El martes comienzan a declarar los imputados del Gürtel
Las declaraciones de los 17 imputados ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que instruye las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), consideradas parte de la trama del Caso Gürtel, comenzarán el próximo martes.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, los tres primeros en declarar serán el ex presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, el mismo día 22, y los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, que lo harán los días 23 y 24 de este mes.
El TSJCYL investiga el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de la variante de Olleros de Alba, en León en 2002.
En el auto emitido por el magistrado instructor el 2 de noviembre se apunta que la adjudicación de las obras de la variante en 2002 a la empresa Teconsa podría ser constitutiva de delitos de cohecho y prevaricación.
Entre los imputados figuran otras 14 personas, entre las que destacan el ex parlamentario europeo del PP Gerardo Galeote, citado para el 28 de noviembre, y los considerados presuntos máximos responsables de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, que declararán el 30 de noviembre.
Los últimos en declarar en esta primera fase serán dos responsables de la empresa Teconsa y varios funcionarios de la Junta de Castilla y León, entre ellos el director general de Infraestructuras y Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís Villa
Las obras de la variante de Olleros del Alba fueron adjudicadas por algo menos de 3 millones de euros a Teconsa, supuestamente a cambio de una comisión a Francisco Correa, quien a su vez la habría repartido con Fernández Santiago, Bárcenas, Merino y Galeote, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
En un auto del tribunal castellano y leonés, al que ha tenido acceso la Cadena SER, se ordena a la Policía y a la Guardia Civil que practiquen una investigación entre las empresas que optaron en su día a la adjudicación para averiguar el grado de conocimiento que tenían sobre la “mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su tramitación y resolución”.
También se pide un informe a la Intervención General de la Administración del Estado sobre la “similitud o singularidad” del procedimiento seguido para la adjudicación de la variante de Olleros del Alba respecto de otras realizadas también por la propia Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en esa época.
