La Junta de Castilla y León asegura no estar nada satisfecha del panorama que queda en La Bañeza tras el anuncio de cierre definitivo de su fábrica azucarera, con más de un centenar de despidos, respecto a posibles alternativas para las instalaciones, bien de la mano de la compañía Azucarera, bien dando opción a otras actividades o a la venta de las instalaciones en condiciones ventajosas.
Así lo ha transmitido este jueves el portavoz del Gobierno autonómico del PP, Carlos Fernández Carriedo, reiterando hoy el compromiso del Ejecutivo para encontrar una solución industrial al traumático cierre de la factoría, anunciado hace más de cinco meses y después de recientes críticas de algunos sindicatos, como UGT, por la falta de avances.
Carriedo recordó que la autonómica Fundación Anclaje, a petición de las organizaciones sindicales y los trabajadores, ha mantenido diversas reuniones con la empresa y con la Junta, incluso después de que la compañía tomara la decisión de poner fin a su actividad. “Seguimos manteniendo encuentros y ofreciendo apoyo financiero de la Junta para cualquier iniciativa que permita reactivar las instalaciones, ya sea en el ámbito azucarero o en otro sector productivo”, señaló. Hay que recordar que la empresa ha llegado a rechazar hasta dos opciones alternativas diferentes, las cuales no se han dado a conocer públicamente.
En la última reunión, celebrada el pasado mes, la Junta insistió a la empresa en la necesidad de presentar alternativas viables. Sin embargo, “las propuestas trasladadas por Azucarera han sido insatisfactorias, tanto para los trabajadores como para la propia Junta”, explicó el consejero también de Economía.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico asegura haber pedido a la compañía que siga trabajando en nuevas opciones, ya sea mediante inversiones propias o facilitando la venta de los terrenos “en condiciones ventajosas” a otra empresa interesada en desarrollar alguna actividad industrial en la zona. “Nuestro objetivo es que esos terrenos mantengan un uso productivo y generen empleo que podamos apoyar desde la Junta de Castilla y León”, aseguró.
Rescisión de contratos a remolacheros de León
Por otro, el sindicato agrario Asaja de León ha denunciado hoy la rescisión unilateral de contratos por parte de AB Azucarera (British Sugar) con varios cultivadores de remolacha de la provincia, en el marco de la campaña 2025/2026, recoge Efe.
La organización considera que esta decisión es injustificada y perjudica gravemente a los productores, que se ven obligados a aceptar acuerdos desfavorables para evitar largos y costosos procesos judiciales.
Según esta organización agraria, la empresa ha comunicado a los agricultores su intención de cancelar los contratos bajo la modalidad de cultivo compartido, un sistema que garantizaba unos ingresos mínimos a los productores. Justifica que los agricultores han “desatendido el cultivo” y que los rendimientos estimados son inferiores a los deseados.
Sin embargo, Asaja cuestiona esta versión y señala que la menor producción podría deberse a factores ajenos a los agricultores, como el asesoramiento técnico deficiente, decisiones agronómicas tomadas exclusivamente por la empresa, la elección de semillas o las bajas dosis de abonado recomendadas, es decir, más culpa de la compañía que otra cosa. Por eso, entienden que la rescisión de estos contratos no se ajusta a derecho, a pesar de admitir que muchos agricultores están optando por aceptar acuerdos desfavorables ante la falta de alternativas.
AB Azucarera no ha ofrecido otra vía para resolver las discrepancias contractuales que no sea la judicial, concretamente a través de los Juzgados de La Bañeza, lo que supone una “barrera” para los productores que no pueden asumir los costes ni el tiempo que “implicaría un litigio”. Por eso Asaja León ha solicitado la intervención de la Junta de Castilla y León, concretamente de la “Junta de arbitraje y mediación para los contratos agrarios en Castilla y León”, creada mediante el Decreto 47/2018 de 31 de octubre. La organización espera que este organismo pueda mediar en el conflicto y evitar que los agricultores queden desprotegidos frente a decisiones empresariales que comprometen su viabilidad económica.