La Junta de Castilla y León ya ha despedido al 30% del operativo contra incendios forestales
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este viernes que la Junta de Castilla y León ha comenzado a “desmantelar” el operativo de incendios forestales después de un verano en el que las llamas han calcinado más de 100.000 hectáreas en la provincia de León.
Del mismo modo, CSIF critica que la administración autonómica publicita que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos mientras ya ha despedido al 30% del personal: “Una actitud de hipocresía descarada sin precedentes que no vamos a apoyar y de la que no seremos cómplices”, advierte la Central Sindical que critica que estos anuncios siguen sin asegurar ni la estabilización ni profesionalización de los trabajadores.
Esta circunstancia llega después de que el riesgo de incendios se haya reducido de alto a medio, aunque CSIF alerta de que “siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño”.
“Hay material que deja de funcionar y la operatividad se limita”, advierte CSIF, “y mientras el operativo antiincendios ‘flexible’ del consejero de Medio Ambiente se desmantela, Suárez-Quiñones se mantiene incomprensiblemente en su cargo”.
Para CSIF, la única realidad es que, “si este año no hemos tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto”, el año que viene “tampoco la vamos a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios. Es algo evidente. Parece que la Junta pretende que la ciudadanía olvide el infierno y la angustia que hemos pasado este verano, con fallecidos, heridos y pueblos arrasados, y que ha sido consecuencia directa de su mala gestión”.
Un plan de mejora que califican de “propaganda electoralista”
Sobre este plan de mejora anunciado por la Junta, CSIF alerta de que: “No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional” y lo califica de “propaganda electoralista”.
El presidente de la Junta anunció hace pocos días que todos los trabajadores el operativo de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años y que arrancaría en 2026 con la conversión de un tercio de los actualmente contratados por empresas privadas, que pasarían a depender de la empresa pública estatal Tragsa.
Al respecto la Central Sindical recuerda que “no podemos olvidar que un operativo cien por cien público es más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas, cuyo objetivo es el de maximizar los beneficios”.
Otro de los aspectos de los anuncios de la Junta que denuncia CSIF es que el gobierno está reconociendo unas “mínimas mejoras laborales” a las que le obliga el Gobierno de España como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero al que “solo” se le va a subir 75 euros mensuales por la peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad a las que se enfrentan los bomberos forestales en la extinción de incendios, “y esto es un insulto”.
Por otra parte, la medida de que se va a reconocer el Grupo B para los agentes medioambientales es algo que la Junta, “llevaba incumpliendo durante 17 años”; y nuevamente en Castilla y León es un dardo envenenado, ya que solo accederá la mitad de la plantilla, porque a los agentes con más antigüedad no les exigieron titulación superior para el acceso y “ahora directamente quedan excluidos”, en vez hacer de buscar fórmulas de solución como ha ocurrido en Galicia, Asturias o Andalucía, indica el sindicato independiente.
