La Junta confirma que en dos años y medio no se ha construido ni la mitad del nuevo Conservatorio de León y pide disculpas
Más retraso para el nuevo Conservatorio de Música de León. El Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León ha dado hoy el primer paso para que, con medio año de retraso, la Consejería de Educación pueda rescindir el contrato con la empresa CHR Europa Gestión y Construcción después de admitir que dos años y medio después de iniciar los trabajos del nuevo edificio en el barrio de La Palomera en León ni siquiera se ha ejecutado la mitad, el 50%, de la obra.
El Consejo de Gobierno de la Junta celebrado hoy asume por fin, tras negarlo hasta incluso en abril, los constantes incumplimientos verificados y comenzar a cancelar el contrato en vigor, mientras se selecciona otra compañía para concluir las obras del Conservatorio Profesional de Música de León.
El contrato que todavía se tiene que cancelar fue adjudicado en julio de 2020 por 7,8 millones y un plazo de ejecución de veinte meses desde finales de 2021, que se amplió cinco más, en total 25 meses. Todo para cumplir la promesa de que el nuevo centro ya acogería alumnos y profesores al inicio de este curso, en septiembre de 2023. Sin embargo, la Consejería ya asume que ni siquiera podrá ocurrir a comienzos del curso que viene, 2024.
Hay que recordar antecedentes como que datan de hace más de 15 años las primeras promesas del PP en la Junta de construir su propia sede al Conservatorio -la actual en Santa Nonia lleva décadas ocupando, incluso en precario, un edificio de la Diputación- o la ocurrencia de haberlo instalado en el estadio de fútbol de León, lo que echó a miles de leoneses a la calle.
El portavoz de la Junta pidió “disculpas a las personas afectadas”, achacando el parón a la imposibilidad de la empresa de asumir el sobrecoste de materiales y de costes, de manera que ha hecho que “los contratistas sean incapaces” de cumplir sus compromisos. La demora que sigue acumulando el proyecto, ahora con más de seis meses y sin cancelar aún el contrato en vigor, la justificó en toda la tramitación necesaria, porque “hay que certificar lo que se ha hecho, así como también la penalización” a la empresa que ha incumplido.
