No todas las tierras de todos los cultivos están protegidas de la proliferación de proyectos de macroplantas de energías renovables, solares o eólicas. Ni tampoco se garantiza una vigilancia administrativa para evitar trocear proyectos de grandes dimensiones en otros más reducidos, aunque sean colindantes, en el mismo municipio y de los mismos promotores.
El Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León matiza así sus propios compromisos de meses y años atrás, cuando por un lado garantizó públicamente desde 2022 que tratarían “como una unidad” plantas energéticas en las que hubiera evidencias de ser un proyecto único pero dividido en varios.
Cabe recordar que esta decisión es muy relevante desde el punto de vista de qué administración debe realizar todo el proceso previo a la autorización y construcción de una macroplanta, porque si superan los 50 megavatios de potencia sería una competencia estatal del Ministerio y si está por debajo recae en la administración autonómica de la Junta. Tal es el reciente caso de cinco plantas que están ya autorizadas, declaradas de utilidad pública y en proceso inicial de expropiación de terrenos por parte de la Junta de Castilla y León en Villadangos del Páramo, todas ellas de la misma empresa, donde además han de expropiarse una de cada tres fincas que no estaban dispuestas a vender a la compañía que impulsa los cinco parques fotovoltaicos.
También hace escasas semanas que el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció en las Cortes de Castilla y León que se impondrían nuevas restricciones para los promotores de plantas tanto solares como eólicas, blindando específicamente los terrenos aptos para el cultivo. “Estamos estudiando una modificación de este Decreto-ley para ampliar otros ámbitos de protección en el ámbito agrícola”, dijo.
Los importantes matices de Quiñones
Sin embargo, al conocerse casos como este de Villadangos, donde los agricultores se quejan de que se les expropia suelo donde cultivan y se rechazan sus alegaciones, Quiñones matiza ahora que no todos los terrenos agrícolas han de ser protegidos de estas instalaciones. El consejero en la rueda de prensa recordó que “primero protegimos zonas de regadíos y para el resto asumimos un compromiso de ampliarlos a otros como viñedos y frutos de hueso”, es decir, “no con carácter general para cualquier tipo de cultivo”.
Quiñones recordó que “para los procedimientos para la declaración de impacto ambiental siempre se pide un informe a la Consejería de Agricultura y Ganadería y si en el informe se derivase un especial alto valor agrícola de los terrenos, sería un informe obstativo a una declaración positiva de impacto ambiental”. “Por lo tanto, el valor agrícola de los terrenos que puedan verse afectados por las eventuales expropiaciones está analizado técnicamente a través de informes”, detalló.
Respecto al cumplimiento del compromiso de impedir el troceamiento, el político leonés se limitó a decir que “la conjunción de varios parques solares incluso de la misma empresa promotora en las evaluaciones de impacto ambiental y en los procesos se analizan los efectos sinérgicos de todas las instalaciones cercanas, sean de la misma o de distinta empresa”. “Por lo tanto, ya lo hemos aprendido hace mucho tiempo, con sentencias muy claras de los tribunales, que el troceo de este tipo de instalaciones no va a evitar que la Junta de Castilla y León evalúe los efectos sinérgicos de esas instalaciones cercanas”, abundó. “No lleven cuidado que esos efectos sí han sido evaluados para dar el ok a la evaluación de impacto ambiental”.
TRXTUAL DEL VÍDEO