Denuncian que los trabajadores del Centro Estrada de multas de la DGT con sede en León cobran poco más del salario mínimo
El comité de empresa del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (UTE Centro Estrada), que desde la sede de León tramita todas las denuncias de tráfico de la DGT, ha denunciado la situación de grave precariedad de la plantilla, con remuneraciones que rozan, dicen, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Los sindicatos CSIF, UGT y CCCO unidos han denunciado, a través de un comunicado, que el Centro a pesar de ser considerado una de las 'joyas' tecnológicas de la Administración del Estado y uno de los recursos clave de la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, ofrece salarios que “están en las antípodas de la cualificación y especialización exigidas”.
Para el comité de empresa, el Ministerio del Interior debe vigilar el proceso de renovación de la explotación para hacer frente a un intento de las adjudicatarias de maximizar los beneficios a costa del esfuerzo diario del personal, como el que se ha vivido en los últimos años.
“El precio de licitación del contrato arranca en 83 millones de euros (más impuestos), un 45% más para un contrato jugoso sobre el que esta representación legal de los trabajadores demanda la máxima vigilancia del Ministerio del Interior para que los derechos laborales no vayan a la baja. No obstante, en los 15 años de vida del centro la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla ha sido una constante”, han criticado los sindicatos.
El comité de empresa ha recordado que ha logrado la estabilización de la plantilla, con aumento de la contratación indefinida gracias a las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo.
Así, han denunciado que la práctica habitual en el centro era la contratación a través de empresas de trabajo temporal, lo que suponía enmascarar puestos de trabajo estables bajo contratos de semanas de duración, incluso de días.
“Algo inaudito para una plataforma tecnológica que aspira a la excelencia, puesto que se trata de un servicio público directamente ligado a la seguridad y que afecta de lleno a los bolsillos de los contribuyentes, lo que exige el máximo rigor y eficacia”, ha apuntado la representación laboral.
Además de la licitación, también está abierta la mesa de negociación para renovar un convenio sobre el que los sindicatos CSIF, UGT y CCOO aspiran a mejorar las condiciones laborales y salariales de la plantilla acorde a esa mejora de la licitación del contrato.
