La Plataforma de Feve plantea una nueva solución a cuatro años por 57 millones para que regrese el tren al centro de León

La Plataforma en Defensa de Feve León ha presentado una nueva propuesta técnica que, según sus cálculos, permitiría recuperar el servicio ferroviario en el tramo urbano de la ciudad de León, prometido hace 15 años y aún sin cumplirse. Y además consideran que la propuesta podría ser plenamente viable en un plazo de cuatro años, ejecutando una inversión que estiman entre 57 y 61 millones de euros, es decir, más económica que otras que se podían barajar hasta ahora.

Con esos parámetros, se trata de una solución que reduce a la mitad los tiempos de otras alternativas y a aproximadamente un tercio el coste de varias opciones que hasta ahora planteaban las administraciones públicas.

La propuesta se recoge en un nuevo informe que ha sido remitido a distintas instituciones, como el Ministerio de Transportes o la Junta de Castilla y León. Ha sido elaborado por el grupo de asesoramiento técnico-jurídico de la Plataforma, con el respaldo del Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad del País Vasco (UPV).

En detalle

El documento profundiza en una alternativa basada en la utilización de trenes híbridos diésel-baterías como vía para desbloquear la integración de Feve en León. Según el informe, el estancamiento del proyecto responde básicamente a dos problemas: la obsolescencia del actual material móvil y la falta de puesta en servicio del tramo tranviario, desde la estación de La Asunción hasta la céntrica estación de Matallana en la avenida Padre Isla. Ambos, sostiene la Plataforma, pueden resolverse de forma conjunta mediante la adquisición de nuevos trenes diseñados para prestar servicio tanto en líneas ferroviarias convencionales como en entornos urbanos de tipo tranvía.

La solución propuesta se basa en trenes con tracción híbrida diésel-baterías, una tecnología que combina tramos de funcionamiento con gasóleo, para tracción y recarga, con otros de consumo exclusivamente eléctrico a partir de baterías embarcadas. Este sistema permitiría circular sin emisiones en zonas urbanas como la de León capital y requeriría únicamente la adaptación y recrecido de los actuales andenes ejecutados y que nunca han tenido uso. De este modo no habría necesidad de electrificar la línea.

Desde el punto de vista técnico, la Plataforma defiende que se trata de una opción “perfectamente viable”, ya probada y más económica que otras alternativas basadas en nuevas tecnologías.

También subraya que es mucho más inmediata que la valorada opción del hidrógeno como método de propulsión de los vagones, cuya implantación a corto plazo considera incierta a la vista de la evolución del proyecto FCH2Rail en el que participaron Renfe y Adif y del que no se han conocido avances recientes.

Como base para una implementación rápida, la propuesta se apoya en un contrato actualmente en desarrollo por Renfe para la fabricación y suministro de nuevas unidades de ancho métrico, formalizado a finales del año 2020.

Ese contrato prevé la construcción de 31 vehículos autopropulsados, de los cuales cinco cuentan con tracción híbrida diésel-eléctrica, junto con el suministro de repuestos y el mantenimiento durante quince años. Aunque ninguno de esos trenes tal y como se plantean es apto para el servicio tranviario urbano de León, la Plataforma considera que su diseño puede servir como punto de partida.

Unidades híbridas con baterías recargables

Bastaría, según explica el informe, con fabricar unidades idénticas a las híbridas ya contratadas, sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías y añadiendo los sistemas de frenado y señalización necesarios para la explotación en régimen tranviario.

Esta adaptación permitiría eliminar la fase de diseño y homologación de un prototipo completamente nuevo, uno de los principales factores que encarecen y alargan los proyectos. Es por eso que estimen que esta nueva solución podría ponerse en servicio en un plazo aproximado de cuatro años y con un coste total estimado entre 57 y 61 millones de euros.

La Plataforma en Defensa de Feve León insiste en que corresponde al Ministerio de Transportes y a Renfe la toma de decisiones sobre el material móvil, pero vuelve a ofrecer la colaboración de su grupo técnico-jurídico y del GIIF de la UPV para avanzar en una solución definitiva.