Estaba todo listo para iniciar las expropiaciones de terrenos para la ejecución de los dos primeros de los cinco macroparques solares proyectados entre Villadangos del Páramo y la comarca del Órbigo, previéndose quedarse por esta vía con una de cada tres fincas, algunas de ellas agrícolas, que se negaron a vender. Pero en el tintero se quedaron algunos pocos terrenos, actualmente de cultivo, que resultan necesarios para disponer de todo el suelo imprescindible para poder desarrollar las macroplanta de Valtarafón y Roteles, y la Junta de Castilla y León ha dado los pasos necesarios para que también esta finca se pueda expropiar cuanto antes.
Esta nueva maniobra administrativa ha quedado desvelada en varias publicación recientes del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa, anuncio que han visto vio la luz en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Se trata de sacar a “información pública complementaria” tanto la autorización administrativa como la declaración de utilidad pública de la planta fotovoltaica Valtarafón, un macroparque que afecta a los municipios de Villadangos y Cimanes del Tejar y en el que se prevé generar casi 39 megavatios de potencia eléctrica cuando esté en marcha. La inversión prevista es de poco más de 24 millones de euros, sólo en este caso.
Esta macroplanta se ha dimensionado para ocupar hasta 78,4 hectáreas de terreno en total y en buena parte de ellas se instalarán 93.420 placas fotovoltaicas. Según ya se publicó oficialmente en octubre, y resaltó ILEÓN, la empresa promotora, perteneciente al grupo Lamelas Viloria, del empresario minero Manuel Lamelas Viloria, había conseguido cerrar acuerdos previos para poder instalarse en 54 de las 75 parcelas. O lo que es lo mismo: disponía del uso de 609.000 metros cuadrados de mutuo acuerdo con sus propietarios pero en 21 fincas, que sumaban 211.309, se habían negado a firmar.
Es ahí donde interviene la Junta para facilitar la expropiación de todos esos terrenos, mediante la declaración de “utilidad pública” de la instalación fotovoltaica. Sin embargo, en el recuento de terrenos le faltaba uno: el que ahora también se pone en marcha. Esta última y olvidada finca mide casi 6.500 metros cuadrados, se sitúa en concreto en el polígono 202, parcela 87, del municipio de Cimanes del Tejar, y en la información oficial no se deja lugar a dudas de que también este caso se trata de un terreno de “naturaleza: agraria”.
La publicación en el boletín aclara que la ausencia de esta finca ha sido un malentendido porque “estaba en la relación de parcelas” que la empresa promotora ya había notificado a la Junta en enero de este año. Por algún motivo se había traspapelado.
Cabe recordar que hace tres semanas que ya se había iniciado idéntico trámite para el resto del suelo a expropiarse. Y que además del necesario para este macroparque de Valtarafón, también se había iniciado idéntico trámite para otro cercano llamado Roteles. Hoy también se ha dado idéntico caso en este último macroparque, al publicarse en el BOP leonés otro listado de tres fincas a mayores que tampoco se incluyeron en el primer listado y que se insta también a expropiar. Son todas ellas fincas agrícolas, en estos casos en el polígono 101 de Villadangos del Páramo, de 2.367, 1.400 y 1.805 metros cuadrados, respectivamente.
Estos dos son parte del total de cinco macroplantas que la misma compañía ha diseñado, y la Junta tramitado sin problema alguno, en la misma zona junto a la futura ampliación de la segunda fase del polígono industrial de Villadangos y el campo de golf de San Miguel del Camino. Aún quedan por seguir el mismo camino administrativo, que casi seguro conllevarán nuevas expropiaciones de suelo, en los parques llamados El Monte, La Llanada y La Fenera.
Hace algunos pocos años que el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró públicamente que la Junta se comprometía a tener en cuenta los parques solares o eólicos troceados, cercanos y de la misma empresa impulsora, antes de autorizarlos, ya que de superar los 50 megavatios la competencia sería del Ministerio y no autonómica. Sin embargo, precisamente ante el flagrante caso de estos cinco del Páramo y el Órbigo, el mismo Carriedo matizaba que ese troceamiento lo amparan los técnicos.
Igualmente, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, había anunciado que la Junta protegería los terrenos agrícolas en activo para evitar que albergaran este tipo de instalaciones. Sin embargo, es algo que tampoco en este caso se cumple y el propio Quiñones ha matizado, afirmando ahora que no todos los terrenos agrícolas han de ser protegidos: “Primero protegimos zonas de regadíos y para el resto asumimos un compromiso de ampliarlos a otros como viñedos y frutos de hueso”, es decir, “no con carácter general para cualquier tipo de cultivo”, aseguró hace escasas semanas. Propietarios agrícolas, como ha ocurrido en este caso en el momento de las alegaciones, y algunos sindicatos agrarios como Asaja, Coag o UPA, han intentando en vano que la Junta cumpliera sus propios compromisos.