La Junta achaca al Gobierno siete meses de retraso en tramitar la Plataforma de Torneros por no tener todos los terrenos

El nuevo retraso en los trámites que deben dar luz verde definitiva, después de más de 15 años desde los primeros anuncios, a las primeras obras de la futura Plataforma Logística Intermodal de Torneros, muy cerca de León capital, no fue culpa de la Junta sino del propio Gobierno central.

Así se podría resumir la respuesta que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León da a las recientes críticas políticas del líder del PSOE leonés, Javier Alfonso Cendón, que ayer atacaba a la Junta asegurando que el Partido Popular en la Comunidad paraliza los trámites de Torneros porque “no creen en él y no lo consideran propio”.

El señalamiento de la Junta hacia la entidad pública estatal de suelo industrial Sepes como quien ha dilatado una vez más todo el complejo proceso para iniciar la ejecución de Torneros no lo realiza, al menos de momento, el titular de Medio Ambiente, el consejero leonés Juan Carlos Suárez Quiñones. Sin embargo, desde su Consejería sí que se ofrecen fechas que demostrarían que gran parte del enésimo retraso acumulado no es de su responsabilidad sino que obedece a que al entregar el Proyecto de Actuación del nuevo espacio para transporte y logística mercancías no se demostró documentalmente que el Sepes fuera ya propietario de los terrenos de los municipios de 821.216 metros cuadrados en los que, dentro del amplio espacio de 198 hectáreas, se prevé desarrollar la futura plataforma, pertenecientes a los ayuntamientos de Vega de Infanzones y Onzonilla.

A pesar de las críticas de que la Junta ha retrasado todo el proceso casi ocho meses, según su versión, es cierto a principios de diciembre de 2022 el Sepes entregó a Medio Ambiente de la Junta tanto el Proyecto de Urbanización como el de Actuación, para su definitivo visto bueno urbanístico, pero aquella documentación “no incorporó la identificación registral de la totalidad de las fincas” y por eso ya hubo que esperar a que el Sepes, otra vez a mediados de febrero de este año 2023, presentara “nuevas tablas de identificación registral y titularidad de las fincas incluidas en la delimitación”, según han contestado fuentes oficiales de la Consejería a ILEÓN. Es decir, que aducen retraso en disponer de los “datos actualizados de inscripción de las fincas propiedad de Sepes en los Registros de la Propiedad competentes”.

No estuvo todo hasta finales de junio, según la Junta

Según su relato autoexculpatorio, el 6 de marzo la Junta aprobó inicialmente el proyecto de actuación y abrió un periodo de un mes de información pública para consultas. Con las alegaciones presentadas y los informes emitidos, el trámite volvió a manos del organismo promotor, el Sepes, que según la versión de la administración autonómica no entregó en la Junta hasta el 27 de junio pasado el documento ya modificado que incorporaba las alegaciones sobre los terrenos y los informes posteriores.

Es decir, que Medio Ambiente considera que es a partir de esa fecha en la que comienza su verdadero trabajo con toda la documentación en regla, siete meses después. Es más, aseguran que no hay expediente alguno en el que el Sepes estatal reclame la culminación de los trámites en ninguna de las fases de todo este tiempo transcurrido.

¿Y qué plazo queda por delante?

¿Y qué queda a partir de ahora para culminar el proceso en manos de la Junta y que el Gobierno pueda comenzar unas obras de la primera fase comprometidas por los primeros 25 millones? Pues la Junta, que no pone plazo para ello, remarca que ahora la Consejería debe estudiar toda la documentación ya completa y conceder “en su caso la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación”, es decir, de obras sobre los terrenos de Torneros. Cuando se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), todavía ha de “notificarse a los propietarios y titulares de derechos y a quienes hayan presentado alegaciones”.

Después, éstos dispondrán de 20 días para manifestar por escrito si están conformes con “la valoración obtenida en su hoja de aprecio”, entendiéndose que en este caso el silencio manifestará una conformidad con el justiprecio. Y debe producirse también el visto bueno final de la Comisión Territorial de Valoración de la Junta en León sobre lo que se pagará por las expropiaciones de terrenos. Lo que tarde aún este último escollo administrativo tampoco se conoce.

En estos tecnicismos se sigue dilatando el impulso definitivo a proyecto que ya desde que se propuso en el año 2007 se considera vital para el futuro de la provincia leonesa, pero que se ha convertido en un caballo de batalla y rivalidad política entre el PSOE, cuando Gobierno en la Moncloa, y el PP desde la Junta, que acelera mucho más el que considera en León su polígono de mercancías y logístico, el de Villadangos del Páramo.