León arde otro verano sin que Diputación ni Junta cumplan con sus compromisos contra los incendios forestales a tiempo
La provincia de León sigue siendo, como es habitual, la más afectada por los incendios forestales sin que parezca que un año después de vivir la mayor tragedia ambiental de su historia, con 135.000 hectáreas arrasadas, se haya aprendido demasiado. Según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León a 3 de julio del 2026 se habían quemado desde el 1 de enero 1880,79 hectáras, del total de 3.001, 92 hectáreas de toda la comunidad autónoma. Es decir el 62% de todo lo quemado ha sido en la provincia leonesa.
Y en estas cifras no se contemplan todavía los efectos de los 18 incendios que arrasaron a finales de junio la comarca del Bierzo, que según cifras de la Junta de Castilla y León han arrasado unas 1.600 hectáreas, incluyendo el primer gran incendio forestal del año, el de Congosto, que calcinó entre 500 y 600 hectáras. La Junta todavía no lo suma de manera oficial en sus partes. Siguiendo por la gravedad están los incendios de Pradela, en Trabadelo con 150 hectáreas de arbolado y 200 hectáreas de matorral quemadas, un total de 350 hectáreas arrasadas. Al de Vega de Valcarce le atribuyen 250 hectáreas de matorral quemadas.
Con unos incendios más tempranos de lo esperado lo cierto es que además el operativo desplegado por la Junta de Castilla y León no ha sido completado casi tres semanas después de iniciarse la temporada alta de riesgo de incendios, que comenzó el 12 de junio. De los cinco helicópteros comprometidos para la provincia de León este año solo hay tres, con dos pendientes, y tampoco están completadas las brigadas operativas ni la vigilancia en torres, según fuentes sindicales.
Cuando se ha preguntado a la nueva dirección de incendios de la Junta de Castilla y León por la situación las evasivas sin concreción han sido la respuesta más allá de asegurar que hay medios disponibles para afrontar los incendios y que se completará lo prometido.
En la oleada de incendios simultáneos en El Bierzo se tuvieron que enviar efectivos todos los días de otras provincias, además de desplegar los medios del Ministerio para la Transición Ecológica. A modo de anécdota un bullodocer tuvo que desplazarse desde Tordesillas (Valladolid) hasta el que se desató en Torneros de la Valdería, una zona gravemente ya afectada el año pasado.
El retraso de la maquinaria de la Diputación
Pero donde tampoco se cumple lo prometido en plazo es en la Diputación de León, que ha comunicado este viernes 3 de julio que licita por 1,9 millones la adquisición de maquinaria para la prevención de incendios forestales. Lo que no explican es que el proceso lo iniciaron ya el pasado mes de abril, tal y como contó ILEÓN en esta información, acumulando entonces cinco meses de retraso desde que la Junta de Castilla y León les soltó ese dinero para comprar maquinaria.
Mientras la institución leonesa, gobernada por PSOE y UPL, habla de cofinanciación lo cierto es que el importe del contrato se corresponde de manera íntegra con el dinero aprobado en noviembre por la Junta de Castilla y León. Y lo peor es el retraso en el que llegará la maquinaria, si es que finalmente hay adjudicación cuyo plazo no termina hasta mediados de julio. Este contrato tiene un periodo máximo de ejecución de noviembre del 2026, cuando ya habrá pasado la temporada alta de incendios forestales que acaba con el mes de octubre.
Estos fondos para comprar maquinaria fueron parte de la estrategia desplegada por la Junta de Castilla y León y Alfonso Fernández Mañueco para mitigar las críticas por las más de 135.000 hectáreas arrasadas el año pasado en la provincia leonesa, en la que pactó con la Diputaciones hacer 'anillos de seguridad' alrededor de los pueblos, algo que también se está llevando a cabro con retraso. Hasta mediado de mayo la Diputación no otorgó una subvención a los ayuntamientos para elaborar sus obligatorios planes de emergencia, por lo que no estarán disponibles este verano.
En contraste con la Diputación de León está el funcionamiento de la de Barcelona, gobernada por una coalición del PSC y Esquerra, que incluso cuenta con un diputado delegado de Prevención de Incendios y Gestión Forestal de forma específica. La institución catalana cuenta con una Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario, una unidad creada el 1996 “y especializada en el análisis y el diseño de estrategias de prevención de los incendios, restauración y mejora forestal y desarrollo agrario”.
La institución catalana aprueba cada año un plan específico de acción contra el fuego en la provincia barcelonesa y presta asesoramiento a los municipios de menos de 20.000 habitantes en esta materia. El de este año, que lleva nada menos que 30 ediciones, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y contempla el despliegue por la provincia barcelonesa de 89 efectivos dedicados a vigilar en el horario de máximo riesgo, entre las 13 h y las 20 h, las zonas de mayor riesgo y los espacios naturales. También, desde mayo, un equipo de 5 ingenieros e ingenieras de la Diputación de Barcelona está de guardia hasta septiembre para apoyar a los ayuntamientos en caso de incendio forestal importante.
Además desarrollan campañas informativas como la de este año 'Foc es foc', haciendo un llamamiento a la ciudadanía en la prevención y autoprotección frente a los incendios forestales. Una situación que deja en evidencia distintas formas de gestionar pese a tener las mismas competencias.
