El Gobierno contrata nuevas mediciones en León para seguir el impacto del 'robo del agua' de la Variante de Pajares para el AVE
El Gobierno, a través de la empresa pública Tragsa, quiere poner al día y analizar con el paso de los años hasta qué punto perduran o se han corregido los graves efectos de la chapuza histórica que para el medio ambiente supuso la ejecución de la Variante de Pajares para unir por AVE León y Asturias. Se trata de saber qué ha sido en 2026 del 'robo del agua' de inmensas magnitudes que hace dos décadas provocó que al horadar los 50 kilómetros bajo la Cordillera Cantábrica se pincharan los acuíferos de la Montaña Centra leonesa. Una situación que provocó un trasvase ilegal que llegó a verter hacia Asturias 10.600 millones de litros anuales, cantidad equivalente al abastecimiento de una ciudad de 200.000 habitantes para todo un año. Eso desecó fuentes y arroyos, ríos y prados. Incluso grifos.
Los pueblos afectados, unidos como David frente a Goliat por la Asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, dedicaron años de lucha para que el Ministerio hoy de Transición Ecológica aceptara en 2017 modificar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras de la chapucera variante ferroviaria, a los efectos de acometer las compensaciones que fueran necesarias. Los primeros contratos y estudios se materializaron en 2018 y poco antes de abrirse al tráfico la línea de alta velocidad, en 2023, el Gobierno insistió en corregir y compensar los desperfectos causados.
Ahora, sin hacer ninguna publicidad de ello, Tragsa ha impulsado tres contratos de estudios ambientales para poner al día el impacto que aquella construcción dejó sobre acuíferos, manantiales, aguas superficiales y hábitats sensibles de la Montaña Central leonesa.
Tres bioindicadores
La actuación pretende actualizar los datos de los informes elaborados en 2018 sobre los efectos hidrológicos y ambientales de la variante, una obra de 25 kilómetros de túneles de ida y otros tantos de vuelta que tardaron 20 años y consumieron 4.000 millones de euros, cerca de la mitad de ellos de sobrecoste. El nuevo proyecto tiene como objetivo determinar si la obra sigue alterando la dependencia de determinados hábitats respecto a los recursos hídricos subterráneos y también de la superficie. Para ello, los estudios se han dividido en tres (análisis de pastos, de turberas y de hábitats riparios). Son los bioindicadores del estado ecológico de la zona y de las posibles afecciones que dejó la ejecución de la infraestructura ferroviaria.
Una amplia zona de análisis
El ámbito de actuación se sitúa en el norte de la provincia de León hasta el límite con Asturias. Afecta sobre todo a los municipios de Villamanín y La Pola de Gordón, con una pequeña incursión en Sena de Luna. Por delimitarla, la zona se extiende desde la estación de esquí asturiana de Pajares, en Brañilín, al norte; sigue el cauce del río Bernesga y la carretera N-630 por el este; alcanza Huergas de Gordón por el sur, y llega hasta el entorno del embalse de Casares por el oeste.
En total, según la documentación, la superficie analizada ronda las 16.194 hectáreas y está incluida íntegramente en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. de hecho, es casi la mitad de su área total, representa el 48,52%. Además, coincide en buena parte con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Montaña Central de León, con 7.533 hectáreas, y en menor medida con la ZEC Valle de San Emiliano.
Los contratos se dividieron en tres lotes. El primero, dedicado a los pastos y prados de interés comunitario, debía evaluar su biomasa, productividad y estado de conservación con una perspectiva histórica desde el año 2000. Este lote, sin embargo, es el único que ha quedado desierto por ahora. Tenía un valor estimado de 38.720 euros y su falta de adjudicación deja pendiente una parte relevante de la evaluación ambiental exigida por la DIA. La administración deberá decidir si abre un nuevo proceso para garantizar que este análisis se ejecute finalmente.
Los otros dos lotes sí han sido adjudicados por Tragsa a la misma empresa, la asturiana Biosfera Consultoría Medioambiental SL. El Lote 2 se centra en las turberas, hábitats clave en el ciclo del agua por su capacidad para acumular materia orgánica, y prevé el seguimiento de su composición florística y ensayos de laboratorio de turba y agua. El Lote 3 analizará los hábitats riparios, es decir, la vegetación de ribera, para valorar su conectividad, regeneración natural y estado ecológico.
Casi 100.000 euros
El valor estimado total de los tres contratos asciende a 96.800 euros con impuestos y el plazo previsto de ejecución es de diez meses, a contar desde que consta la formalización de los mismos, el pasado 18 de junio de 2026.
Estos contratos de Tragsa son los que mencionó como solución hace algunos meses el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, cuando preguntado en Pleno aseguró que el trasvase legal a Asturias de 11.000 litros de agua por segundo “se ha reducido a la cuarta parte y cada vez se reduce más”, a pesar de defender la lógica de que los túneles “no pueden ser estancos”. Se refería entonces a la imposibilidad material de poner en marcha una de las soluciones exigidas: el bombeo de retorno del agua desde Asturias hacia la Montaña de León.
Del resultado de los nuevos informes oficiales, una última foto fija de la situación, se desprenderá si más de un cuarto de siglo después de comenzar las titánicas obras del AVE desde Asturias a la meseta, a través de la provincia leonesa, la zona sufre aún una herida en su recurso natural más preciado, el agua, y si hay más medidas que adoptar aún para reponer la situación a los pueblos afectados.
