El Estado diseñó un proyecto de urbanización de Torneros al que CHD, que es estatal, le saca los colores
El interminable partido administrativo que juega desde hace 15 años que se anunció la Plataforma Logística Intermodal de Torneros, para convertir a León en el epicentro de las mercancías del noroeste español, se ha quedado frenado otra vez. Y esta vez se frena en un único campo de juego: el campo estatal.
La Junta de Castilla y León, a la que compete otorgar o no la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización elaborado por la empresa pública estatal Sepes, es decir, el proyecto para las primeras obras reales en Torneros, asiste atónita al bloqueo que acaba de imponer un durísimo informe de otra entidad estatal, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). La situación afecta, por lo tanto, exclusivamente a los ministerios de Transportes y Para la Transición Ecológica.
ILEON ha tenido acceso al informe que ha supuesto el nuevo frenazo al proyecto de urbanización. Ese informe es categórico al determinar que ese proyecto adolece no de uno sino de hasta seis graves incumplimientos, ausencias importantes o cuestiones relevantes que el Sepes tendrá que corregir en materia exclusivamente de aguas en el terreno elegido para la futura plataforma logística. Y eso que en primera instancia CHD había defendido que la Junta de Castilla y León no tenía que esperar a su pronunciamiento para resolver la evaluación de impacto ambiental. Queda claro ahora que aquello no era así.
En primer lugar, los técnicos de Confederación censuran que el proyecto contratado hace un año por el Sepes a las empresas Uxama Ingeniería y Arquitectura, S.L.P.U. y Omicron-Amepro, S.A, no cuentan con un estudio hidrológico de los arroyos de La Oncina y Las Fontanillas, situados en la zona. De hecho, se asegura que un estudio de este tipo realizado en 2012 ya consideró entonces que la documentación era “incompleta para poder verificar con un margen razonable de exactitud los resultados obtenidos en el mismo”. O sea, que hay que hacer un nuevo estudio hidrológico “conforme a la normativa vigente”.
Además, en materia de aguas pluviales, de la lluvia, se destaca que hay un cálculo erróneo a priori de que el límite se vaya a fijar en 90 mg/l de sólidos en suspensión, como recoge el proyecto, determinándose que se calculará en función de las normas de calidad ambiental del medio receptor.
Pero también observa lagunas graves en materia de vertido de aguas residuales. El proyecto sí recoge la necesidad de contar con una nueva estación depuradora o Edar, pero los técnicos consideran que “no se justifica cómo se ha estimado” el caudal necesario. “Este organismo de cuenca no puede evaluar si los parámetros de entrada de aguas residuales o sus caudales se acercarán a la situación real, pero no se encuentra inconveniente a la instalación de una Edar por módulos, que se vaya ampliando según aumenten las necesidades del polígono”, resaltan.
No obstante, la depuradora “además de dimensionarse para los valores límite de emisión que se plantean en la tabla ”características exigidas al vertido“, deberá diseñarse para la eliminación de nutrientes, puesto que la masa de agua a la que vierte está caracterizada como zona de captación de la zona sensible denominada ”Embalse de Ricobayo“.
El informe también asegura que no queda claro si el vertido de aguas residuales una vez limpias se va a realizar directamente al dominio público hidráulico o a colector municipal. Pero en todo caso, advierten de que en el caso de ser a la Edar “será competencia de los ayuntamientos”, y sin embargo, habrá que cumplir otro requisito que retrasaría el trámite, ya que es obligatorio pedir permiso a CHD. Lo mismo que “aquellos vertidos indirectos a aguas superficiales con especial incidencia para la calidad del medio receptor, como es el caso que nos ocupa, que han de ser informados favorablemente por el Organismo de cuenca”.
También problemas con el futuro abastecimiento de agua
No se quedan ahí los serios reparos. También afectan a la parte del proyecto que se refiere al abastecimiento de agua. El documento de Sepes dice que éste se realizará a través de las concesiones de las que dispone el Ayuntamiento de León y dicho agua será suministrado por la sociedad Aguas de León. Salvo el uso para riego, “que será dotada a través de un nuevo sondeo y depósito regulador de 38 m3 con unas necesidades mínimas de 5,5 l/s”. Pero “en ninguna de estas concesiones se hace referencia a las necesidades especiales que podría implicar la actividad industrial que se abastecería por medio de ellas”, es decir, las futuras empresas, a pesar de apreciarlo suficiente en principio.
Sin embargo, como ese suministro de agua en realidad “afecta a los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones”, en cuyos terrenos se implantará la Plataforma Logística, recuerda CHD que ellos a día de hoy no son titulares de las concesiones de agua. Por eso, advierten que habría otro trámite más que hacer: cambiar de titularidad de las mismas o bien establecer un convenio para su aprovechamiento.
Y por último, respecto a la captación subterránea para riego prevista, “se deberá obtener la correspondiente concesión de aguas subterráneas de este Organismo de cuenca”, más papeleo.
Para rematar las críticas técnicas de Confederación, advierte de que no se realiza un adecuado cálculo de zonas potencialmente inundables, entendiendo éstas como los “terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años”.
