El Estatuto que regule la actividad del Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades españolas está dando muchos dolores de cabeza en las instituciones educativas de carácter superior de nuestro país.
Las posiciones entre los representantes de los trabajadores, la administraciones públicas y las autoridades universitarias se encuentran muy distantes. Principalmente por las cuestiones económicas que son las que marcan las distancias principales para poner de acuerdo a las partes
En las últimas conferencias de rectores del mes de mayo, estos presentaron sus liÌneas rojas, que son respecto a cuales son las labores de un profesor, a que debe acompañarse de una memoria econoÌmica, la carrera horizontal para que no pudiera conseguirse la excelencia sin investigacioÌn.
Para los representantes de los trabajadores la cuestión principal se centra en la carga docente de clases y su interacción con la investigación. Dejando a un lado, las labores de gestión en las que muchos docentes se resguardan en la actualidad para no ejercer una labor investigadora mínima. Aunque evidentemente, la carga docente no es el único tema que preocupa a los representantes de los trabajadores.
Por último, las administraciones públicas son conscientes de las dificultades económicas que tendrá la implantación del Estatuto del PDI. Lograr alcanzar el acuerdo EPDI (Estatuto Personal Docente e Investigador) estaÌ complicado por el tema econoÌmico al necesitar mucho dinero y no existir disponibilidades presupuestarias, por la situación económica en la que se encuentra la sociedad española.
Así pues, la dificultad parece importante para llegar a un acuerdo de desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador.