Marcos Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez, ambos alcaldes, recurrirán su condena por el 'Caso Púnica'

Jesús López, Pedro Vicente Sánchez y Marcos Martínez Barazón en el juicio del Caso Púnica.

E.F.G. / ICAL

Los alcaldes leoneses Marcos Martínez Barazón, de Cuadros, y Pedro Vicente Sánchez, de Puebla de Lillo, condenados ayer por la Audiencia Nacional a ocho años y medio de inhabilitación por su implicación en la Operación Púnica, recurrirán la sentencia, según han confirmado ambos. Se trata de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los dos fueron reelegidos como alcaldes en sus respectivos municipios el pasado domingo y además lograron la mayoría absoluta, igual que hace cuatro años. En el caso de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, consiguió, bajo las siglas de Agrupación de Electores Independientes de Cuadros (AIC), siete de los once concejales que integran la Corporación.

Por su parte, Pedro Vicente Sánchez lideró la candidatura de la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo (AIPL) y consiguió el respaldo de casi la mitad de los votos, lo que conlleva cuatro de los siete concejales que se eligen en ese municipio.

Con el recurso a la condena, que da por probado en ambos casos un delito de prevaricación administrativa, lo que consiguen de momento ambos mandatarios municipales y expolíticos del Partido Popular, se abriría la posibilidad de que la inhabilitación impuesta pudiera no tener efecto hasta que se resolviesen los recursos presentados a la misma o hubiese una sentencia firme que ratificase la condena. Cabe recordar que, exentos de pena alguna de prisión, al no encontrarse pruebas del resto de delitos penales que les atribuía la Fiscalía y la acusación particular, esa inhabilitación, de ser ratificada, no sólo les impediría continuar siendo concejales y alcaldes sino que les afectaría a su ámbito profesional, dado que ambos son funcionarios públicos.

De momento, no se conoce si el tercer condenado vinculado a la Diputación de León, el exinterventor Jesús 'Suso' López, también decidida recurrir el fallo judicial condenatorio en idénticos términos que en los casos de los políticos.

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