Dos años después de las primeras medidas de la Junta de Castilla y León contra la proliferación desordenada y sus impactos negativos de los proyectos de macroplantas de energías renovables, tanto solares o fotovoltaicas como eólicas, el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado en sede parlamentaria que esas medidas se ampliarán con nuevas restricciones para los promotores.
En concreto, ante una pregunta del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León, Suárez-Quiñones informó de un próximo e inminente cambio en la norma autonómica en vigor para ampliar la protección en terrenos agrícolas. A falta de concretar con detalle en qué términos sería el blindaje de estos terrenos aptos para el cultivo, esta decisión podría impedir que algunas macroplantas se puedan instalar en este tipo de terrenos. “Estamos estudiando una modificación de este Decreto-ley para ampliar otros ámbitos de protección en el ámbito agrícola”, afirmó de manera literal el consejero en el Parlamento.
Sin embargo, se trata de una medida que llega ya muy tarde, dado que son muchos los proyectos ya autorizados en terrenos cultivables, tanto por el Gobierno central como por la propia Junta, que también ha bendecido con el impacto ambiental favorable de los estatales, y eso a pesar de constantes críticas de algunos sindicatos agrarios.
En las Cortes el consejero recordó que su Consejería ya aprobó “los decretos leyes 2 y 4 del año 2022, estableciendo restricciones generales para proteger nuestros valores ambientales, agronómicos, patrimoniales y socioeconómicos”, asegurando entonces que tendrían mucho mayores controles ambientales que los establecidos por el Gobierno.
Además, en similares fechas de 2022 la Junta también se comprometió públicamente a impedir las maniobras de muchas empresas promotoras de trocear proyectos solares o eólicos para conseguir su aprobación, por la proliferación de este tipo de casos en varias comarcas de la provincia de León. Muchas organizaciones conservacionistas ya han considerado incumplido este compromiso, amparándose en que las decisiones son de carácter técnico. Y se señalan algunos casos como los proyectos fotovoltaicos de La Llanada, El Monte, Roteles, La Fenera y Valtarafón, todos ellos de idéntico grupo empresarial y en los mismos municipios de Cimanes del Tejar y Villadangos del Páramo.
La Patronal del sector, la Unión Española Fotovoltaica (Unef), asegura que esto no es así, porque “aunque los proyectos pertenezcan a un mismo grupo empresarial y se hayan tramitado como unidades separadas, los promotores y la Junta de Castilla y León los han tramitado y estudiado como un todo en cuanto a afección ambiental”, en este caso de Villadangos en particular.
Esta contestación, sin embargo, no tiene en cuenta que de no haberse troceado los cinco proyectos, que ocuparán la suma de casi 450 hectáreas, éstos habrían superado con creces el límite de producción de 50 Mw por encima del cual no sería la Junta sino el Gobierno central el que hubiera tramitado un único macroparque, evaluándolo en Madrid y no en Valladolid desde el punto de vista administrativo y también medioambiental.
En el caso de los terrenos de cultivos, a los que ahora anuncia la Junta que ampliará su protección, ya se ha podido comprobar que la Junta ha 'bendecido' numerosos casos con la evaluación de impacto ambiental favorable, autorizaciones administrativas previas y también autorizaciones de construcción, incluso permitiendo que los proyectos sean blindados al considerarse como de utilidad pública.
Los mencionados de Cimanes y Villadangos son ejemplos que sirven para demostrar el troceado permitido y la ocupación de suelo plenamente cultivable y rentable. No pocos agricultores se quejan amargamente de que con su permisividad, y autorizando incluso la posibilidad de que se puedan expropiar los terrenos que las compañías necesiten, la Junta de Castilla y León les arrebata tierras en pleno uso. Y en no pocos casos, la subsistencia de algunos agricultores, como recababa ILEÓN de algunos de los casos afectados en el Páramo.
No son los únicos: otros proyectos Los Oteros o zonas como El Burgo Ranero, donde se critica que incluso afecta a parcelas donde ya ha regado el regadío tras grandes inversiones. Igualmente se censura en parte del mucho suelo que se verá afectado por el llamado Nudo Vilecha, el amplio tendido eléctrico que atravesará municipios como Villadangos del Páramo, Valverde de la Virgen, Santovenia de la Valdoncina y León.
La Patronal difiere
A todo este respecto, fuentes oficiales la Patronal del sector, la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que dice representar al 90% de la actividad del sector en España y “a ”la práctica totalidad de la industria“, consideran que se han sacado de contexto e intención las declaraciones del consejero Suárez-Quiñones en su respuesta parlamentaria, negando que él hablara de un cambio en la norma autonómica en vigor para ampliar la protección en terrenos agrícolas.
En todo caso, recuerdan que también resaltó otras manifestaciones suyas como que la Junta de Castilla y León está demandando al Gobierno de España una mejora en los costes del suministro eléctrico para las empresas de Castilla y León, porque podría ser un polo de atracción de industria y, por tanto, actividad económica y puestos de trabajo.