Una media de uno de cada tres propietarios de terrenos entre los municipios de Villladangos en la comarca leonesa del Páramo y Cimanes del Tejar en la comarca del Órbigo, suelo en el que una empresa ha diseñado cinco macroparques solares, no se avino a vender para la construcción de esta infraestructura. Por un lado, algunos de esos terrenos son de uso plenamente agrícola y sus dueños aspiraban a seguir sacándole un rendimiento, aduciendo que querían seguir labrando la tierra. En otros casos, no les convenció el precio que la compañía les ofrecía por ellos.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León acaba de zanjar por vía administrativa el procedimiento que permitirá a la compañía expropiar aquellos terrenos no adquiridos para el desarrollo de sus macroplantas. De momento ha ocurrido en dos de los cinco casos: en la planta denominada Valtafarón y en otra llamada Roteles.
Tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León y en el de Castilla y León (Bocyl), el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha aprobado la declaración de la utilidad pública de todos esos proyectos energéticos y la necesidad de ocupación de los terrenos que necesitan para su implantación en los macroparques de Valtafarón y Roteles. Se espera idéntico trámite en los casos de las plantas llamadas El Monte, La Llanada y La Fenera.
Las cinco, pese a ser colindantes, en los mismos municipios de Cimanes y Villadangos y promovidas por la misma empresa, no se han tramitado como una unidad, y de este modo su autorización ambiental y energética no ha recaído en la administración estatal sino en la autonómica, en la Junta. Y ésta ha rechazado las últimas alegaciones en contra presentadas por propietarios de suelo afectados que se negaban a firmar con la empresa una cesión de los terrenos y que igualmente están en contra de ver expropiadas sus posesiones.
Los dos casos y sus cifras
Según la publicación en el Boletín, en el caso de Valtarafón, un macroparque diseñado para ocupar 78,4 hectáreas de terreno para instalar 93.420 placas fotovoltaicas, la empresa disponía de 54 parcelas por acuerdos previos, un total de casi 609.000 metros cuadrados. Le faltaban otras 21 fincas, 211.309 metros, para completar sus necesidades y la Junta les autoriza ahora iniciar la expropiación forzosa de esas 21 parcelas al declarar la “utilidad pública” del proyecto.
En el caso de Roteles, esta otra gran planta se diseña en 88,61 hectáreas para colocar 93.196 paneles solares. Aquí necesitaban 236 parcelas y consiguieron acuerdos previos con los dueños de 168 de ellas, 490.470 metros cuadrados. Ahora, con la 'bendición' de la Junta, podrán disponer de las restantes 83 fincas y sus 217.712 metros vía expropiación. Parece razonable esperar que en los casos aún pendientes de las plantas fotovoltaicas 'hermanas' de El Monte, La Llanada y La Fenera ocurrirá pronto lo mismo.
El BOP publica con detalle los propietarios afectados por ahora, sus nombres y características de sus fincas, y la Junta de Castilla y León determina que con esto se pone fin a la vía administrativa, por lo que ahora ya sólo queda la opción de interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Energía y Minas, y posteriormente, si esto tampoco prospera, ya se aboca a la judicialización de cada caso por vía de contencioso.
Una batería de argumentos en contra
Algunos de los propietarios afectados despliegaron innumerables argumentos ante la Junta para impedir que autorizaran las expropiaciones. Por ejemplo, que la ubicación de las plantas era “únicamente por el interés económico, de mayor rentabilidad, del promotor de esta”, y “no responde a criterios de eficiencia energética, ni eficiencia tecnológica, ni menor impacto ambiental, ni mayores beneficios sociales”. También que la empresa “incumplió el compromiso de aportar la documentación acreditativa de acuerdo con todos los propietarios”, incluso deslizando que “quizás falsificó documento público”, según se recoge literalmente en el Boletín. Alegaron igualmente que “este procedimiento no ha respetado los principios de objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación”. Y reclamaban “que se respete la propiedad privada, a fin de poder seguir dedicando la finca a la agricultura, en la explotación familiar”.
En otros casos, los afectados aseguraban textualmente que “estamos ante un claro fraccionamiento o fragmentación de proyectos que contradice la normativa aplicable, dado que se promueven numerosos proyectos de modo separado artificialmente”. También aportaron un listado de presuntos incumplimientos de la declaración de impacto ambiental otorgada años atrás, así como adujeron la “caducidad de los permisos de acceso y conexión concedidos”.
La Junta, sin embargo, aseguró que estaba acreditado que el promotor contestó formalmente a todas las alegaciones, que la superficie a expropiar es inferior al 50% que marca la normativa y que acreditó tanto los acuerdos previos con los demás titulares como el resto de documentos oficiales exigidos.
También, como ha contestado siempre esta administración cuando se habla de fragmentación de proyectos energéticos, se arropa en el silencio del Ministerio para asegurar que no se trata de un único proyecto pero fragmentado en varios. Y “no se observa colisión entre el proyecto” con el visto bueno ambiental “y la normativa en vigor”. Motivos por los que Industria rechaza toda alegación y da el visto bueno final a la expropiación.
Un prometido blindaje de cultivos que llega tarde
Cabe recordar que hace escasas semanas que el consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció en las Cortes de Castilla y León que se impondrían nuevas restricciones para los promotores de plantas tanto solares como eólicas, blindando específicamente los terrenos aptos para el cultivo. “Estamos estudiando una modificación de este Decreto-ley para ampliar otros ámbitos de protección en el ámbito agrícola”, afirmó de manera literal el consejero en el Parlamento. Es evidente que esta modificación llega ya muy tarde para casos ya autorizados como éstos del entorno del polígono industrial de Villadangos o zonas del Órbigo, entre otras, tal y como también han criticado algunos sindicatos agrarios sin mucho éxito.
Al hilo de estas informaciones, el consejero Quiónes ha justificado hoy estos cambios de criterios, garantizando que se cumplen los preceptos que dictan los procesos de declaración de impacto ambiental, como puede leerse en esta información.