El sector de la seguridad privada genera casi 2.000 puestos de trabajo en León
La provincia de León cuenta con 26 empresas dedicadas a la seguridad privada, un sector que emplea directamente a unas 800 personas, en concreto 739 vigilantes de seguridad, 46 vigilantes de explosivos, ocho escoltas, jefes y directores de seguridad, y siete detectives, a los que hay que sumar otros 1.000 puestos de trabajo indirectos que generan los puestos de formación, las empresas instaladoras y de mantenimiento o las empresas de alarmas y centrales receptoras, entre otras.
Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León, el número de establecimientos obligados por la Ley de Seguridad Privada a contar con medidas de seguridad se ha mantenido con respecto al año anterior, con 742 con este tipo de exigencias legales, cuyos responsables tendrán que comunicar la apertura a la Subdelegación del Gobierno para que se lleve a cabo la comprobación y probación de las medidas de seguridad aplicadas.
Así se puso de manifiesto en la celebración de la Comisión Mixta de Seguridad Privada, que se celebró presidida por el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por la comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía, María Marcos, el comandante de la Comandancia de la Guardia Civil, José Rodríguez, y el jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, Roberto Gavela. La Comisión, además de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, está compuesta también por representantes del sector como empresas, trabajadores y establecimientos obligados por ley a disponer de medidas de seguridad.
Una de las mayores inquietudes del sector, que también fue objeto de análisis por parte de la Comisión Provincial Mixta de Seguridad Privada, tiene que ver con el elevado número de falsas alarmas que se están produciendo, lo que acarrea movilizaciones innecesarias de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un asunto que se ha incluido en la nueva legislación para que las empresas del sector adecuen progresivamente sus elementos de seguridad para garantizar la veracidad de las alarmas.
Suárez-Quiñones recordó que los servicios de seguridad privada son complementarios y subordinados respecto a los de seguridad pública, estableciéndose a partir de ahí un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por los particulares. En este marco de complementariedad y subordinación, es el Cuerpo Nacional de Policía el encargado del control, supervisión y asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada, empresas de instalación y mantenimiento, centrales receptoras de alarmas, empresas de seguridad y detectives privados.
También comprueba la idoneidad de las medidas con las que ciertos establecimientos están obligados a contar por ley, habiendo realizado a lo largo de este año más de medio millar de inspecciones, en concreto 567, una actividad inspectora que ha propiciado la propuesta de 15 sanciones, de las que diez fueron leves, tres graves y dos muy graves.
