Ecologistas y vecinos de Puente Castro denuncian que la mega planta de calor de León nace con oscurantismo

Ya resuenan las primeras y muy críticas voces contra el macroproyecto de planta energética y red de calor anunciados mano a mano por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León para la capital leonesa en el barrio de Puente Castro, en la que se resaltaron 85 millones de inversión para aunar combustión por biomasa, hidrógeno 'verde', biogas de residuos orgánicos y una planta de placas solares.

De momento, se han unido en esas primeras críticas por un lado la organización de Ecologistas en Acción y por otro la Asociación de Vecinos Aljama del barrio de puente Castro en el que se pretende ejecutar la nueva macro planta energética, después de los fracasos en su implantación en el barrio de Eras de Renueva en el año 2015, en los de Cantamilanos y La Inmaculada en 2016 y en Navatejera (Villaquilambre) entre los años 2017 y 2019, recuerdan ambas organizaciones.

Y esas censuras ya iniciales se basan en principio en el oscurantismo que ya dicen observar desde las primeras tramitaciones, resaltando así una “falta de transparencia” . De hecho, ya han elevado ante el Procurador del Común una queja formal ante “la imposibilidad de conocer los acuerdos adoptados por el Pleno el 30 de septiembre, con los que se inició la tramitación de un proyecto” en el Ayuntamiento de León, aseguran en una nota de prensa conjunta.

Recuerdan que los terrenos elegidos por la Junta y el Consistorio leonés irán junto al cementerio municipal de León, en las fincas rústicas conocidas como Arrabal de Puente Castro y Soto de Santa Olaja, por lindar con este pueblo, Santa Olaja de la Ribera, perteneciente ya al vecino municipio de Villaturiel. Su alcalde, Valentín Martínez (UPL) también asegura estar todavía esperando algun tipo de documentación para valorar el proyecto.

Según Ecologistas y la asociación vecinal, el hecho de que se retrase durante meses la publicación de los acuerdos plenarios en León -los últimos son de junio- “supone un obstáculo al ejercicio efectivo de los derechos a la información y a la participación ciudadana”.

Por eso, ante la Comisión de Transparencia del defensor del pueblo autonómico, así como ante el propio Ayuntamiento, reclaman saber detalles del expediente como las referencias catastrales o la situación actual de las parcelas elegidas, así como clasificación urbanística de todos los terrenos, que sumarían la friolera de 22 hectáreas, según detallaron en septiembre el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el alcalde José Antonio Diez.

Aparte de este seguimiento técnico, las responsables de Ecologistas, Ángeles Murciego, y de la asociación vecinal, Flory Fernández Castro, ven un futuro y potencial riesgo en las dimensiones de la planta, en la potencia energética anunciada, que sumaría muy poco menos de 100 MW:  75 megavatios de combustión de material forestal, otros 10 MW de bioetanol obtenido de la fracción de basuras orgánicas y agrícolas, 5 más de quema de nitrógeno verde y finalmente 7,5 que sumarían los 85.000 metros cuadrados de placas solares fotovoltaicas alrededor de las demás plantas.

Las portavoces ya indican que “dada la gran cantidad de combustible que necesita una instalación de 75 MW de potencia como la que se propone, cabe la posibilidad de que, en momentos de escasez, se utilicen combustibles derivados de residuos en sustitución de la biomasa forestal”, lo que creen que podría “aumentar la toxicidad de las emisiones a la atmósfera”. Algo que Suárez-Quiñones y Diez descartaban en la presentación por el uso, defendieron, de las últimas y más seguras tecnologías.

Y el último grado de preocupación vecinal y conservacionista se ciñe al protagonismo esencial que en el desarrollo de la mega planta y la red de calor tendrá la empresa pública Somacyl, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, que recuerdan que “fue acusada de presunta malversación en proyectos como la pasarela de Benavente o el edificio ”Perla Negra“ de Arroyo de la Encomienda, por citar los casos más conocidos”. “Antecedentes”, malician, que a prioro les hace “pensar que nos encontramos ante otro proyecto especulativo con el que desviar dinero público a las empresas adjudicatarias vinculadas a Somacyl”.