La Junta aprueba el rediseño del operativo antiincendios tras el peor verano de la historia, que culminará en 2028
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves dos nuevas normas con las que asegura que da un paso hacia la profesionalización y modernización del dispositivo de incendios forestales, envuelto en críticas tras los peores incendios de la historia sufridos el pasado verano.
El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco habla de “un operativo público permanente y eficaz”, “una estructura moderna” y “una respuesta rápida y versátil ante cualquier emergencia” para calificar sus nuevas demandas, muchas de ellas medidas reclamadas históricamente por los trabajadores del operativo y ante las que se han hecho oídos sordos hasta el momento.
La Junta promete ahora que todo el dispositivo será público y estable “entre 2026 y 2028”, es decir, cuando se acaben los actuales contratos en manos de empresas privadas y que para ello modificará las relaciones de puestos de trabajo antes de que termine este 2025.
El primer decreto, impulsado por la Consejería de la Presidencia, prevé la creación de un cuerpo de bomberos forestales con reconocimiento oficial, tal y como le obliga una ley estatal, la transformación de los contratos fijos discontinuos en empleos permanentes y un plan de formación continua que se coordinará desde el Centro para la Defensa contra el Fuego de León. También promete dignificar las condiciones laborales de los agentes medioambientales, crear un nuevo grupo profesional y facilitar la funcionarización del personal de Medio Ambiente.
El segundo texto, promovido por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se centra en la prevención de incendios en el entorno urbano y rural. Entre sus medidas, establece los llamados “anillos de seguridad” en los pueblos, introduce cambios en la Ley de Montes y en la normativa urbanística, y agiliza los procedimientos administrativos para cortas de madera y mantenimiento agrícola. Según la Junta, se trata de fomentar el “mosaico rural” y facilitar el uso agrario del suelo como herramienta natural de prevención.
Algunos de los anuncios son promesas que la Junta ya había hecho tras los devastadores incendios de 2022 —como los de Losacio o Sierra de la Culebra en Zamora— y que siguen sin materializarse. Los propios trabajadores del operativo han insistido en que la profesionalización real pasa por garantizar plantilla estable todo el año, dotación suficiente y una estrategia de prevención con presupuesto constante, no solo en época de campaña.
De momento, las medidas aprobadas este 23 de octubre se presentan como un marco de futuro más que como un cambio inmediato. Y, como reconocen los propios textos, su aplicación plena se extenderá hasta 2028.
Hasta el mes de noviembre no se conocerá al detalle el resultado de la peor campaña de incendios de la historia en Castilla y León, con tres semanas de fuego en agosto que solo en la provincia de León arrasaron más de 100.000 hectáreas. El consejeor de Medio Ambiente, el cuestionado Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparecerá en las Cortes autonómicas para informar en detalle, como se ha realizado en otros años.
