Embargan a Victorino Alonso un coto en Aragón para pagar los 25 millones por destrozar una cueva neolítica
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha decretado el embargo del coto de Bastarás, que se encuentra ubicado en el término municipal de Casbas, en la provincia de Huesca, y que hasta ahora era propiedad del empresario minero leonés Victorino Alonso.
La finca de caza cuenta con casi 2.000 hectáreas y el embargo sería a favor del Gobierno de Aragón. La decisión del magistrado, relatada por el periódico Heraldo de Aragón, servirá para cubrir la indemnización de 25 millones de euros, más 7 millones de intereses ya acumulados, acordada en la sentencia dictada hace cinco años contra el empresario por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves, neolítica, yacimiento que se encontraba en su coto.
Esa destrucción se produjo para, como quedó probado en su día en el juicio, hacer una abrevadero de cabras, destruyendo 1.017 metros cúbicos de sedimentos neolíticos.
Por estos hechos, Victorino Alonso había sido condenado en noviembre de 2016 a dos años y medio de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, aunque se ha librado de entrar en la cárcel, a pesar de ratificar la condena la Audiencia Provincial de Huesca. A pesar de haber sido condenado hace ya cinco años, en 2019 ya se supo que se libraría de la prisión, incluso declarándosele insolvente para hacer frente al pago de los 25,5 millones.
Sin embargo, el juzgado aragonés dictó el pasado miércoles un auto de ejecución penal determinando las cantidades a pagar en concepto de indemnización, 25.445.381 euros, a lo que se sumarían 7.633.614 euros para hacer frente a los inteses. La resolución es firme y no cabe recurso alguno contra la misma.
Junto a este auto, ha dictado un decreto para el embargo de los bienes de la empresa Fimbas, de la que es administrador único, hasta cubrir esas cantidades en el que hace una relación de todas las parcelas de su titularidad en los términos municipales de Panzano y Casbas de Huesca.
Sobre Victorino Alonso pesa también en la Audiencia Provincial de León una condena al empresario mismo en dos ocasiones por los delitos ambientales cometidos en dos de sus explotaciones mineras, el cielo abierto del Feixolín y el de Nueva Julia, a dos años y seis meses de prisión, en el primer juicio, y a cuatro años de carcell y 25 millones de inmdemización en el segundo. Sin embargo, ambas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo, pendientes de resolución.
