Arias Tronco, el jugador ignorado que dio jaque al rey carbonero Victorino Alonso

El 'rey del carbón', Victorino Alonso, se enfrenta desde este lunes a un nuevo juicio, pero el primero por la comisión de presuntos delitos medioambientales cometido en la explotación a cielo abierto del Feixolín en Laciana. Han sido, nada más y nada menos, que 17 años de diligencias judiciales y se enfrenta a una petición fiscal de hasta 8 años de cárcel. El exalcalde de Villablino por Izquierda Unida, Guillermo Murias, le acompañará en el banquillo de los acusados.

El empresario se encuentra en estos momentos pendiente de un recurso al Tribunal Constitucional para ver si finalmente entra en prisión por la condena a dos años de cárcel y pago de 25,5 millones por destruir un yacimiento neolítico, la cueva de Chaves, en la provincia de Huesca.

Antón Arias Tronco es el hombre que ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a magnate carbonero, con el que suma más de 22 años de litigios judiciales, administrativos y personales. Y que espera paciente “que se haga justicia, me pague lo que me debe y termine entrando en la cárcel, que es lo que merece”.

ILEÓN ha charlado con él en su domicilio particular de San Miguel (Villablino) para conocer sus impresiones días antes de la primera sesión del juicio oral, fijado en principio para tres días en la Audiencia Provincial de León desde este lunes. “No es una cuestión de venganza”, asevera a nuestra pregunta sobre si la venganza se sirve fría y larga en el tiempo: “Es cuestión de justicia y de defender mis intereses y los de mi familia”.

Recuerda con claridad los inicios del conflicto entre ambas partes. “Yo tengo una finca en las inmediaciones de la explotación de El Feixolín con una cabaña, que usábamos toda la familia”. Se la quiso comprar la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), entonces en manos de Alonso, y “yo les dije que no se la vendía, que era mía y no tenía obligación de vendérsela”. Entonces empezaron por bloquearle el acceso a su propiedad con guardas de seguridad “armados, que cerraban el camino de la braña”. En ocasiones subió con la Guardia Civil, “todos los días se hacían voladuras con 5.000 kilos de explosivos en la explotación, en ocasiones estando nosotros en la finca”.

En una de esas ocasiones poniendo en peligro la vida de su esposa y sus tres hijos pequeños al llegar a sus fincas enormes piedras despedidas por la explosión afectando de forma importante la estructura de la cabaña, que quedó inservible y por cuyos daños ahora se le pide una indemnización a Victorino Alonso de 58.500 euros por los daños causados y 77.131,1 euros por el lucro cesante en el uso de la propiedad.

Por debajo mismo de la finca en la ladera del monte, MSP abrió una bocamina y caló una chimenea de ventilación al terreno de Antón, sin ni siquiera solicitar autorización. La entrada de agua por la chimenea provocó un hundimiento del que MSP culpó a Tronco. Denuncia de la empresa y un litigio en el que le pedían 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros)

Las denuncias empezaron a ser continuadas. “Nadie me hacía caso, ni Ayuntamiento, ni Junta de Castilla y León, todos decían que la explotación era legal y cumplía con la ley”. Sólo una institución le respaldó. El Procurador del Común, Manuel García Álvarez, “me hizo caso” abrió una investigación, “vino personalmente y estuvo conmigo viendo todo y en sus resoluciones presentó una denuncia a la Fiscalía, él mismo”. Se abrieron diligencias de investigación “pero se archivaron porque de las consultas que el fiscal evacuó al Ayuntamiento de Villablino y la Junta, ambos contestaron que era todo legal y que contaba con todos los permisos necesarios”.

En todo este tiempo lo peor fueron “las amenazas, que me iban a arruinar, quitar el negocio y la casa, que me iban a meter en la cárcel, por parte de sus secuaces y alguno de sus abogados”. Pero Antón es un hombre tenaz y bragado, que no se arredra ante bravuconadas, como ha demostrado reiteradamente. Persistió en la defensa de lo suyo, pese a los continuos reveses judiciales y administrativos.

El año 2002 es muy importante para lo que finalmente va a suceder a partir del lunes en la Audiencia Provincial. Antón consigue que el Ayuntamiento presidido por Ángel Crespo le certifique que la explotación a cielo abierto de El Feixolín no cuenta con ninguno de los permisos preceptivos municipales para su funcionamiento, como son las licencias de obra, de actividad y de apertura. No solo eso, además no consta siquiera su solicitud.

También, por fin, Medio Ambiente en León certifica que los terrenos ocupados por la explotación y anexos no cuentan con las autorizaciones preceptivas de ocupación. Esto le permite llevar el asunto al Juzgado de Villablino y presentar una demanda admitida a trámite y que se va a resolver 17 años después de iniciadas las diligencias previas.

En estos 17 años ha sucedido de todo. Y es que esta historia daría para un libro o una tesis doctoral seria, sobre las impunidades, las connivencias de los poderes públicos con un empresario de pocos escrúpulos legales, el despilfarro de dinero publico en forma de subvenciones o los esperpentos políticos más rocambolescos y vergonzosos de estos últimos 40 años.

Connivencia política con Victorino Alonso

Uno de estos acontecimientos que sonrojarían a cualquiera, aunque sólo sea por vergüenza ajena, es el que provocó la dimisión del alcalde electo de Villablino por el PSOE, Angel Crespo, el 11 de febrero de 2005. Tras su decisión de firmar un decreto de paralización de El Feixolín, “por su manifiesta ilegalidad”, se presentó en el Ayuntamiento el director general de la empresa en aquella fecha, Juan Antonio Martín, llegado desde Madrid, “en apenas tres horas”; es decir sin respetar los límites de velocidad, según alardeó después ante varios trabajadores de la empresa.

Tras ocho horas reunido con el alcalde, no consigue que este modifique su decisión. Y ante el abandono de su propio partido —que incluso preparaba un encierro de sindicalistas para el día siguiente en el Ayuntamiento si Crespo seguía adelante con su decisión— Ángel decide presentar su dimisión, porque según aseguró a la prensa: “Antes que alcalde soy persona con firmes principios y esto no me permite seguir siendo alcalde a cualquier precio, mi coherencia personal me exige presentar mi dimisión como alcalde” (El Mundo-La Crónica de León, 12-02-5005).

Le sustituyó Ana Luisa Durán, que apenas tardó tres meses en montar en el salón de plenos del Ayuntamiento un aquelarre mediático para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y MSP el 10 de junio, por el que la institución municipal ponía a MSP una alfombra roja para poder explotar cinco nuevos cielos abiertos en el municipio (ampliación de El Feixolín, Rodeviejas, Felisa, Chabiadas y Buxonte) a precio de saldo. Este convenio se anuló unos meses después, por la propia incapacidad de gestión del consistorio, que no respondió a un recurso de reposición presentado por Filón Verde y las juntas vecinales de Robles, Sosas y Orallo, lo que dio la razón al recurso por silencio administrativo, y así lo reconoció finalmente el Ayuntamiento el 7 de febrero de 2006 a través de un decreto de la alcaldía.

El acto de firma de este convenio fue respaldado con la presencia de los por aquel entonces senadores del PSOE Ángel Villalba y Miguel Martínez, el primero consejero en MSP desde 1995 a 1999. Y además, la presencia telemática de Rodríguez Zapatero desde Moncloa, que según recogió el Diario de León el 11 de junio habría llamado a Victorino para felicitarle por el convenio y agradecerle “la donación” al Estado de la vieja térmica de MSP en Ponferrada. No en vano Villalba (por aquel entonces presidente de Caja España) y Zapatero (secretario provincial del PSOE) fueron claves e indispensables en la adjudicación a Victorino Alonso de la MSP en el año 1994.

La ejecutiva local del PSOE mostró públicamente su disconformidad con el convenio en una nota de prensa, por la forma de realizarlo enterándose ellos por los medios de comunicación, y en tres días fueron expulsados del partido por burofax, sin tan siquiera darles opción a explicarse.

Eran los tiempos de Pepe Blanco como jefe organizativo del PSOE. Algunos de los 17 expulsados han hecho acto de contrición, siendo en la actualidad miembros activos de la agrupación. Otros en cambio nunca fueron perdonados.

El tercero de los vergonzosos acontecimientos políticos de estos tiempos de diligencias judiciales fue el esperpento de la visita turística de una delegación política de la Comisión de Industria del Senado integrada finalmente por cinco senadores, que el 28 y 29 de septiembre de 2006 visitaron la ya declarada judicialmente ilegal explotación de El Feixolín invitados por el empresario, que los agasajó además con delicias gastronómicas de la tierra en el edificio de la llamada Casa Hotel de MSP, lugar habitual de los encuentros con sus visitantes ilustres. Los senadores y acompañantes pasaron dos días festivos distintos y lejanos a las intrigas parlamentarias de la Cámara Alta, mostrando su respaldo a la actividad ilegal de la explotación minera.

En este último también estuvo presente Antón, que al menos pudo expresarle a los senadores lo que sentía por su actitud y su visita, pues lo recibieron, como uno de los trámites más del pago de las vacaciones. “Caso ninguno, casi ahora me da vergüenza todo lo que esto significó”, asegura Antón, que, a renglón seguido, añade “todas estas cosas y estas connivencias de parte de la clase política le han hecho crecerse y pensar que es intocable, pues Victorino está convencido que nadie va a poder con el, de ahí su forma de actuar prepotente”.

Corroboran este sentir y evaluación de Antón la intervención que Victorino Alonso tuvo en la presentación e inauguración en Cerredo de la obra de la nueva mina el 24 de noviembre de 2009. Cuando ante una amplia representación política del Principado, con el consejero de Industria asturiano a la cabeza y la presencia del mandamás del SOMA-UGT(el ahora condenado por apropiación indebida José Angel Villa), y la alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, aseguró que si no le concedían más cielos abiertos los explotaría “a la brava” (recogido en informaciones de La Crónica de León y la Nueva España del día siguiente). Sorprendentemente ninguno de los ilustres invitados se levantó de la silla o dijo una palabra en contra.

Cuando la Junta de Castilla y León mira para otro lado

Pasado el entreacto de este sainete político-burlesco, retomamos el relato de los acontecimientos referidos a la explotación de El Feixolín con la sentencia que el 25 de noviembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) falla, declarando la mina ilegal, ordenando el cierre de la explotación, la restauración de lo dañado y ordena al Ayuntamiento el inicio de un expediente sancionador y restitución de la legalidad urbanística.

En este momento entra en juego la Junta de Castilla y León y sus responsables de Minas, que utilizando argucias, falsedades en documentos y justificaciones de lo injustificable, mantienen la explotación durante otros tres años abierta y con funcionamiento ordinario, extrayendo carbón ilegalmente, con la actividad cotidiana. De nada sirvieron recursos, autos judiciales, decretos de la alcaldía, para poder poner freno al expolio ilegal del yacimiento.

Es más, aún tuvieron la osadía de autorizar una ampliación de la explotación hacia el sur, mientras que la solicitada hacia el oeste se explotó ilegalmente de nuevo sin autorización y una vez agorado el yacimiento previsto, la propia empresa pidió la retirada de la solicitud de explotación.

Denuncias de los agentes medioambientales de la Junta, informes del Seprona, reportajes periodísticos de El Mundo-La Crónica de León sobre el transporte de carbón, cuando la Junta aseguraba, que no se explotaba, “solo se restaura”. Todo ello corroboran estas informaciones y las hemerotecas provinciales dan buena cuenta de todas las afirmaciones.

Llegan incluso al absurdo en Minas de llevar al juzgado un informe asegurando que para restaurar y rellenar el hueco existente, para el que se estiman necesarios tres millones de metros cúbicos de tierra, es necesario remover nueve millones de metros cúbicos en la explotación. Durante estos años los responsables autonómicas de Minas pasaron de su dontancredismo del disimulo, mirada fija en otro lado y el abandono de sus obligaciones de vigilancia de la legalidad, a ser colaboradores necesarios e indispensables para continuar con la explotación ilegal.

Otro hecho digno de destacar es la multa que finalmente impone el Ayuntamiento de Villablino a la empresa MSP por las ilegalidades urbanísticas de la explotación, cuantificada según los beneficios ilícitos calculados en base a un informe presentado por la propia empresa en el juzgado de Villablino, sobre las perdidas que le producía cada día de paralización de la explotación. Tratando de justificar con ello la demanda que pretendía arruinar a Antón Arias pidiéndole cantidades desorbitadas por daños.

La multa inicialmente de 170 millones de euros, pasó luego a 129 millones. MSP recurrió y el Juzgado la rebajó finalmente a 800.000 euros, porque estima entre otras cuestiones, la dificultad para fijar el beneficio obtenido o el coste de la restauración fijado en más de 15.000 euros por hectárea (176,7 hectáreas de explotación a restaurar), que debería haber restaurado por tanto la empresa antes del cierre. No como finalmente ocurrió, que tuvo que sumir los costes y los trabajos la propia administración territorial.

En todo este barullo, MSP amenazó en varias ocasiones con el cierre de la empresa, realizó ERES temporales para los trabajadores de El Feixolín, con despidos de 150 trabajadores, retuvo ilegalmente las nóminas durante 15 o 20 días a los trabajadores varios meses... `pero nadie se atrevió a retenerle las subvenciones y el Ayuntamiento de Villablino no recurrió el auto del juzgado, que le habría permitido al menos soñar con tratar de salvar la ruina económica en que se encontraba y encuentra la institución municipal.

“Cuanto más repasas los hechos, más indignación sientes” asegura Antón y algo que no acaba de comprender es “como una persona puede estar declarada como insolvente desde hace 24 años y haber percibido del estado más de 2.700 millones de euros en subvenciones, según informaciones de prensa, viajar en varios vehículos de más de 100.000 euros y moverse por todo el mundo”.

Añade para poner el punto final “que me expliquen, como se pueden declarar las empresas en quiebra, dejando enormes deudas al Estado (Seguridad Social y Hacienda), es decir a todos nosotros, proveedores y trabajadores; con estos antecedentes y nadie le de por investigar, qué ha sido del dinero. Ya va siendo hora de que empiece a rendirse cuentas por el gran fraude y la corrupción del carbón, que dejan en minucias a todos los casos de corrupción política, que llenan los telediarios y periódicos”. Si esto sirve como punto de arranque “me sentiría en parte satisfecho”, asegura.

Este empresario hostelero de Villablino, hoy jubilado, que ha dejado en manos de su hijo Nicolás el restaurante Los Arándanos, acudirá el lunes a León citado como testigo en la Audiencia Provincial donde se encontrará de nuevo frente a Victorino Alonso “para mirarle de frente a los ojos”.

— ¿Bueno y del dinero que te ha costado toda esta historia, qué?

“Eso déjalo correr, prefiero no pensar en ello. Además, igual aún no se acabó”.