Segunda condena firme de cárcel contra Victorino Alonso mientras se decide su ingreso en prisión
El Supremo emite la segunda sentencia firme y condenatoria por delito medioambiental en un mes contra Victorino Alonso. La Sala, que ha estimado en parte el recurso de casación de la defensa, rebaja la condena al 'rey del carbón' a un año y diez meses de prisión por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la explotación totalmente ilegal de la mina de carbón a cielo abierto El Feixolín, en Villablino, mientras se decide su ingreso en la cárcel.
La Audiencia Provincial de León lo condenó en primera instancia a 2 años y medio de prisión por un delito contra el medio ambiente y lo absolvió de los delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística de los que estaba acusado. Ahora, el Supremo le rebaja la condena a un año y diez meses, la multa de 19 a 10 meses con cuota diaria de 15 euros, y la inhabilitación especial para el desempeño de funciones de administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de mineras de dos años y tres meses a un año y cinco meses.
La Sala considera que en este caso los hechos encajan en el tipo básico del delito por el que ha sido condenado el empresario y que no es aplicable el subtipo agravado basado en la clandestinidad, entendiendo por ello la falta de licencia para las instalaciones, ya que en marzo de 1999 se dictó un “extraño acuerdo que declaraba concedidas las licencias solicitadas en cuanto a la explotación por silencio administrativo”.
Señala que se puede pensar que materialmente había clandestinidad en el sentido marcado por la jurisprudencia, en cuanto no habría una autorización legal, pero “lo que no puede afirmarse es que concurra el tipo subjetivo de esa modalidad agravada que reclama no solo que concurra la base fáctica de la clandestinidad”, sino además que el sujeto activo sea consciente de esa clandestinidad o falta de toda autorización administrativa.
La sentencia, ponencia del magistrado Antonio del Moral, explica que “si a partir de marzo de 1999, un documento oficial y razonado extensamente (otra cosa es su acierto), declaraba que la empresa debía entender concedida esa licencia por silencio, no es exigible al particular que reexamine personalmente la legalidad del acuerdo y se abstenga de actuar en el caso de que tenga motivos para intuir que podría no adecuarse a la legalidad, so pena de cargar con un tipo agravado”.
Añade que, por tanto, al menos a partir de esa fecha no podía apreciarse el subtipo agravado por falta del elemento subjetivo. En cuanto a la actividad anterior a esa fecha concluye que los hechos estarían prescritos.
Por otra parte, el tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular en los que reclamaban la condena por un delito de prevaricación administrativa del entonces alcalde de Villablino Guillermo Murias, uno de los dos acusados que fue absuelto por la Audiencia Provincial de León.
Cuatro años de cárcel y 24 millones por Nueva Julia
El Tribunal Supremo declaró firme una condena de cuatro años de cárcel y multa de 24,3 millones de euros a Victorino Alonso por el caso 'Nueva Julia' el pasado 5 de mayo, por los daños medioambientales que causó en el entorno de la localidad leonesa de Cabrillanes la mina de carbón a cielo abierto bautizada con ese nombre.
Los jueces de lo penal reconocieron entonces que el empresario tenía una licencia urbanística concedida por el ayuntamiento, pero que los trabajos que querían realizar tenían que limitarse al suelo rústico común. Quedaba prohibido hacer cualquier otro tipo de obra pero la promotora de Alonso ocupó varias parcelas más sin licencia. Y fueron más lejos, según el Supremo: “Invadió terrenos pertenecientes a Villablino, cuando la concesión minera se ceñía a Cabrillanes”.
Ejecución de condenas
Las dos condenas firmes suman cinco años y diez meses de cárcel para el 'rey del carbón', que está a la espera de que la Audiencia Provincial de León resuelva si las ejecuta y lo envía a prisión, tal y como ha pedido el Ministerio Fiscal. La Sala lleva desde el pasado 10 de mayo valorando la petición de Fiscalía que exigía además el pago de una fianza y la retirada del pasaporte del 'rey del carbón' para evitar que se pudiese fugar.
