Quince nuevos animales muertos en el Canal de Arriola de León y denuncias contra Gobierno, Junta y Guardia Civil
El Canal de Arriola, una de las principales infraestructuras de riego vinculadas al río Porma en la provincia de León, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el hallazgo este miércoles 8 de abril de aproximadamente quince animales muertos en uno de sus puntos más conflictivos.
El descubrimiento, realizado nuevamente en el salto del canal a la altura de Paradilla de la Sobarriba, ha motivado que el Partido Animalista (Pacma) y la asociación Sacrificio Cero León hayan presentado denuncias formales ante el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), la Junta de Castilla y León y el Seprona de la Guardia Civil.
Entre los cadáveres localizados se encuentran ejemplares de fauna silvestre como corzos y jabalíes, algunos de ellos recientemente fallecidos, junto a restos óseos que evidencian que no se trata de un episodio aislado y que viene de lejos. Las organizaciones denunciantes sostienen que este punto del canal se ha convertido en una “trampa mortal recurrente”, donde los animales caen al agua sin posibilidad de escape y mueren entre grandes sufrimientos, además de muchas veces por hipotermia. Y en un comunicado conjunto, critican una vez más la “absoluta incapacidad” de la CHD para implantar medidas eficaces, como rampas funcionales o vallados adecuados, que eviten la muerte de la fauna.
Salud pública
Más allá del grave impacto sobre la biodiversidad que se acumula durante años, los colectivos alertan también de un posible problema sanitario y medioambiental. Los cuerpos en descomposición permanecen en contacto directo con el agua que posteriormente se destina al riego agrícola. “No solo estamos ante una falta de ética hacia los animales, sino ante un problema medioambiental: este agua contaminada llega directamente a los cultivos de nuestros vecinos”, advierte Natividad Franco, coordinadora de Pacma en León y presidenta de Sacrificio Cero.
Este nuevo episodio se suma a una larga lista de incidentes similares en el mismo canal, año tras año, muy especialmente en primavera, pero no solo. La única solución aplicada por la Confederación en los últimos años, dos plataformas flotantes experimentales instaladas en el verano de 2024 con un coste aproximado de 18.000 euros, ha resultado claramente insuficiente como se demostró ante episodios del año pasado.
Estas estructuras consisten en bidones de plástico que sostienen una rampa recubierta de césped artificial para facilitar la salida de los animales. Sin embargo, ya antes del inicio de la campaña de riego de la pasada primavera, Pacma había advertido de su ineficacia. Nuevas pruebas gráficas y testimonios confirman ahora la persistencia de una elevada mortandad, con acumulaciones de cuerpos, principalmente corzos, en distintos puntos del canal.
Años de desidia y ocultación
El problema, además, no es nuevo. Durante años, tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Junta de Castilla y León han mantenido un cruce de responsabilidades sobre la gestión del canal y la adopción de medidas preventivas, sin que se haya ofrecido una solución definitiva. La falta de transparencia también ha sido objeto de críticas, ya que las administraciones han evitado publicar datos completos sobre la mortandad.
No fue hasta la intervención del Procurador del Común cuando se conocieron cifras oficiales: al menos 140 animales muertos en apenas dos años en este canal de 32 kilómetros, gran parte del cual carece de vallado. A pesar de ello, las actuaciones siguen siendo limitadas y, según denuncian los colectivos animalistas, claramente ineficaces.
En su momento, la CHD llegó a descartar inversiones más ambiciosas, valoradas en torno al millón de euros, para mejorar la seguridad del canal. En su lugar, optó por soluciones provisionales como los dispositivos flotantes y aplazó una intervención estructural a medio plazo. Esta pasaría por la modernización del regadío en la zona del Alto Porma, prevista como pronto para 2027, que permitiría soterrar parte de las canalizaciones y dejar en desuso 21 de los 32 kilómetros actuales. El vallado del resto tendría un coste estimado de unos 200.000 euros.
Mientras tanto, Pacma y Sacrificio Cero León reclaman actuaciones inmediatas: la retirada urgente de los cadáveres, la instalación de rampas de escape eficaces y medidas de prevención que eviten que el Canal de Arriola siga funcionando como un “corredor de muerte” ante la inoperancia y responsabilidad de las principales administraciones públicas.
