91 trabajadores sanitarios sufrieron algún tipo de agresión en la provincia en 2013

El número de trabajadores de Sacyl que resultaron agredidos el pasado año aumentó un 11,05 por ciento, hasta situarse en los 432, frente a los 389 de un año antes. En total, se registraron 360 incidentes, un 8,76 por ciento más que en 2012 (331), sobre todo en el ámbito hospitalario. Las víctimas fueron en su mayoría mujeres y los agresores varones. A pesar del incremento de las agresiones, sólo se presentaron 39 demandas judiciales, si bien los ataques físicos representaron el 17 por ciento, que se completaron con 12 sanciones administrativas.

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, presentó hoy los datos del registro de agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud referidos al año 2013, minutos antes de analizarlos en la reunión del Observatorio sobre esta materia, que contó con la participación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín Granizo. A pesar del incremento, el responsable de política sanitaria indicó que la tasa de incidencia se ha mantenido “constante” entre 2009 y 2013, con 9,9 casos por cada 1.000 trabajadores.

En ese sentido, Sáez Aguado expuso que de los 360 incidentes, 217 se registraron en Atención Especializada, mientras que 142 se produjeron en Primaria y uno en Emergencias. El 95 por ciento de ellos tuvieron lugar en el centro de trabajo, un dos por ciento en la vía pública y un tres por ciento en casa del paciente. Por ello, 275 trabajadores agredidos pertenecen a hospitales y centros adscritos, un 31 por ciento más que en 2012, y 156 a centros de salud, un diez por ciento más.

Del total de agresiones, 140 afectaron a facultativos, 168 a personal de enfermería, 62 a técnicos auxiliares de enfermería, 18 a celadores y 49 otro personal (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos o administrativos). Además, 352 agredidos fueron mujeres y sólo 80 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,88 por ciento de los hombres y el 1,29 por ciento de las mujeres.

En el caso de las agresiones físicas, los datos de 2013 reflejan un aumento de las acciones violentas tanto en los hospitales (28 por ciento más, al pasar de 65 a 83 casos) como en Primaria (88 por ciento más, de ocho a 15 casos). Un total de 44 de ellas se registraron en los servicios de Psiquiatría, 21 en Urgencias, ocho en Medicina Interna, seis en consulta y 19 en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente. Además, el 48 por ciento ocasionó lesiones y el nueve por ciento desembocó en una baja laboral del profesional.

Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 30 por ciento se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22 por ciento por disonformidad en el trato; un 26 por ciento por descompensación psíquica o un once por ciento por drogadicción y alcoholismo.

En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantiene estables los datos relativos al sexo. El registro indica que un 64 por ciento son hombres y un 36, mujeres. Además, son provocados en un 64 por ciento por los propios pacientes y un 34, por sus familiares, interviniendo una sola persona en el 86 por ciento. También, Sanidad destacó el aumento de la reincidencia, al pasar del 16 al 20 por ciento. Por todo ello, los servicios de seguridad de los centros intervinieron en el 21 por ciento, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el nueve por ciento.

Sentencias y sanciones

El consejero de Sanidad expuso que se han registrado ya 29 sentencias condenatorias desde 2005 por delito contra funcionario público, 24 por delito de atentado y las otras cinco relacionadas con delitos de lesiones, tentativa de agresión sexual, robo con fuerza, amenazas o delito de desórdenes públicos. Además, su departamento ha tramitado 12 resoluciones administrativas contra el agresor -dos en Burgos, ocho en Palencia y dos en Valladolid-, con multas que oscilan entre los 300 y los 600 euros, si bien Sáez Aguado reconoció que es “difícil” denegar la asistencia a un agresor.

Medidas

También, el titular de Sanidad se refirió a la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, que confiere a los profesionales la consideración de autoridad pública y presunción de veracidad. Sólo Aragón y Castilla y León han regulado hasta el momento esta materia, pero en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó conceder esta categoría a los profesionales sanitarios en el ámbito nacional.

Este hecho agilizará, según Sáez Aguado, la incoación de expedientes sancionadores de carácter administrativo. Además, Sanidad mantiene el servicio jurídico de apoyo, que abrió 54 expedientes de defensa penal, un 62 por ciento por parte de profesionales de la medicina, y el teléfono de asesoramiento 902 197 781, que recibió 82 llamadas. Además, la Junta de Castilla y León puso a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.

En el aspecto de la formación, y con carácter preventivo, el año pasado se impartieron 39 cursos a un total de 812 profesionales, en materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la atención a personas con trastornos mentales graves.

Nuevos proyectos

Sacyl ha elaborado una nueva relación de centros en los que se han producido al menos dos agresiones en Atención Primaria, con un total de 43 –seis menos que en 2012-, de los que 20 se mantienen de listados anteriores y 23 son nuevos. Sobre el grupo de trabajo creado en 2013 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar la situación a nivel nacional y proponer medidas, destacan entre las conclusiones la necesidad de desarrollar convenios de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por último, la auditoría realizada por la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León a propuesta de Sacyl ofrece buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los protocolos, aunque destaca la necesidad de mejorarlos en lo que se refiere a la investigación de las agresiones o la incoación de expedientes sancionadores.

Apoyo judicial

Por su parte, el fiscal Manuel Martín Granizo se refirió al apoyo que presta el Ministerio Fiscal al plan integral que la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2008. Explicó que el análisis de las agresiones sanitarias permite conocer mejor las causas y por lo tanto facilita el “ponerle coto” a esta problemática, si bien señaló que focalizar algunos hechos delictivos provoca que aumenten.

También, expresó la “tolerancia cero” con las agresiones de los fiscales de la Comunidad, que ante un caso aseguró que aplican el Código Penal, que señaló es “suficientemente duro”. Además, advirtió de que a los agresores se les puede imputar un delito de atentado contra la autoridad y otro de desordenes públicos, además del ataque a la integridad física de la persona.

Finalmente, consideró que el protagonismo de los varones refleja un “abuso de superioridad” sobre la víctima, que mayoritariamente son mujeres y consideró que la figura de autoridad es suficiente para garantizar su defensa jurídica.

Incidentes y agredidos

Por áreas de salud, en Ávila se registraron 24 incidentes y 25 trabajadores agredidos; en Burgos, 30 y 38; en León, 69 y 76; en El Bierzo, 14 y 15; en Palencia, 21 y 27; en Salamanca, 57 y 72; en Segovia, 26 y 38; en Soria, once y 19; en Valladolid Este, 43 y 46; en Valladolid Oeste, 36 y 38; en Zamora, 28 y 37, y en Emergencias Sanitarias, un incidente con una víctima.

De esta forma, entre 2005 y 2013, se han producido 29 sentencias: una en Ávila, tres en Burgos, cinco en León, seis en Palencia, dos en Salamanca, dos en Segovia, dos en Soria, cinco en Valladolid y tres en Zamora.