Los agentes forestales no se creen el anuncio y reclaman una mayor profesionalización
Representantes de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y de agentes medioambientales han dudado del anuncio del presidente de Castilla y León de que los trabajadores privados serán públicos de forma paulatina a lo largo de los próximos tres años.
Esos trabajadores han reclamado este martes en Ponferrada una mayor profesionalización del operativo contra incendios en Castilla y León y criticaron la gestión de la Junta durante la última campaña, marcada por incendios de gran magnitud y la pérdida de vidas humanas.
Así lo han planteado durante la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que acoge Ponferrada, y donde los trabajadores analizaron el anuncio del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de convertir a estos efectivos en empleados públicos en un plazo de tres años.
Ricardo Fernández, delegado sindical de Agentes Forestales en Ponferrada, recordó lo “terrible” de la última campaña, con tres fallecidos, y aseguró que “la Junta tiene el peor operativo de incendios de España”.
“Esperaremos a final de año para ver si el paso adelante anunciado se cumple”, señaló, aunque recordó que el Gobierno autonómico “solo está cumpliendo con la Ley Forestal”, que obliga a avanzar en la profesionalización del sector. Fernández pidió “que se tenga en cuenta al medio rural de verdad” y reclamó una respuesta “racional” para minimizar los incendios.
Desde la base de Tabuyo del Monte, Alonso Álvarez calificó el verano como “bastante malo” y lamentó que su pueblo “se haya quemado por completo”. “Lo que más me dolió fue que mi cuadrilla se quedara en casa mientras ardía el pueblo. Me he sentido defraudado por todos lados”, afirmó. También expresó su preocupación por el futuro de las pequeñas aldeas, “sin ingresos, sin caza ni ganado”.
Por su parte, Marcos Ruido, de la BRIF de Laza (Ourense), reclamó “un cambio en la gestión forestal” para proteger a los municipios rurales y recordó que “el 90% de las franjas tratadas se quemaron”. “Esto no es una cuestión de colores políticos; hay vidas y casas en juego, además del ecosistema”, advirtió.
Francisco José, miembro de los efectivos de la Junta, lamentó la ausencia del Gobierno autonómico en la convención. Con 31 años de experiencia, aseguró que la última campaña “lo ha sobrepasado todo” y que la administración “no es consciente de que el cambio climático ha llegado para quedarse”.
Durante el encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aasegen, se reunió con los miembros de las BRIF para agradecerles su labor. Ha sido espectacular vuestro trabajo“, afirmó, entre aplausos.
La ministra subrayó el compromiso del Ejecutivo con la profesionalización del servicio y recordó el reciente anuncio de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los bomberos forestales.
“Somos un gran equipo y debemos trabajar de la mano”, dijo la ministra, quien destacó que el pacto climático “también es para todos los que estáis aquí, para contar con servicios profesionalizados los 365 días del año”.
Asimismo, señaló que una gestión forestal adaptada al siglo XXI “hará vuestro trabajo más eficiente y menos violento” y pidió a las brigadas sus aportaciones “para seguir mejorando el servicio”.
“Preocupante”, para los empresarios
La patronal de Castilla y León CEOE ha apelado a la máxima participación empresarial en el diseño de las políticas de la comunidad que debería aplicarse en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales, como se recoge en los diferentes acuerdos de diálogo social “y no con el preocupante carácter exclusivamente público anunciado hoy (por este martes)”.
El presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y que arrancaría en 2026 con la conversión de un tercio de los actualmente contratados por empresas privadas, que pasarían a depender de la empresa pública estatal Tragsa.
En un comunicado, la patronal ha pedido esa “máxima participación empresarial en el diseño de las políticas de la comunidad, en línea con los principios de colaboración público-privada y, por tanto, debería aplicarse también en el operativo de prevención y lucha contra incendios forestales, tal y como viene recogiéndose en los diferentes acuerdos de diálogo social, y no con el preocupante carácter exclusivamente público anunciado hoy (por este martes)”.
La CEOE ha valorado las cuentas que para el 2026 ha presentado este martes el Gobierno autonómico, y ha hecho “un llamamiento a los grupos parlamentarios para que se sienten a negociar y se evite una nueva prórroga presupuestaria para la Comunidad”.
La patronal ha sostenido que a falta de un estudio más detallado de la repercusión que pueda tener en partidas concretas, reconoce “el esfuerzo expansivo, el compromiso con los servicios públicos y el medio rural, así como el mantenimiento de una fiscalidad moderada como ejes destacados del proyecto”.
Ha recordado que el proyecto de presupuesto asciende a 15.715 millones, lo que supone un crecimiento del 7,92% respecto al ejercicio del 2024, el último con cuentas aprobadas, y marca un nuevo máximo histórico en la comunidad.
Para la CEOE Castilla y León, esas cifras “ofrecen una oportunidad significativa para impulsar el desarrollo económico, reforzar la cohesión territorial y mejorar la competitividad empresarial, siempre que se orienten correctamente las partidas y se garantice una ejecución eficaz”.
CEOE Castilla y León ha valorado que los presupuestos se planteen con la fiscalidad más baja de la historia en Castilla y León, en un enfoque que es clave que “se mantenga para atraer y retener inversión, talento y empleo”.
También han destacado la referencia realizada a ámbitos vinculados de forma más directa a la actividad empresarial, como es la apuesta por el crecimiento económico y la competitividad, reforzando el presupuesto en aras de favorecer mejoras en términos de eficiencia, innovación, internacionalización, así como de las partidas destinadas a la I+D+i, siempre contando con la participación y colaboración empresarial.