El PP denuncia una agresión a la hora a los funcionarios de prisiones de Mansilla de las Mulas
La portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez Blanco, viajó este viernes a León para reunirse con hasta cuatro representantes sindicales de funcionarios de prisiones para denunciar que “durante la última semana” 17 funcionarios del Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, fueron agredidos por internos, “lo que deja una media de una agresión cada hora”.
Hasta tres veces repitió ese dato durante los más de veinte minutos de intervención en la sede popular de la capital, si bien a las pocas horas fuentes del PP han pedido modificarlo ya que no se trataría de las agresiones de la “última semana” sino del “último mes”. Teniendo en cuenta que el último mes, o más bien lo que llevamos de mes, es equitativamente igual que una semana, siete días, este medio desconoce cuál ha sido exactamente el dato de agresiones en Villahierro que han trasladado los sindicatos a Vázquez Blanco.
No obstante, la popular ha destacado también otras cifras como que en Villahierro existen un total de 127 puestos vacantes, a los que se suman unas 50 bajas y 58 funcionarios con segunda actividad, lo que hace la vigilancia interior esté cubierta por 230 personas y que, por tanto, existan módulos con 70 internos en los que solamente hay un funcionario.
Todo ello, le sirvió a Ana Vázquez Blanco de argumentario para exigir “una respuesta inmediata” al Gobierno central para reforzar estos puestos, así como que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. De igual manera, avanzó que se presentará una batería de iniciativas “tanto en el Congreso como en el Senado” para “poner en valor una prisión que no se puede desmantelar, que fue de vanguardia y en la que hay que invertir”.
De igual manera, se reunió durante su visita a la capital leonesa con las asociaciones de Policía y Guardia Civil, acompañada por los parlamentarios nacionales del PP de León, Antonio Silván y Carmen González Guinda, tras lo que puso de relieve que, a pesar de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contaban en 2016 con una tasa de reposición del cien por cien, del 115 por ciento en 2018, en estos momentos existe un déficit de más de 116 agentes en la Guardia Civil, a los que se suman un diez por ciento de bajas, así como de 66 en el caso de la Policía Nacional.
Por ello, el grupo popular presentará en los próximos días una iniciativa para que se agilice la plataforma Sitel, ya que “un delito tecnológico no entiende de fronteras”, por lo que los agentes necesitan “mecanismos para poder trabajar”, después de que “en el último trimestre de 2020 se hayan incrementado en 4.000 los tipos de delitos”.
“Un disparate y una aberración”, eso es lo que piensa Silván de pagar en las autovías
Por otra parte, el parlamentario popular leonés Antonio Silván calificó de “auténtico despropósito, disparate y aberración” la propuesta del Gobierno para pagar por el uso de las autovías y puso de relieve que “no se puede pagar dos veces por el uso de un mismo servicio”, ya que “las autovías y carreteras se construyen con arreglo a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, con los impuestos de los españoles”.
Antonio Silván criticó que el Gobierno ha hecho esta propuesta de “privatizar un servicio público esencial” porque “no quiere apretarse el cinturón en otros asuntos”, y aseguró que el Partido Popular es “radicar en decir no a los peajes en las autovías”.
Unos peajes que “se convierten en una media de 700 euros para cualquier peaje que se desplace cien kilómetros al día para trabajar” y que par aun transportista podrían suponer “más de 15.000 euros al año”, lo que tendrá “un efecto inflación tremendo” y “afectará a la competitividad de las empresas”.
De igual manera, Silván aseguró que esta propuesta conllevaría “un descenso de la seguridad vial”, ya que “supondría que se usaran otras vías secundarias con condiciones técnicas inferiores”.
Por todo ello, pidió al Gobierno “sentido común” que no aplique esta medida, que “los españoles no lo merecen”.
