre las tres provincias leonesas y las seis castellanas, haya aumentado desde los 2.300 euros anuales hasta los 4.000 euros actuales, en detrimento de los trabajadores leoneses. Datos que refuerzan un cambio radical.
¿La autonomía leonesa es la solución definitiva?
En cualquier caso, la constitución de una autonomía no es la solución definitiva a nuestros problemas, no es un fin, es una herramienta más en la gestión de nuestro territorio. Un autogobierno que, de conseguirse apostando por medios democráticos, supondrá incrementar el control de la ciudadanía leonesa sobre su propio entorno en todos los ámbitos, desde el económico hasta el cultural. Alcanzar esta meta a través de un referéndum popular implicaría un proceso de empoderamiento y de democracia radical, todo ello en un momento en el que la cuestión del territorio, la identidad y la soberanía se ha repolitizado.
El autonomismo leonés propone un cambio radical en cómo entendemos la administración, pues busca construir instituciones más cercanas y democráticas, descentralizando organismos, garantizando un desarrollo equilibrado en todo el territorio, teniendo especial consideración con las cabeceras comarcales. En el ámbito cultural, se presenta como una herramienta para proteger y promover los elementos que forman la identidad leonesa. Esto incluye la recuperación de sus lenguas patrimoniales, conservar tradiciones como la lucha leonesa y los pendones concejiles, y poner en valor prácticas colectivas como las facenderas y los concejos. En lo económico, un presupuesto propio permitiría desarrollar infraestructuras y proyectos que llevan años de retraso, sin depender de agentes externos.
Llegados a este punto, puede que haya lectores que se estén preguntando cuál fue el referéndum por el que a los leoneses se nos incluyó en Castilla y León. No lo hubo. Y por lo tanto, estén pensando que para constituir una autonomía leonesa no haga falta superar este requisito, y en parte tienen razón. Nadie nos preguntó y se cometió un atropello democrático. En consecuencia, no seré yo quien me oponga a la consecución de este objetivo, con o sin referéndum, pero de ser consultados se pondrían las cartas sobre la mesa, entroncaríamos con la tradición leonesa de los concejos abiertos y nadie nos podría quitar la legitimidad de nuestro autogobierno, si este solar llamado España quiere seguir considerándose democrático.
