Asaja gana a Azucarera el arbitraje por la bajada del precio de la remolacha en 2019
El arbitro único de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid ha emitido laudo final respecto a la demanda de Asaja a la compañía AB Azucarera Iberia por modificar de forma unilateral el precio de la remolacha en la campaña de siembras de 2019, última en la que estaba vigente el Acuerdo Marco Interprofesional Remolachero (AMI).
El árbitro que ha llevado el caso considera que Azucarera incumplió el Acuerdo Marco Interprofesional al apartarse de la oferta de precios que figuraba para la campaña de comercialización 2019/2020 y le obliga a cumplir íntegramente lo dispuesto en el mismo y en la oferta de precios, por lo que la empresa tendrá que abonar un diferencial estimado de 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la campaña 2019/2020 a todos los remolacheros de España.
En la resolución se condena también a Azucarera a pagar las costas del procedimiento arbitral y dos terceras partes de las incurridas por Asaja.
Las partes, según se informa desde la organización en un comunicado recogido por la Agencia ICAL, se habían sometido a este sistema arbitral al amparo de lo pactado en el propio AMI, renunciando a la vía judicial, por lo tanto, la decisión es firme sin que haya lugar a recurso. Asaja exigirá que la resolución se haga efectiva en próximas fechas, lo que supondrá un desembolso para Azucarera de más de cuatro millones de euros en la Zona Norte, donde Castilla y León representa el 85 por ciento.
Críticas de COAG a Azucarera
Por otra parte, COAG cargó de nuevo hoy contra Azucarera porque un mes después del inicio del laboreo para la remolacha, aún no ha hecho públicas sus condiciones “definitivas” de contratación y denunció que la industria británica “sigue haciendo y deshaciendo a su antojo, forzando la competitividad al máximo entre cultivadores”.
La organización agraria criticó duramente a la compañía por favorecer en sus ofertas de contratación “a unos frente a otros, y todo ello bajo la excusa de contrataciones a la carta que hipócritamente justifica argumentando que busca lo mejor para cada explotación”. Asimismo, denunció que boicotea a las opas en el control de la recepción de remolacha y la analítica. En este contexto, recomendó a los agricultores que “sopesen concienzudamente” tanto las ofertas de contratación como las nuevas normas de recepción vinculadas a ellas, y muy especialmente su “letra pequeña”.
“La delatan sus formas, su falta de transparencia y de información ajustada a la verdad en cuestiones clave, y sus tratos no equitativos a cultivadores en igualdad de condiciones”, sentenció en un comunicado. La opa relata las 15 maneras que Azucarera emplea para “burlarse” de los remolacheros, a cuyas reivindicaciones hace “oídos sordos”, para dedicar “enormes recursos y tiempo” a vender un “paraíso” inexistente.
Azucarera, además, explica COAG, se ha “sacado de la chistera” unas nuevas normas de recepción de remolacha y analítica en laboratorio que “no ha consensuado con nadie, y que están casi en su totalidad al margen del reglamento estatal legal de recepción de 1980 aún en vigor, que se salta a la torera”.
Al respecto, denuncia que esta industria “boicotea la posibilidad de que la supervisión de la recepción se lleve a cabo por las organizaciones agrarias, como venía haciéndose desde hace más de cuatro décadas, negándose a recaudar la cuota técnica destinada a sufragar los gastos de esta supervisión. Y ha sido Azucarera quien ha designado la empresa de peritaje sin contar ni con los remolacheros ni mucho menos con las organizaciones agrarias”.
El sindicato culpa a la Junta
La organización agraria critica duramente a la consejería de Agricultura de Castilla y León, por autorizar a Azucarera un sistema de supervisión, inexplicablemente sin consultar a las organizaciones agrarias. “No entendemos cómo se ha podido autorizar un sistema que pone en manos de una única persona la vigilancia, al mismo tiempo y ocasional, de las básculas de pesaje de los vehículos, el rupraje, el pesaje de las muestras, el sistema de lavado de estas, la cadena de evaluación de impurezas, la raspa de toma de muestras y el laboratorio de analítica de polarizaciones”, inciden.
COAG denuncia que Azucarera deja en el “limbo” a los numerosos agricultores que ya en 2020 pactaron contractualmente con un año de antelación las condiciones de la actual campaña de siembra al haber “modificado unilateralmente, entre otras, la forma de pago y las normas de recepción”.
Asimismo, critica que la compañía incluye en las actuales ofertas de contratación cláusulas contrarias a la ley cadena alimentaria; y minora la rentabilidad de la inmensa mayoría de los cultivadores al bajar unilateralmente el precio de la remolacha de más de 16 grados de riqueza al pasar a pagar por tonelada tipo en vez de hacerlo por tonelada líquida como se hacía hasta ahora.
Perjuicios para los agricultores
COAG pone sobre la mesa también que la marca fuerza a entregar la remolacha sin descoronar y adjudica automáticamente un 4,5 por ciento de descuento, quiera o no el agricultor. Además, prosigue, no da la opción a que el agricultor pueda retirar su pulpa ni tampoco le abona ésta como concepto diferenciado del resto del precio de la remolacha.
El sindicato agrario asegura además, que queda “desamparado” el remolachero ante cierres de fábricas, porque Azucarera “podrá dejar de recibir remolacha, aunque ya esté arrancada, por razones de eficiencia o fuerza mayor que no se definen, con lo que puede ver cómo su remolacha por decisión arbitraria de la industria se deteriora, sin compensación, hasta que pueda reanudar sus entregas”.
Además, ante determinadas situaciones, COAG asegura que Azucarera “unilateralmente” podrá asignar descuentos a tanto alzado y rechazar entregas de vehículos “minando la rentabilidad del cultivador”. Asevera que el remolachero ya no dispondrá de un colchón garantizado para poder entregar sus involuntarios aumentos de rendimiento por encima de lo contratado.
“Azucarera, haciendo de ”juez y parte“, decide las indemnizaciones que debe pagar el remolachero ante traslados de remolacha a la competencia; y prosigue, recaudará la cuota de Aimcra (0,11 euros por tonelada) como parte de las liquidaciones adjuntas a los contratos, y ello pese a que ”en ausencia de AMI las organizaciones agrarias consideran que debe estar desvinculada de dichos contratos“.
