El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de León que regulaba la tasa de basuras para el año 2024. La resolución, dictada el 9 de enero de 2026, estima el recurso interpuesto por una empresa y un particular, declarando la nulidad de pleno derecho de la normativa por vulnerar principios esenciales del sistema tributario.
El caso se inició tras la aprobación definitiva, en diciembre de 2023, de la ordenanza que regulaba la tasa por los servicios de tratamiento de residuos domésticos. Los recurrentes alegaron que la ordenanza era desproporcionada y carente de justificación técnica, al establecer tarifas fijas para todas las viviendas, sin considerar su tamaño o nivel de generación de residuos.
La denuncia se centró en dos puntos clave: la falta de proporcionalidad en las tarifas y la ausencia del informe obligatorio de evaluación del impacto de género. La empresa impugnante expuso ejemplos llamativos, como que una vivienda de 50 m² pagara lo mismo (38 euros) que otra de 5.000 metros cuadrados, o que un local vacío durante años tuviera que abonar la misma cuota que uno en pleno funcionamiento.
En su análisis jurídico, el Tribunal cita amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de equivalencia y la necesidad de un informe técnico-económico que fundamente las tasas municipales. En este caso, la Sala concluye que dicho informe no justificaba adecuadamente los coeficientes aplicados ni la estructura de costes, ni incluía un estudio detallado del volumen de residuos generado por tipología de inmueble.
Además, la sentencia destaca la omisión del informe de impacto de género, obligatorio según la Ley 1/2011 de Castilla y León. Pese a que el Ayuntamiento alegó que el servicio no diferenciaba entre hombres y mujeres, el TSJ insiste en que la normativa exige ese informe en toda disposición de carácter general, lo que convierte su ausencia en un vicio insubsanable.
El Ayuntamiento intentó evitar el juicio argumentando que la ordenanza ya estaba derogada por una nueva norma aprobada en diciembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal rechazó esa alegación, considerando que la norma seguía teniendo efectos prácticos para el ejercicio 2024 y que su validez debía resolverse judicialmente.
En consecuencia, el TSJ anula por completo la ordenanza y condena al Ayuntamiento de León al pago de las costas procesales. Esta decisión implica que, a falta de una ordenanza válida para ese año, podrían reclamarse devoluciones o revisarse liquidaciones ya giradas.
La sentencia aún no es firme y el Ayuntamiento puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, los vecinos de León quedan a la espera de cómo se gestionará una tasa que afecta a todos los hogares y negocios del municipio.
El Ayuntamiento estudia el recurso
El alcalde de León, José Antonio Diez, ha declarado este jueves que el Ayuntamiento conoció la sentencia ayer. Según ha explicado, el Consistorio está estudiando presentar recurso ante el Tribunal Supremo, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la antigua tasa Gersul, denunciada por una empresa y un particular.
En caso de que la sentencia se convierta en firme, el alcalde ha asegurado que “se devolverá todo el dinero recaudado”. Cabe recordar que esta sentencia afecta a la tasa de 2024, cuya aplicación fue retomada tras anularse también la ordenanza de 2025 por defectos formales, según una anterior sentencia del mismo tribunal, al no haber sido expuesta al público durante el plazo legal.
En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el regidor recalcó en septiembre que el problema de 2025 fue “una cuestión de forma, no de fondo”, y que el Ayuntamiento acataría la sentencia girando nuevos recibos con base en la ordenanza de 2024. Ahora, con esta nueva anulación, ambas normas quedan invalidadas judicialmente, abriendo un nuevo escenario de devoluciones masivas y dudas sobre cómo se estructurará la tasa en 2026.