Cierre de centros educativos
Las Navidades pasadas, la Consejería de Educación ordenó el cierre de los centros educativos, incluidas las dependencias administrativas de los mismos por motivos económicos que no han concretado ni cuantificado. En estos momentos de crisis, aducir motivos económicos se ha convertido en el cajón de sastre y la disculpa para ir eliminando los derechos de los ciudadanos en general y de los trabajadores en particular.
Detrás de esa aparente medida de ahorro, se esconden varias certezas y algunas sospechas que pasamos a considerar:
1º) En los centros educativos hay más personal que el propio docente, está el personal laboral que ejerce funciones de ordenanza, mantenimiento y limpieza, y también, el personal funcionario de las oficinas administrativas del centro. Todo éste personal se rige por un convenio o un estatuto diferente al de los docentes, porque también sus trabajos son bien distintos y no se relacionan únicamente con la estacionalidad de la labor docente, sino que durante todo el año se necesita mantenimiento, limpieza, reparaciones y trabajo administrativo estén, o, no los docentes.
2º) No es verdad que se ahorre dinero por cerrar esos centros en los períodos que coinciden con las vacaciones del personal docente, puesto que normalmente desde hace años, se trabaja sin calefacción, y el coste de bombillas no es significativo para unos días.
3º) Se dañan los derechos del público en general, puesto que las fechas de Navidades son hábiles a efectos administrativos y los usuarios no pueden recoger sus títulos para aportarlos a su demanda de empleo.
4º) También afecta muy negativamente a los alumnos pues les impide solicitar en esas fechas, su admisión al curso preparatorio para pruebas de acceso a la formación profesional de grado superior.
5º) Se trata de una decisión arbitraria, sin justificación económica y que encubre la intención de privatizar ciertos servicios para terminar privatizando la educación pública. Por todo ello, esta Junta de Personal de Servicios Territoriales de León solicita a la Consejería de Educación que reflexione sobre las consecuencias del cierre de dependencias administrativas ubicadas en centros educativos, tanto para los derechos y deberes de los empleados públicos que prestan sus servicios en ellas como para los derechos de los usuarios de las mismas, y que cuantifique económicamente el ahorro energético con el que quiere justificar esta medida.
