El PP plantea dudas sobre la tramitación de la cesión de suelo para el Centro de Refugiados en Villablino
El portavoz del Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villablino, Roberto González Barrero, exige al equipo de Gobierno socialista aclaraciones públicas que determinen la legalidad del procedimiento que ha abierto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para adjudicar la redacción del proyecto del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Villablino, con una capacidad de unos 200 refugiados internacionales en la comarca de Laciana.
El procedimiento de adjudicación de este proyecto que impulsa el Gobierno central se refiere de manera especifica a la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra para la construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Villablino y se impulsó a finales del pasado mes de octubre.
Sin embargo, González Barrero asegura que hace unos días en la comisión de Hacienda y Asuntos Jurídicos de Villablino, que preside Mercedes Fisteus, numero dos del PSOE, preguntó por este asunto sin que le diesen ninguna explicación “ni aclaraciones, solo que el recurso de reposición (presentado) será contestado en breve”. Y es que por su parte plantea serias dudas sobre la legalidad de la medida del Ministerio, sobre todo por el hecho de que “solo tienen una cesión del terreno en precario”.
El Grupo Popular recuerda que el convenio estipula que “la cesión temporal del uso de la parcela comprende la realización de cuantos estudios, mediciones, informes y proyectos sea necesario realizar por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, pero cree que en ningún caso prevé la realización de proyectos ya definidos.
Además, el portavoz popular incide en que sobre el acuerdo del Pleno del 11 de agosto pasado, en que se aprobó esa cesión en precario al Ministerio, pesa “recurso de reposición sin resolver aún”. Un recurso de carácter administrativo que fue aceptado para su tramitación por el Pleno del 13 de septiembre y del que tres sesiones plenarias después no se sabe aún nada.
Por eso, González Barrero observa “demasiados puntos oscuros que el alcalde debe aclarar cuanto antes, porque las cosas no se pueden hacer sin transparencia y claridad.” Defiende en este sentido que es indispensable tener un adecuado conocimiento de las cosas y los trámites para “que todos tengamos los elementos de juicio y la capacidad de tomar las decisiones más adecuadas”.
