Después de más de un cuarto de siglo empuñando el bastón de mando, el reloj político de uno de los alcaldes más veteranos en el cargo de la provincia de León, Pedro Vicente Sánchez, regidor de Puebla de Lillo, ya ha comenzado la marcha atrás que podría marcar su adiós como alcalde.
Sánchez, que fuera en su día diputado provincial de Turismo y alto cargo en puesto de confianza de los expresidentes Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón, es a día de hoy la única excepción -que se conozca- de un alcalde condenado por sentencia judicial que conlleva inhabilitación pero que permanece en su cargo, y en su caso cobrando un salario superior a los 25.000 euros, sumados a los emolumentos por su ocupación profesional. El resto de afectados por similares situaciones ya no llegó a final del año electoral siendo alcaldes. La suya era una llamativa excepción.
El propio Marcos Martínez, alcalde histórico de Cuadros, ya tuvo que presentar su dimisión y renuncia a la Alcaldía y a su acta como concejal hace apenas una semanas, cuando la oposición del PSOE forzó en este ayuntamiento del alfoz de León una serie de iniciativas ante la Junta Electoral y el propio Pleno para hacer efectiva la condena de ocho años de la Audiencia Nacional por su implicación en la trama corrupta que destapó en 2014 la Operación Púnica. Martínez y Sánchez, junto al exinterventor de la Diputación, Jesús 'Suso' López, fueron los implicados judiciales por parte de la institución.
Vidas políticas paralelas
Los casos de ambos, Martínez y Sánchez, ha corrido paralela durante años: los dos llevan con creces más de dos décadas arrasando en las urnas en sus respectivos ayuntamientos leoneses, desde el principio bajo las siglas del Partido Popular (PP). Ambos coincidieron con altas responsabilidades en el entorno político de la expresidenta Isabel Carrasco hasta su asesinato de tres disparos en plena calle en 2014. También los dos 'cayeron' en la Operación Púnica y resultaron imputados por la Audiencia Nacional, a pesar de lo cual continuaron gobernando incluso con mayor mayoría absoluta tras ser expulsados por el PP, fundando sendos grupos municipales independientes hechos a su imagen y semejanza.
De hecho, en el caso del regidor montañés, gobernaba ahora mismo en una Corporación municipal de lo más extraña, ya que ningún partido conocido obtuvo representación en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, ni PSOE ni PP ni ningún otro. Pedro Vicente Sánchez obtuvo su sexta mayoría absoluta encabezando la Agrupación Independiente Puebla de Lillo (AIPL), mientras en la oposición permanecen tres concejales de Agrupación Independiente por la Montaña del Alto Porma (AIMAP).
En el caso de Cuadros, como en otros dos alcaldes leoneses condenados por casos diferentes -Cabañas Raras y Sena de Luna, ambos del PP- fueron otros partido políticos los que instaron la aplicación de sus condenas, las cuales en todos los casos conllevaban inhabilitación para ocupar cargo público. Pero en Puebla de Lillo hasta ahora no constaba que nadie hubiera dado ese paso, ni ante la Junta Electoral ni ante el propio secretario municipal.
Pruebas de una iniciativa
Sin embargo, ILEÓN ha podido confirmar documentalmente que sí hay ya en marcha una iniciativa formal para instar al cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional contra Sánchez. El caso, incluso, se ha dirigido también al Defensor del Pueblo.
El impulso de estas iniciativas pone plazos que no serán muy largos en el tiempo para que, entre otros, la Junta Electoral Central adopte una resolución, que lo lógico es que sea idéntica a los casos iguales mencionados de otros alcaldes de León y el propio Martínez Barazón. De este modo, se instará a que el alcalde entregue su acta y se nombre un sustituto o sustituta como concejal, para después elegirse un sustituto para él también en la Alcaldía de Lillo.
El afectado, Pedro Vicente Sánchez, consultado por ILEÓN, ha declinado hacer ninguna valoración ni confirmar si tiene conocimiento personal de estas iniciativas contra su mantenimiento como alcalde, limitándose a asegurar que “haremos lo que manda la Ley y a su debido tiempo”.