El Consejo de Gobierno aprobó hoy la concesión de una subvención de 80 millones de euros para financiar los gastos de funcionamiento y personal de las universidades públicas de la Comunidad en el cuarto trimestre de 2013. Estas aportaciones suponen la continuidad en la financiación global de las universidades públicas de Castilla y León durante el cuarto trimestre de 2013, con un importe anual total de 324.353.360 euros.
Así, la Universidad de Valladolid recibirá 29 millones; la de Salamanca obtendrá 28,9; a la de León se le asignarán 13,7 y algo más de 8,9 millones irán destinados a la de Burgos. La subvención también incluye la compensación de la Junta a las universidades públicas por la diferencia entre el importe de las becas de matrícula pagadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el coste real de las mismas, ascendiendo esta cantidad a la cifra de 9.048.790 euros.
De este modo, la Junta estima que estas cantidades son las necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades públicas de la Comunidad durante este último trimestre del año 2013, una vez que ya se conocen tanto las cantidades ingresadas por las universidades públicas de Castilla y León en concepto de tasas académicas, como las cantidades que suponen las becas para los estudiantes universitarios concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Mantenimiento de titulaciones con menos de 35 alumnos
El Consejo de Gobierno también dio luz verde al proyecto de decreto para fortalecer las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster. El objetivo principal es racionalizar el mapa de titulaciones universitarias en Castilla y León y construir un sistema universitario articulado y más potente. El proyecto va a permitir a las universidades mantener las titulaciones con menos de 35 alumnos ya que proporciona alternativas para mantener titulaciones con baja demanda, en la medida en que sean capaces de impartirlas compartiendo recursos con otras o bien recurriendo a la puesta en marcha de dobles titulaciones.
Así, se incluye, de manera más amplia y concreta, los criterios que la Junta de Castilla y León ha de tener en cuenta para acordar la implantación de las enseñanzas de Grado y Máster -dichos principios ya se recogían en la Ley 3/2003 de Universidades-. En este sentido, se regula el procedimiento para la implantación y supresión de dichas enseñanzas, la modificación de los planes de estudios y la renovación de la acreditación de los títulos de Grado y Máster.
El texto señala también los criterios que pueden darse para que tanto las universidades como la Junta de Castilla y León -en el caso de las enseñanzas de las universidades públicas- puedan acudir a los procedimientos de implantación de Grados y Máster; dobles titulaciones; titulaciones de créditos compartidas; titulaciones intercampus y titulaciones interuniversitarias, así como su supresión.
Regulación de las Escuelas de Doctorado
En materia de educación, el Consejo también aprobó el proyecto de decreto que regula la creación, modificación y supresión de las Escuelas de Doctorado en universidades de Castilla y León. El presente decreto desarrolla la normativa básica estatal en el ámbito de Castilla y León. El texto atribuye a la Junta de Castilla y León la competencia para autorizar la creación, modificación y supresión de las Escuelas de Doctorado, a iniciativa de las universidades.
La iniciativa de las universidades públicas tendrá que estar precedida de la propuesta de su Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Social. Si es una universidad privada la que pide esta autorización, deberá ser a propuesta del órgano que dispongan sus normas de organización y funcionamiento.
Además, el proyecto de ley establece que la financiación de estas Escuelas de Doctorado deberá ser asumida por las universidades. Asimismo, las universidades deberán comunicar a la Consejería de Educación los casos de participación de las universidades de Castilla y León en Escuelas de Doctorado integradas en universidades ubicadas en otra Comunidad.
Entre la documentación que se exige que aporten las universidades se incluye, en el caso de la creación de las Escuelas de Doctorado, un informe económico relativo a sus costes y financiación. En el supuesto de la modificación, un informe justificativo de la misma y de las consecuencias de la incorporación o desvinculación del ente o entes correspondientes, con especial referencia a las repercusiones económicas y a la financiación de la Escuela de Doctorado. Y, finalmente, en el caso de la supresión, un estudio sobre las consecuencias económicas.