La Junta inicia el desbloqueo en víspera electoral del proyecto de la plataforma logística del Gobierno en Torneros

Con más de un mes de retraso, la Junta de Castilla y León ha abierto la última puerta necesaria para que puedan comenzar de una vez las primeras obras que conviertan en una realidad la plataforma logística intermodal de Torneros-Grulleros, la gran esperanza económica de transportes a las puertas de la capital leonesa prometida hace 15 años y aún pendiente de arrancar por parte del Gobierno.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado 'de tapadillo' por parte de la Consejería de Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones la aprobación inicial del 'Proyecto de Actuación del Plan Especial“ de Torneros, que contiene el sistema de expropiaciones y las obras de urbanización y reparcelación, que afectan a terrenos de los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones. El Plan Especial puede ser consultado en este enlace., aunque hubo iniciales problemas en las primeras horas de apertura del plazo de consulta.

Los dos municipios ya cumplieron con sus trámites de visto bueno hace meses, en noviembre del año pasado, dándose mucha prisa para ello, al contrario que ahora la Junta. Y es que la Consejería hace ya semanas que aseguraba como inminente este trámite que ahora santifica el BOCyL pero sin que viera la luz. Se trata de un paso imprescindible para disponer ahora de un mes por delante para consultar todo el proyecto que impulsa el Gobierno a través de la empresa pública Sepes (Entidad Estatal del Suelo), propietaria de las casi 200 hectáreas, y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Ese plazo de un mes lleva este proceso hasta principios del mes de abril pero después la Consejería deberá estudiar todas las alegaciones y darles respuesta antes de una aprobación que difícilmente será final y definitiva antes de las elecciones municipales convocadas para finales del mes de mayo. O lo que es lo mismo, la demora de todo el proceso hará imposible que la primera máquina comience a trabajar en la futura plataforma antes de los comicios locales y complicará la pretensión gubernamental de que dentro de este año 2023, que también tendrá elecciones generales, ya se comiencen a invertir los 25 millones de euros que el Sepes confirmó como disponibles para ejecutar la primera de las cuatro fases en que Torneros se ha dividido.

Un calendario en manos de la Junta

Fue el pasado mes de octubre cuando Sepes, con presencia en León de su director general, Fidel Vázquez, planteó todos sus compromisos de ejecución, algo que se esperaba desde que la plataforma fuera anunciada y poco más por el Gobierno de Zapatero en 2007, a pesar de ser un proyecto vital para el desarrollo económico de León, sobre todo si se hubiera adelantado a los de otras provincias. Ya en octubre se quiso detallar que los plazos de las obras quedarían condicionados por la celeridad de la Junta de Castilla y León en dar su definitivo espaldarazo ambiental al proyecto de actuación, del que dispusieron en noviembre.

Han pasado más de cuatro meses para el inicio del trámite que hoy publica el Boletín y, curiosamente, no ha sido anunciado por el consejero Suárez-Quiñones o a través del Consejo de Gobierno de la Junta sino que simplemente se publica de manera oficial. El consejero leonés tuvo la semana pasada varios actos públicos en la provincia leonesa sin hacer mención de ello. Y esto ocurre en un contexto en el que la utilización de los plazos y los intereses institucionales y políticos ya ha enfrentado a Junta y Gobierno en varios embrollos administrativos a costa de Torneros.

No hay que olvidar que el Gobierno autonómico se encuentra ahora mismo en pleno impulso de la ampliación de su propio polígono en Villadangos del Páramo, del que acelera una necesaria ampliación que duplicará su actual tamaño. Una rivalidad entre polígonos y administraciones que nadie oculta y que se evidenció cuando la Junta anunció que a Villadangos irá finalmente la plataforma de distribución para todo el noroeste de la multinacional Lidl, que el Gobierno negociaba para Torneros, donde finalmente no se implantará.